La ruina obligará a derribar más de 150 viviendas públicas en el Cabanyal

Si los pactos políticos prosperan y el tripartito forma gobierno municipal en Valencia, es público que el primer barrio en el que se fijarán será el Cabanyal, con el propósito de convertirlo en el símbolo del mandato. La derogación del plan que incluye la prolongación de Blasco Ibáñez irá en el orden del día del primer pleno y empezará un programa de rehabilitación, a la espera de aprobar el nuevo documento.

Esa es la hoja de ruta, aunque no será tan fácil como parece. Para empezar está la cuestión del parque de viviendas comprado en los últimos 15 años por el Ayuntamiento y la Generalitat, en su mayor parte adquiridos para derribarlos, abrir nuevas calles y promover equipamientos públicos.

Entre las dos instituciones compraron alrededor de 590 viviendas, plantas bajas y antiguos talleres. Parte de esas propiedades han desaparecido al ser demolidas, sobre todo en la zona de la calle San Pedro y Luis Despuig, aunque otras se quedaron en trámites de derribo por la paralización del plan en 2010.

Del medio millar que se encuentra en esta situación, algo más de 150 están en «muy mal estado de conservación», indicaron fuentes conocedoras del proceso, por lo que sólo cabe el derribo al encontrarse en ruina económica, es decir, que cuesta más rehabilitar el inmueble que su valor de mercado.

La primera decisión del futuro gobierno municipal será qué hacer con esas viviendas. Sobre esto, fuentes del grupo socialista indicaron que la premisa sobre la que pretenden trabajar, siempre que el 13 de junio salga del hemiciclo un gobierno tripartito con Compromís y València en Comú, es actuar primero en los edificios protegidos.

Con esto se refieren al listado incluido en el Plan General, que en 1988 fijó unas normas urbanísticas provisionales para el Cabanyal, para dejar diferida la solución definitiva. Con ese documento se pretende trabajar hasta la aprobación definitiva del nuevo proyecto para el barrio.

Pese a la anulación del plan promovido por el PP, la legalidad de las actuaciones quedaría amparada por el Plan General. Así lo entendió ayer Gloria Tello, concejala electa de Compromís y miembro de la plataforma vecinal Salvem el Cabanyal, contraria a la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar.

Una vez resuelto el problema de los inmuebles protegidos tocaría entrar en el resto. «Si un edificio está en muy mal estado habrá que tirarlo, para construir en la parcela las alturas que fija el Plan General», comentaron desde el PSPV.

Esto podría cambiar en el caso de las propiedades públicas. «Podría servir para un equipamiento público o un jardín, pero eso habrá que verlo con detalle», precisaron las mismas fuentes. «La tipología modal son las dos alturas (planta baja y una altura), por eso incluso donde hay edificios de más alturas en el planeamiento de desarrollo se dejaba como fuera de ordenación para una vez acabada su vida útil reconstruir solo con dos alturas», precisaron sobre el Plan General.

Otro requisito es mantener la alineación, es decir, la «famosa trama urbana», mientras que por último el documento aprobado en 1988 «también tiene un catálogo de toda la ciudad que habría que respetar, incluso reconstruyendo las protegidas que han derribado estos años como la Casa de la palmera o la torre mirador».

Hay otras cuestiones por definir y que pueden entrar en el debate, como la opción a los antiguos propietarios de que recuperen las viviendas. En realidad no hay obligación por parte del Ayuntamiento, dado que no se ha producido ninguna expropiación salvo en los últimos casos, aunque es otra variable que entrará en la ecuación para desatascar la rehabilitación del barrio.

A preguntas de LAS PROVINCIAS, en los citados grupos no son proclives a aprovechar el plan urbanístico gestado por los populares, aunque «hay unidades de ejecución que se pueden mantener sin ningún problema porque están alejadas de la zona de la prolongación», comentaron fuentes municipales.

Aunque la premisa citada es la de la alineación de los edificios para mantener la trama. Otro caso son los grandes bloques aislados, como es el caso del conocido como Ruiz Jarabo, donde una parte de las viviendas son públicas. El estado de conservación es tan malo que no se descarta su demolición.

La empresa pública encargada de gestionar el plan se ha dedicado los últimos cinco años, desde la paralización del plan tras el proceso abierto por el Ministerio de Cultura, a intentar mantener el parque de viviendas. Los técnicos han hecho revisiones periódicas, para tapiar puertas y ventanas cuando se han detectado saqueos y ocupaciones ilegales.

Varios casos han terminado en los juzgados, en procesos farragosos para forzar el desalojo. Esta situación de degradación urbanística ha sido uno de los motivos de críticas de los vecinos los últimos años.

Pese a las victorias en las últimas citas, el PP no consiguió el pasado domingo quedar por encima del resto de partidos y fue sobrepasado por Compromís. Por último, fuentes del tripartito indicaron que se pedirá al Gobierno la anulación de la revisión del plan, pese a la «tentación de seguir para que rechacen el plan de Barberá, que es lo que harían».