Antifraude reclama más información sobre los contratos de la Plaza del Ayuntamiento de Valencia

En total, se trata de cerca de una veintena de adjudicaciones sin concurso que suman más de 240.000 euros y que se han hecho desde diferentes departamentos de la administración municipal desde 2015.

Además, La Paisatgeria, es una empresa ligada a la directora general de Vivienda, Elena Azcárraga. La Paisatgeria también recibió otros tres contratos: elaboración de un proceso participativo de espacio público y movilidad para el barrio del Botànic, que terminó con la actuación en el entorno del mercado de Rojas Clemente, un estudio de movilidad en centros escolares y otro titulado «Dinamización del trabajo de las mesas sectoriales de la movilidad para elaborar un documento de conclusiones a fin de desarrollar la nueva ordenanza de movilidad», con valor de poco más de 7.000 euros. Todos se adjudicaron sin concurso abierto.

Antifraude, el pasado mes de abril prorrogó la investigación por la extención y la complejidad de toda la documentación de este caso, con lo que vio necesaria la ampliación de las indagaciones.

Ahora, según ha comunicado el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Valencia, Antifraude reclama más infromación. En concreto, sobre los contratos adjudicados a este estudio.

Las indagaciones previas motivaron que se ampliar la investigación a otras siete personas al hallar indicios «razonables de veracidad» en la denuncia presentada en su momento que pedía indagar en los famosos contratos menores otorgados a La Paisatgeria para la remodelación de la plaza del Ayuntamiento por la peatonalización provisional.

Tal como indicó la resolución de Antifraude, se investiga «la posible existencia de determinadas irregularidades cometidas en relación con determinados contratos realizados por varias áreas del Ayuntamiento de Valencia y la Empresa Municipal de Transportes». El órgano constata la creación «de una sociedad civil profesional denominada 'La Paisatgeria, S. C. P' por parte de cuatro personas físicas».

Antifraude apunta por ello que esta entidad y sus creadores «han sido adjudicatarias desde 2015 de diversas contrataciones, mediante la modalidad de contratación menor, promovidas tanto por el Ayuntamiento, en diferentes departamentos de la acción administrativa municipal, como por la EMT».

La agencia asegura que esta situación «puede haber dado lugar a la existencia de conductas» que afectaran al mercado mediante el acuerdo ilícito para favorecer a determinadas mercantiles. Esto se haría, asegura la agencia, vulnerando la libre concurrencia. «De los hechos referidos, se comprueba existencia de indicios razonables de veracidad», termina el informe de Antifraude.