La explosión de la falla Azcárraga se cierra con el pago de 1,1 millones a los afectados

Casi una década después de que la explosión de una furgoneta cargada de material pirotécnico dejará 17 heridos, 300 perjudicados con desperfectos en viviendas, plantas bajas o vehículos y la sensación de que se había vivido un milagro por la ausencia de más daños personales, el estallido vivido en la calle Azcárraga de Valencia tuvo ayer su último episodio judicial. Tras vivirse en 2014 el archivo penal del caso, cuando la Audiencia de Valencia confirmó la absolución del expresidente de la falla Azcarraga y del pirotécnico a los que la Fiscalía pedía penas de prisión por delitos de lesiones y daños, el juzgado de primera instancia número 11 de Valencia constató ayer el colofón de las 19 demandas civiles presentadas para reclamar indemnizaciones. El caso se cierra después de que los perjudicados y las aseguradoras llegaran a un acuerdo y aceptaran estas el pago de 1,1 millones, como confirmaron fuentes jurídicas.

La cifra de indemnización solicitada superaba inicialmente los 1,2 millones, pero el pacto alcanzado finalmente entre las diferentes partes incluía una rebaja del 10% en la cantidad a abonar por las aseguradoras. El primer paso para el cierre judicial del caso se dio ya a mediados de noviembre. Entonces, en 13 de los procesos civiles la negociación entre aseguradoras y afectados culminó ya con un pacto. En aquel primer escalón de los pleitos civiles se abonaron 887.000 euros a responsables de edificios, vehículos y comercios como principales bienes afectados, tal y como ya publicó LAS PROVINCIAS.

Algo más de 300.000 euros en daños quedaron en disputa, los pertenecientes a otras seis demandas. La media docena de demandas se acumularon en una sola causa en el juzgado número 11 de Valencia. En dicho órgano se celebró una audiencia en noviembre para tratar de alcanzar un acuerdo entre las partes. Pero este no se produjo. El juzgado emplazó de nuevo a las aseguradoras y afectados por resarcir a una vista a celebrar ayer. En dicho tiempo, las partes tenían que intentar alcanzar un pacto que dé por completamente zanjado el caso, lo que finalmente se ha producido.

En 2012 el juzgado ya absolvió penalmente al entonces presidente de la comisión Azcárraga, Antonio Badía, y al pirotécnico encargado del espectáculo, Bernardino Peris. El juez consideró que no se produjo una vulneración de la normativa de seguridad. Tampoco se cometió una infracción del «deber de cuidado», es decir, que ninguno de ellos pudo percatarse del peligro que suponía la furgoneta estacionada con material pirotécnico en la calle Azcárraga de la capital.