Los asuntos pendientes del Ayuntamiento de Valencia

La crisis abierta entre Compromís y el PSPV sobre la ampliación del Puerto ha sido este mes la antesala de un año decisivo para dicha infraestructura. Mientras los primeros insisten en una nueva declaración de impacto ambiental, lo que supondría el retraso de las obras y su posible paralización, los segundos dejan en manos de los técnicos de Fomento esa decisión. La cuestion enrarece el gobierno municipal, pero también la imagen de la ciudad de cara a empresas que quieran invertir.

Parecía que todo iba a ir rodado en el barrio marinero para el actual gobierno municipal tras años de complicidad con las asociaciones vecinales contrarias a la prolongación de Blasco Ibáñez. La realidad no ha sido tan bondadosa y el año ha acabado con protestas en la calle por la inseguridad ciudadana, los problemas de convivencia y el retraso en la regeneración del barrio, sobre todo en materia de promoción de vivienda pública.

Una de las críticas habituales este mandato ha sido la baja ejecución de las inversiones de todas las concejalías. En el pleno del pasado día 20, el alcalde Ribó aseguró que ya se habían reconocido 62,4 millones, una cifra superior a la de cualquier ejercicio del último mandato del PP, pero inferior a los años bajo su gobierno.

Que la falta de limpieza sea considerado por los vecinos de Valencia un problema mayor que el desempleo dice mucho del calibre de un «marrón» que tiene el Ayuntamiento entre las manos. Este mismo viernes, el concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, avanzó los cambios en la recogida para mejorar las cifras de la recogida selectiva, además de promover el civismo con una campaña de concienciación. Los dos servicios aprueban, pero no deja de ser llamativo que con 75 millones de euros, el presupuesto más alto de la historia para este cometido, no se haya logrado reducir la mala imagen de una ciudad sucia, sea por vandalismo o por la ineficacia de la estrategia municipal.

Acabar el Parque Central cuesta 3.100 millones de euros , millón arriba o abajo. Esa es la última cifra dada por el Ministerio de Fomento y refleja en cierto modo los años que quedan para que los valencianos puedan disfrutar de una infraestructura esencial para la conexión de los barrios del sur con el centro de la ciudad. La segunda fase, el llamado canal de acceso, está acordado y en redacción de proyecto, pero la inestabilidad del Gobierno no ayuda a acelerar las obras pendientes. En 2020 deberían darse pasos decisivos para prolongar el túnel.

Primero fue la noticia del fraude cometido contra la EMT que ha costado cuatro millones de euros. Después la relación laboral entre el secretario de la empresa y el cuñado del alcalde Ribó, lo que llevó a la salida del primero por dimisión. El 'annus horribilis' del primer edil con estos asuntos sólo puede compararse al que ha tenido su concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi. Los dos asuntos no están cerrados ni mucho menos, a la espera de la investigación judicial.

Los 11,7 millones que costará la remodelación de la plaza de la Reina y el aparcamiento subterráneo que alberga son sólo la primera parte de un mandato donde también se espera la reforma de las plazas Ciudad de Brujas y la del Mercat. Los comerciantes no querían que coincidieron por los problemas de tráfico y transporte público que generarán, aunque el retraso en la tramitación de la primera obra ha tenido la culpa de un 2020 complicado en el centro.

La concejalía de Protección Ciudadana ha repartido ya el borrador de la fallida ordenanza de civismo del pasado mandato, con el propósito de que 2020 sea el año en el que el Consistorio tenga una herramienta útil contra los actos de vandalismo y los daños que causa el botellón, entre otras utilidades. Las sanciones de los menores de edad serán responsabilidad de los padres, por ejemplo, y también se contemplan trabajos comunitarios. Cualquier idea es buena para reducir la mala imagen de la ciudad, sobre todo en fechas de gran concentración de público.

La Asociación de Promotores Inmobiliarios habla de un retraso medio que va desde los 13 a los 15 meses desde que se presenta un proyecto hasta que se obtienen los permisos de obra en Valencia. La realidad es que la actividad inmobiliaria va como un tiro con decenas de grúas en la periferia de la ciudad, sobre todo alrededor del bulevar sur, sin que hayan cesado las críticas por los permisos tanto de obras como de actividades. Un decreto de la Generalitat que se aprobará en 2020 promete acabar con ese problema al derivar trámites a empresas privadas. Hasta que eso suceda, los empresarios tendrán que confiar en la suerte de que su expediente no se guarde en un cajón.

Un estadio de fútbol y un pabellón de baloncesto. Esas son las dos tareas pendientes de la ciudad, donde el Ayuntamiento tiene mucho que decir. El nuevo Mestalla y el recinto del Valencia Basket están en línea de salida para que las obras se inicien los próximos meses.

Colchones, carritos de supermercado repletos de enseres y mantas son imagen habitual en algunas zonas de Valencia, donde la mendicidad afecta a un millar de personas, según un estudio realizado por el Ayuntamiento. La peor cara de la sociedad se ve por las noches en el centro, tanto en jardines como junto a edificios públicos, sin que de momento haya solución a corto plazo.

La Marina de Valencia ha dejado atrás la paralización que sufrió tras la Copa América de vela, agravada por el final del Gran Premio de Fórmula 1. Ahora ha recuperado velocidad en actividades y afluencia de público, así como en el alquiler de las instalaciones y amarres. Aún así, la losa de la enorme deuda obstaculiza cualquier desarrollo de importancia. El Gobierno se ha comprometido a condonarla, pero para ello deben aprobarse los Presupuestos y eso no tiene plazos.