Valencianos como Daniel Sancho: 38 presos en 13 países

El condenado a cadena perpetua por el asesinato del cirujano Edwyn Arrieta es uno de los seis españoles que permanecen presos en Tailandia. Pero junto a Daniel Sancho hay también un castellonense. En su caso, no es un crimen, sino una acusación de tráfico de drogas lo que le mantiene entre rejas mientras su familia se desvive por ayudarle en la distancia.

«No es un delincuente habitual. Es un hijo de clase media que ahora espera juicio en condiciones muy similares a las que va a encontrarse Daniel Sancho». Así lo expone Javier Casado, director de la Fundación +34, organización humanitaria que presta apoyo a reclusos españoles no implicados en delitos sexuales o de sangre.

Hace un año, en 2023, había 908 españoles cumpliendo condena en 69 países diferentes. De ellos, 23 eran valencianos. Hoy, un año después, la cifra ha aumentado: son 987 los españoles y, entre ellos, hay 38 procedentes de la Comunitat.

Hay presencia valenciana entre barrotes de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Francia, Hungría, Indonesia, Tailandia, Italia, Marruecos, Perú, Reino Unido, República Dominicana y Venezuela. El director de Fundación +34 viaja por todo el planeta prestando auxilio a estos reclusos, volcándose en crear vínculos con sus familiares y protegerles en lo posible.

El perfil es el de un hombre de entre 30 y 40 años detenido por tráfico de drogas a pequeña escala: la 'mula', como se conoce al que viaja con alijos de droga en su equipaje a cambio de una recompensa. «Son gente de clase media venida a menos. El consumo de estupefacientes o la necesidad económica son las dos principales causas» por las que aceptan servir a las organizaciones de narcotráfico. Si sale bien, se enriquecen. Si sale mal, el infierno en vida.

Entre las cárceles más duras donde hoy malviven reclusos valencianos, el experto señala la de Salemba, en Yakarta (Indonesia), la de Sarita Colonia, en Lima y la de Vitoria, en Santo Domingo. El problema común es el hacinamiento. «Hace que enfermedades como la tuberculosis campen a sus anchas y fomenta una violencia en muchos casos extrema», describe Casado.

Hoy hay valencianos en la cárcel de Sarita Colina, en el Callao, un penal previsto para 750 internos donde realmente sobreviven como pueden unos 3.000. «Muchos duermen en las escaleras por falta de espacio. La salubridad es imposible. Y son usuales los brotes de tuberculosis. Además, la sobrepoblación hace que la seguridad recaiga en los propios internos», relata Casado. Es decir, cada cual salva su pellejo. Bien en solitario o en pandillas de reclusos. Una jungla carcelaria.

Los barrotes de la prisión de Vitoria también encierran a reos de nuestra región. Es la cárcel con más internos de la República Dominicana y allí la violencia entre bandas es diaria. «Los machetes, navajas e incluso armas de fuego están en prácticamente todos los pabellones», advierte.

El valenciano Fernando Crespo Cotte permanece encarcelado en Salemba. Un tribunal le condenó en 2019 a 16 años de cárcel por traficar con 1,4 kilogramos de metanfetamina. Se la jugó a cara o cruz en un país que contempla la pena de muerte para estos delitos. Tenía que entregar la droga a un iraní, pero la operación se torció para ellos.

Fue en el aeropuerto internacional Soekarno, cuando Fernando pasaba su equipaje por un control con rayos X. Había recogido la metanfetamina en Kuala Lumpur e iba a reunirse con el receptor en un hotel de Bandung, a 150 kilómetros al este de Yakarta. Según los jueces, el valenciano admitió haber recibido 2.000 euros por trasladar el estupefaciente. Antes del juicio, el hombre, divorciado y sin hijos, explicó a EFE sus motivos: «Me empujaron la crisis y la falta de ayudas sociales».

Fernando ve pasar sus días en un penitenciario «con más del doble de su capacidad y unas temperaturas extremas, por lo que las condiciones sanitarias son lamentables», describe Casado. Además, la falta de comida y alimentos es constante. De hecho, son los familiares de los internos quienes les llevan sustento. Fernando ha perdido más de 20 kilos y se enfrenta a la soledad de la barrera del idioma. «Allí nadie habla español entre los internos. La comunicación es muy difícil», anota.

Mario, de 27 años, prefiere este seudónimo para preservar su identidad. Reside en Castellón y en 2023 pasó cuatro meses «infernales» en dos cárceles rumanas. La Policía LSD durante un viaje a Rumanía con un colectivo que organiza fiestas 'rave'.

«Mi colega y yo compramos cartones para consumir entre seis. A mí me incautaron 160», recuerda. Primero pasó dos meses y medio en calabozos judiciales». Era «algo terrible», desgrana: «Unos 20 metros cuadrados, tres camas, una sola mesa con una silla, un grifo para beber de la pared y un simple agujero en el suelo para todo: necesidades, lavar platos, ropa...».

Allí convivió con otros reclusos rumanos. «Me hicieron sentir arropado, pero había policías que te hacían la vida imposible. Gritos, empujones…». Mario enfermó de sarna, pues «era un lugar infecto». Después acabó en otra prisión «aún peor», en una celda «compartida con seis personas en literas». Aquello era «estrechísimo» y «sólo nos sacaban una hora al día para un corto paseo». Mario mataba el tiempo con ajedrez, lectura o charlas con sus compañeros de celda: homicidas, violadores, ladrones o acusados de trata de seres humanos.

Su juicio se celebró en noviembre. Le pedían 21 años de cárcel, pero la mediación de su abogado valenciano, Juan Molpeceres, permitió rescatarle de aquel pozo. «Fue a por la mínima pena y lo logramos. Como no tenía antecedentes, se quedó en tres años de libertad vigilada cumpliendo la pena en España», detalla el castellonense.

Según el letrado, los gastos para las familias se disparan: «Por la necesidad de pagar a dos abogados, el de aquí y el del país de encarcelamiento». A eso se suman «los viajes». ¿Apoyos de la Administración? «En estos casos he recibido apoyo moral, pero no de otro tipo».

 

Daniel Manero y Marta Magraner tenían 42 y 27 años, residían en Llíria y vivieron su infierno en 2007. Se fueron de viaje de novios a Madagascar. Su error fue incorporar a su equipaje de regreso 48 tortugas de dos especies protegidas en el país africano. «Las compramos a unos niños en una playa y no sabíamos que era ilegal», expresaron.

El 7 de julio fueron arrestados en el aeropuerto de la capital y acabaron «en celdas de apenas seis metros cuadrados» tras ser condenados a un año de cárcel por exportación ilícita de especies. En aquel penitenciario se hacinaban alrededor de 1.500 reclusos. «Compartíamos mazmorras con 17 presos y ratas que campaban a sus anchas».

Daniel inició una huelga de hambre. Permanecieron cuatro meses en estas condiciones hasta que se acordó su traslado a un convento religioso para culminar su condena con trabajos en beneficio de la comunidad. Ya de vuelta a Valencia lanzaron esta reflexión: «En aquella prisión llegamos a desear morir. Piensas que sólo volverás cuando repatríen tu cadáver».

«Lamentamos informar de la muerte del prisionero Pascual Fort Molla el 1 de marzo de 2013, mientras recibía tratamiento». La muerte. Así comunicó la justicia de Kenia el final de un vecino de Alcàsser de 52 años. Nueve meses antes, en agosto, había sido arrestado con 10 kilos de cocaína tras aterrizar en el aeropuerto de Nairobi en un vuelo procedente de Brasil que hizo escala en Ghana.

«La maleta es mía, pero el contenido, no. La ropa que metí en la maleta en Sao Paulo no ha aparecido», llegó a exponer en su defensa. Su declaración no valió de nada. La droga, valorada en 400.000 euros, estaba oculta entre 18 sábanas y fue uno de los mayores alijos interceptados en el país.

El juicio se celebró en febrero. Kenia castiga duramente el narcotráfico y el valenciano se enfrentaba a cadena perpetua y a una multa inasumible de 1,2 millones de euros, tres veces el valor de la droga. Su abogado pidió la libertad bajo fianza por su delicado estado de salud, con un grave problema de retención de líquidos. Pero no se le concedió y sus días acabaron en el hospital.

El abogado valenciano Vicente Ibor, diputado del ICAV, ha defendido a una decena de presos valencianos en Marruecos, Portugal, Estados Unidos, Colombia o China, algunos «con condenas largas de hasta 15 años de cárcel», recuerda.

Constata Ibor la «gran diferencia» de penas para un mismo delito según qué países. «En Marruecos, el doble que en España por tráfico de hachís». Su defendido en China, por ejemplo, acabó condenado a 10 años de prisión por una estafa que aquí se hubiera saldado con «no más de tres años». Y añade «las escasas garantías sobre la presunción de inocencia» de algunas naciones.

En el país norteafricano defendió a un transportista valenciano al que le intervinieron hachís en la carga. «Recibió una condena de nueve años de cárcel, pero logramos traerlo al cabo de tres apelando a acuerdos entre ambos países», detalla el letrado. También defiende a un recluso valenciano en Portugal, acusado de varios robos. «Es un país consolidado en seguridad jurídica, pero con muchas carencias todavía en sus cárceles y beneficios penitenciarios», describe.

Estos presos «necesitan más apoyos de las administraciones. Han delinquido, pero siguen siendo humanos», razona Ibor. La sociedad tiende a pensar aquello de 'ellos se lo han buscado' «y se les olvida, pero no perdamos la perspectiva: son conciudadanos y, ante todo, son personas». Urge el abogado «más apoyo, tanto nacional como autonómico, un mejor enlace con las familias afectadas o algo que sería muy útil: una oficina regional de atención a presos en el extranjero».

¿Qué ayudas presta el Gobierno a los presos en el extranjero? Además de la mediación consular y la información a los familiares, España contempla unos apoyos económicos para la subsistencia de los presos en las cárceles más 'duras' del planeta, detallan fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Estas ayudas «varían en función de la situación personal dentro de la prisión» y no exceden de 120 euros mensuales, «hasta un máximo anual de 1.440 euros». Sólo si hay menores conviviendo con la persona encarcelada se elevan hasta los 200 euros mensuales, con un tope anual de 2.400 euros.

Se entregan a todos los españoles internados en el extranjero, «bien por sentencia firme o en espera de juicio, cuando las condiciones de los centros no sean equiparables a las de las prisiones españolas en alimentación, disposición de productos básicos como medicinas o artículos de higiene y abrigo». Así lo recoge la orden que regula estas ayudas. Además, los reclusos españoles «podrán solicitar la concesión de una ayuda individual extraordinaria, en circunstancias puntuales, para atender necesidades concretas no cubiertas».

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