Los alcaldes reivindican los 5.000 millones prometidos por el Gobierno

Alcaldes de 32 municipios y pertenecientes a 14 partidos políticos se reunirán este martes vía telemática para analizar las últimas decisiones del Gobierno sobre el uso de los remanentes de los Ayuntamientos, así como de la anulación este ejercicio de la regla de gasto (el tope que pueden asumir de gasto corriente). Una de las primeras reivindicaciones será exigir al Ejecutivo de Pedro Sánchez que cumpla el compromiso de un fondo de 5.000 millones de euros para compensar la caída de ingresos y los gastos impropios a los que han tenido que hacer frente las arcas locales en estos tiempos de la pandemia.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, será uno de los participantes en el encuentro, cuya primera vez fue duramente criticada por el PSPV al considerar que se trataba de una maniobra del Partido Popular para impedir la propuesta del Gobierno sobre los remanentes. Como se sabe, el Ejecutivo de Sánchez no logró la mayoría en el Congreso y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tuvo que cambiar de estrategia.

La última decisión fue anular la regla de gasto, aunque quedan todavía muchas cuestiones pendientes. Tan lejos como esta tarde, Unidas Podemos reclamaba a Montero que extienda la medida al ejercicio de 2021. Pero lo que más preocupa en el entorno del alcalde Ribó es que el Gobierno incumpla la promesa del fondo de 5.000 millones.

La primera petición que hará Ribó en el encuentro será que el reparto del dinero tenga un criterio poblacional, además de que ese fondo no esté ligado a una decisión definitiva sobre el remanente. Sólo en los Ayuntamientos valencianos, esta cantidad asciende a 1.675 millones, mientras que el total de España alcanza los 16.727 millones de euros. El Consistorio de Valencia tiene una partida de 36 millones.

Esos 5.000 millones, consideraron las mismas fuentes, deben servir entre otros cometidos para ayudar a paliar los resultados catastróficos de las empresas públicas de transporte. En el caso de la EMT, la previsión es que acabe el año con pérdidas de 27 millones de euros.

Madrid y Barcelona sí que lograron cuantiosas ayudas del Ministerio de Transportes a cuenta de organismos autónomos, lo que no ocurrió en el caso valenciano. Cuando se conoció la suspensión de la regla de gasto, el pasado día 14, el alcalde Ribó dijo que la rectificación del Gobierno estaba «muy bien, pero tiene que venir acompañada del diálogo y la participación de los ayuntamientos», al señalar que la propuesta era claramente «insuficiente».

Entre los motivos, indicaron fuentes cercanas al primer edil que se sigue «condicionando el gasto de los superávits a la denominadas inversiones financieramente sostenibles, algo muy limitado para los ayuntamientos, que ante una situación como la generada por la pandemia, necesitan hacer frente a las necesidades urgentes en el ámbito de lo social y lo económico».

También reclamó entonces ampliar la suspensión de la regla de gasto a 2021, así como derogar la Ley Montoro y acabar con este corsé para los Ayuntamientos. «Tenemos nuestros propios ahorros -nuestros remanentes-, y el gobierno debería permitir que los usáramos para hacer frente a la crisis generada por el Covid-19», finalizaron.