«Mi única opción era quebrantar el arresto en casa para ir a por comida»

La vida para él se convirtió en una carrera de obstáculos. Fue uno de los grandes afectados de la crisis del 2008. «Perdí mi trabajo en una empresa de limpieza y sólo encontré empleos puntuales», narra V. G.

Pero con la ayuda de su familia, el hombre veía la luz al final del túnel. Nació en un barrio obrero de Valencia y le estaban ayudando a comprarse un piso, pero una de sus primas cayó enferma. Y el dinero que habían ahorrado entre todos fue destinado para su recuperación. Pero ese 2021 comenzó su odisea. «Dormía en casas de gente conocida de mi barrio», recuerda V. G. Hasta que ya agotó el tiempo de quedarse en sofás ajenos y tuvo que estar una corta temporada durmiendo en la calle. «Mendigaba para que me dieran un euro para poder comprar un cartón de leche».

Le condenaron por un hurto. Aunque prefiere avergonzado entrar en detalles. Se siente avergonzado. Al tratarse de un delito leve le condenaron a pagar una multa pero, como era insolvente, tuvo que pasar 14 días en arresto domiciliario. Ahora vive en una habitación de un piso compartido que le han facilitado desde Servicios Sociales. Pero aun así, los pocos ahorros que conseguía cuidando de personas mayores no eran suficientes para permitirse comprar su comida. «Cuando la Policía vino a comprobar que estaba en casa había bajado a la Fundación que me da la comida. No la traen a domicilio y si no iba a por ella no tenía nada que comer», confiesa.

Pero aquello se volvió en su contra. En otras ocasiones en las que los agentes se personaron en su domicilio, él estaba tendiendo la ropa en el terrado como explica. «Desde allí no podía oír el timbre. Además, no tenía un teléfono al que me pudieran llamar porque había tenido que empeñarlo para ganar algo de dinero», cuenta con la voz entrecortada.

Todavía recuerda cómo se sintió cuando recibió la carta en la que le acusaban de haber quebrantado su condena. Por este delito, la Fiscalía le solicita pagar una multa de 15 meses con una cuota diaria de 10 euros. Lo que se traduce en 4.500 euros de los que no dispone. Y, si no puede pagar ninguna de las cuotas, tendrá que estar 150 días en prisión, como adelantó en exclusiva LAS PROVINCIAS.

Según alega su defensa, todo por querer comer. «Al principio me sentía triste, solo, indefenso. Ahora quiero creer que ni los policías ni la Fiscalía sabían la situación en la que me encuentro de indigencia y que no tenía otra opción que quebrantar el arresto domiciliario para ir a por comida a la ONG». Por fin, las cosas le están yendo a mejor. Trabaja como pintor y mantiene la fe en que la Justicia sea comprensiva con su caso.

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