Los agentes comerciales, también atrapados en los accesos a Ciutat Vella

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valencia, María José Catalá, se ha reunido con el Colegio Oficial de Agentes Comerciales, encabezados por su presidente, Carlos Requena, para abordar los problemas de movilidad y de acceso al centro de la ciudad que sufren estos profesionales, la mayoría de ellos, autónomos.

«Nos han trasladado su preocupación por la implantación de la APR en Ciutat Vella. Están viendo cómo el nivel de trabajo y su volumen de negocio les ha bajado considerablemente, especialmente en el centro histórico, por los problemas de accesibilidad» ha explicado Catalá.

El sistema Área de Prioridad Residencial (APR) consiste en cinco accesos de la parte norte de Ciutat Vella controlados con cámaras de reconocimiento de matrículas. El Ayuntamiento maneja una base de datos con los autorizados y multa al resto. Se implantó en diciembre de 2021 y ya se han recaudado 1,7 millones de euros en sanciones.

Entre los requisitos para estar en la base de datos está el de «empresas que presten servicios» en la zona acotada de Ciutat Vella, lo que más se parece a la figura de un agente comercial, aunque se requieren otras condiciones como que verifiquen «para cada vehículo del que ostenten la disponibilidad legal o acreditación de uso. Se deberá estar dado de alta en el impuesto de actividades económicas. Se deberá contar con título habilitante para el funcionamiento. Se deberá contar, si se requiere, con autorización administrativa de transporte, según lo regulado en la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres», se indica en la normativa.

«Un gobierno responsable no puede estar poniendo trabas a los trabajadores que necesitan desarrollar su actividad profesional para ganarse un sueldo. Por ello, volvemos a exigir a Ribó que rectifique inmediatamente con la APR porque está perjudicando a residentes y trabajadores», ha añadido.

En este sentido, el Partido Popular presenta ese lunes una moción a la Comisión de Urbanismo y Movilidad donde se vuelve a exigir que se suspenda la aplicación del régimen sancionador regulado en el APR de Ciutat Vella Nord hasta que se alcance un consenso amplio con todos los sectores afectados y se dejen sin efecto las multas impuestas y que ascienden ya a más de 177.300.

En caso de no aceptarse los dos puntos anteriores, el Partido Popular pide en la moción que se autorice el acceso a la APR Ciutat Vella Nord en horario comercial a los profesionales y agentes comerciales, colegiados y dados de alta, a través de la expedición de los correspondientes pases anuales y renovables.

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