Dos años de dudas en la EMT

Hace dos años, una convocatoria urgente al filo de las 13 horas dinamitaba por completo lo que era hasta el momento una tranquila semana para los periodistas de la ciudad. Comparecían, de forma un poco acelerada, Josep Enric Garcia Alemany, gerente de la EMT; y una persona que en su momento nadie conocía pero que resultó ser Salvador Vila, letrado del consejo de administración de la empresa. Ninguno de ellos sigue hoy en el cargo. Lo que desvelaron en esa comparecencia, que terminó con Vila llevándose a rastras a Garcia Alemany para que no diera más datos, puso en jaque el Gobierno municipal: habían desaparecido 4,04 millones de euros de las arcas de la empresa. La madeja se fue desenredando mes tras mes, pero aún hoy, dos años después, varias preguntas siguen sin respuesta, mientras juzgados y distintas agencias y tribunales intentan discernir quién tiene la culpa de lo ocurrido en aquellos 20 días de septiembre.

Dos años han pasado ya desde aquel día, en el que el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, salió a dar una rueda de prensa por la tarde en la que llegó a decir incluso que una banda de hackers había pirateado su cuenta de correo electrónico de la empresa. Mucha confusión en esas primeras horas y enfado en las posteriores, en las que Grezzi incluso amenazó con irse al grupo mixto del Consistorio si Compromís le obligaba a dimitir, como pedían voces del partido. Desde entonces se han sucedido declaraciones, plenos, comparecencias, comisiones... elijan el sustantivo que defina a una aparición pública que quieran. Ha hablado todo el mundo pero nadie parece tener la verdad absoluta.

La última piedra en el camino de Grezzi, que dejó caer a Garcia Alemany, hombre de su entera confianza, y a María Rayón, jefa de Gestión de la entidad, tras las conclusiones de la comisión de investigación que capitaneó el PSPV, llegó la pasada semana. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha reabierto el caso que en su momento cerró y que pretendía investigar si había habido una brecha de seguridad en la empresa que hubiera puesto en peligro la integridad de datos personales. Conviene recordar que la directiva despedida de forma fulminante tras el fraude (hace, de hecho, dos años y cinco días) envió los DNI de sus superiores a los ladrones creyendo que lo hacía a un abogado que contaba con el beneplácito de Grezzi. Una denuncia del PP, en la que se aportaron informes internos y uno de la Agencia Valenciana Antifraude, motivó la reapertura del caso: la empresa se expone ahora a un apercibimiento por parte de la entidad; no habrá sanción al ser empresa pública.

Es el primer avance en varias semanas en el maremágnum de procesos judiciales o administrativos que se siguen contra la empresa por aspectos relacionados con el fraude. Este mes, el pasado día 14, expiró el plazo para que la EMT presentara la querella que requiere el Tribunal de Cuentas para continuar con la investigación que se sigue en el seno del mismo contra Celia Zafra, a la que el tribunal considera responsable del robo y a quien pide los 4 millones de euros. Según ha podido saber este diario, esa querella no ha llegado aún a la investigada, pero fuentes conocedoras del «complejo» funcionamiento del Tribunal de Cuentas apuntan que puede llegar en próximas fechas.

También se está a la espera de que el Tribunal Supremo admita a trámite el recurso presentado por los abogados de Zafra para exigir una indemnización por su despido de la empresa. Después de que el juzgado de primera instancia le diera la razón, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se la dio a la empresa, pero la trabajadora ha recurrido. Parado está, asimismo, todo lo relacionado con la investigación penal, el gran fleco que queda pendiente. El tema cayó en el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que tiene un atasco que varios letrados aseguran no haber visto «en varias décadas de trabajo». Desde el envío de comisiones rogatorias a Kenia, Israel o Irlanda, que todavía no han vuelto, no ha habido ningún avance y la investigación, en la que, de nuevo, Zafra es la única implicada, está totalmente paralizada. Del avance de estos tres frentes podrían salir respuestas a las grandes dudas que, dos años después, todavía rodean el caso.