Última hora del caso de las niñas de Aguilar de Campoo

Los representantes legales de las familias de las niñas de Aguilar de Campoo han presentado ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo la demanda por su desaparición, ocurrida hace más de 30 años, después de que el Tribunal Constitucional rechazara hace unos meses reabrir la causa.

Ya entonces, los representantes legales de las familias de Virginia Guerrero y Manuela Torres, desaparecidas en abril de 1992, anunciaron la presentación de esta demanda, que han hecho efectiva este miércoles.

Al respecto, han explicado que la demanda se produce ante la negativa del Tribunal Constitucional de admitir a trámite el recurso presentado por las familias en octubre de 2022 para reabrir la causa, que fue resuelto casi un año después, y con ella «sigue abierta la esperanza» de que se siga investigando lo ocurrido.

A Virgina Guerrero y Manuela Torres se les perdió la pista el 23 de abril de 1992, cuando tenían 14 y 13 años y regresaban de una fiesta en Reinosa, donde fueron vistas en una discoteca, en el Parque Cupido, y luego a la altura de una fábrica de galletas donde hacían auto stop.

Según testigos presenciales, ambas subieron a un vehículo SEAT 127 color blanco o claro, y esa fue la última noticia que se tuvo de ellas.

La investigación se reabrió hace dos veranos, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Cervera de Pisuerga a raíz de la denuncia de una mujer en un programa de televisión, pero tras diferentes pesquisas la causa se volvió a cerrar meses después.

La Audiencia Provincial de Palencia confirmó el archivo y los abogados de las familias de las niñas presentaron recurso de amparo ante el Constitucional, al entender que el auto que ratificaba el sobreseimiento provisional de la causa vulneraba derechos fundamentales -la tutela judicial efectiva-, al igual que resoluciones previas del Juzgado de Instrucción.

También pedían al máximo órgano encargado de interpretar la Constitución Española en nuestro país que tuviera en cuenta la problemática con las personas desparecidas y la «laguna» de jurisprudencia que hay en la materia.

El TC era «la única vía» que les quedaba en España y, conscientes de la dificultad de que se admitiera este recurso -el Constitucional rechaza la mayoría de los que se interponen-, ya habían avanzado en el momento de presentarlo que, en ese caso, acudirían a Estrasburgo.

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