Los hermanos Anglés vuelven a topar con la Justicia

El juicio contra tres hermanos del presunto asesino de las niñas de Alcàsser, Carlos, Mauricio y Roberto, se celebró ayer en la Ciudad de la Justicia de Valencia sin la comparecencia del principal testigo de la causa. El hombre que sufrió las agresiones y amenazas de muerte, David R. J., estaba citado para declarar el primero, pero no acudió a la vista porque tiene en vigor una orden de busca y captura por traficar con cocaína.

Los tres delincuentes, que renunciaron al apellido Anglés hace años tras un cambio de nombre en el Registro Civil, y un cuarto procesado se enfrentan a penas de entre cinco y doce años de prisión por los delitos de extorsión, lesiones, tenencia ilícita de armas y contra la salud pública.

Los cuatro acusados se negaron a contestar las preguntas de la fiscal y solo respondieron a varias cuestiones planteadas por el abogado Juan Carlos Navarro, que ejerce la defensa, para negar los delitos de extorsión, lesiones y tráfico de drogas. Según el Ministerio Público, el 21 de diciembre de 2017, los cuatro hombres abordaron en la casa de uno de ellos en Massanassa a David R. para recriminarle el robo de 500.000 euros que Carlos M. ocultaba en un Ferrari. Cuando la víctima negó la acusación, Roberto M. le amenazó con una pistola y una jeringuilla, y Mauricio M. le intimidó con una pistola eléctrica.

Poco después, los individuos propinaron patadas y puñetazos a David para obligarle a acompañarles a una notaría de Benetússer, donde firmó la cesión del 40% de las acciones que poseía de una gasolinera a favor de Carlos, según el escrito de acusación. La Policía Nacional arrestó a los cuatro hombres tras la denuncia que presentó el presunto narcotraficante.

Sin embargo, los cuatro procesados negaron los hechos y solo Carlos reconoció que compró la pistola porque tenía miedo de que le robaran la recaudación de su gasolinera, como ya sucedió una vez. El más pequeño de los hermanos afronta una responsabilidad penal aumentada por los delitos de tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas, ya que la policía intervino hachís, heroína y una pistola Glock en su casa. Carlos declaró que los 78 gramos de hachís «eran para consumo propio», y de la heroína señaló que la guardaba en un altillo de su dormitorio porque le administraba las dosis a su hermano Roberto.

«Es un toxicómano y no quería que consumiera toda la droga en un día», aseguró. También afirmó que era socio del denunciante y que había acordado con él que le cediera sus acciones de la gasolinera, porque este último se había desentendido del negocio. «Llegamos un poco a las manos pero nada», aseveró el procesado, aunque volvió a negar las amenazas.

La defensa pidió la absolución para los cuatro acusados de los delitos de extorsión, lesiones y contra la salud publica, y sólo admitió la tenencia ilícita de armas con una solicitud de condena de un año de prisión para Carlos. El letrado recordó que la víctima se retractó de su denuncia días después en un escrito enviado al juzgado, renunció a ejercer la acción penal y calificó los hechos de «desavenencias de índole societaria por un malentendido».