La Agencia Antifraude obliga al Ayuntamiento de Valencia a retirarle la plaza a un funcionario

A la espera de ver si el Ayuntamiento de Valencia lo enarbola de igual manera que lo hizo con el de la EMT, el nuevo informe de la Agencia Valenciana Antifraude es demoledor para el tripartito. La entidad, creada por la Generalitat, obliga al Consistorio a anular el procedimiento por el cual se adjudicó una plaza de jefe de servicio en la concejalía de Pueblos al considerar que no se podían tener en cuenta los méritos y una entrevista para el cómputo total del concurso. La resolución, trasladada al Ayuntamiento la pasada semana, llega a raíz de una denuncia del grupo municipal popular. El Consistorio acaba de informar que no piensa rehacer el concurso porque todo se hizo con acuerdo a la ley y porque el tribunal que otorgó la plaza está formado por funcionarios y no por miembros del equipo de Gobierno.

La cuestión se remonta a 2017, cuando el Consistorio comienza a preparar un concurso para una plaza de ingeniero técnico agrícola como jefe de servicio en la concejalía de Pueblos que dirige Consol Castillo. Según la Agencia Antifraude, en las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local «no se hace mención expresa y específica a la valoración« de méritos y entrevista, lo que finalmente le terminó de dar la plaza al funcionario en cuestión. Según el informe, la persona beneficiaria del concurso recibió 40,72 puntos de la valoración de antigüedad, nivel, formación y desempeño en un puesto igual o superior, lo que la colocó la segunda. Sin embargo, fue esa valoración de la entrevista y la memoria lo que le dio 31 puntos, más que los otros tres candidatos, y la que finalmente le terminó de otorgar el puesto.

El documento señala que la valoración de un mérito específico «supone no aplicar el Baremo General Común aprobado por el Ayuntamiento y, por tanto, prescindir total y absolutamente del procedimiento establecido para la selección del candidato y adjudicación del puesto». «La valoración y puntuación asignada a un candidato de un mérito específico para la adjudicación de un puesto de trabajo supone lesionar los derechos de los restantes candidatos, así como adquirir derechos careciendo de los requisitos esenciales para su adquisición«, señala la Agencia. Se da la circunstancia, además, tal como explicaron ayer desde el PP, de que el funcionario viene de Godella, donde ocupaba una plaza que ahora es propiedad de la esposa de un concejal de Compromís en esa localidad, cuya alcaldesa es la esposa, a su vez, de un asesor del mismo partido en el Ayuntamiento de Valencia.

Por su parte, fuentes municipales han insistido en que todo el procedimiento «ha sido validado por el Servicio de Personal y el Secretario del área de personal, y en todo momento se ha regido por lo negociado y acordado por unanimidad con los sindicatos en la Mesa General de Negociación». «Además, el tribunal que evalúa el concurso de méritos de los aspirantes está formado exclusivamente por personal funcionario del Ayuntamiento de Valencia, en ningún caso ningún miembro del equipo de gobierno ha participado en la evaluación, porque sería contrario a ley«, insisten las mismas fuentes.

El Ayuntamiento asegura en las bases del puesto de trabajo ya se pedía a los aspirantes una memoria, «que no se puede evaluar sin una entrevista», señalan. Aunque en la convocatoria del puesto no se hace mención a esa entrevista, explican que siempre que se pide una memoria se cuenta también ese encuentro con los aspirantes. «No es que se decidió a posteriori hacer memoria y entrevista, como dice el PP. Es que en la propia convocatoria ya se pedía. Además, hay que decir que siempre en el Ayuntamiento, con este gobierno y con el anterior, los puestos de jefes de sección cuando se han provisto por concurso, se ha pedido memoria y entrevista«, indican desde el Consistorio: »Con el gobierno anterior, también había una entrevista y una memoria para evaluar el concurso de jefes de sección«.

«El servicio de personal y la secretaría del área no comparten el criterio de la Agencia Antifraude y no admiten la petición de anulación del concurso. Obviamente, desde la concejalía de Personal apoyamos esta visión técnica, como no puede ser de otra manera», explican desde el Ayuntamiento, que recuerda que ningún aspirante impugnó ningún acto admimistrativo «y ahora el plazo de impugnación ha finalizado«. »Por lo tanto, la adjudicación de la plaza es firme y consentida por todos los aspirantes«, insisten.

Para Eusebio Monzó, hay «más casos de flagrante enchufismo», y ha recordado que en julio de 2017 el concejal Pere Fuset hizo una convocatoria «a medida» para una persona en el servicio de Cultura Festiva. Alfonso Novo, por su parte, ha destacado que «las cosas se están haciendo mal, lo dice la propia Agencia diseñada por ellos», y ha cuestionado que en tres años se hayan dedicado a «colocar a afines y militantes» de Compromís, de lo que esto es «un botón de muestra».