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Una nueva auditoría, referente en este caso a 2022, ha alertado del grave nivel de descontrol financiero y económico que hay en la EMT; una empresa en quiebra técnica que necesita cada año más de 130 millones de euros del Ayuntamiento para subsistir. El ... informe desvela al menos un trabajador que cobra 4.000 euros más que Ximo Puig, que la empresa paga 110 euros al año a cualquier jubilado o que no hay ningún tipo de vigilancia sobre las dietas de viaje o alojamiento. El documento insiste en que la empresa debe desvelar quién compone los tribunales de oposiciones y que ha habido casos en los que los contratos adjudicados se han empezado a prestar antes de la adjudicación del mismo.
Además, la auditoría revela que en algunos contratos menores, como en el caso de uno para formación de incendios, el importe final llega a triplicar el original, al pasar de 1.310 euros declarados a 5.240 gastados. En este sentido, uno de los contratos menores es muy llamativo en el caso de una empresa dirigida por partidos de izquierda: la EMT contrató, en 2022, por 14.750 euros unos estudios biomecánicos «para conocer objetivamente si los trabajadores con patologías osteomusculares están magnificando el dolor que le causa la baja». Además, ese contrato incluía un estudio para objetivar una simulación de ansiedad o depresión. Lo hizo, además, teniendo médicos en plantilla que, a juicio del auditor, podían llevar a cabo esos trabajos.
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La auditoría también desvela que la Agencia Tributaria tiene abierta una investigación para comprobar el impuesto de sociedades de la compañía del ejercicio 2018. Al mismo tiempo, se apunta que aún sigue pendiente el pago de la multa de 10,6 millones de euros interpuesta por la Agencia Tributaria por el IVA en los ejercicios de 2016 y 2017, que el Ayuntamiento ha recurrido al menos en dos ocasiones.
El documento explica que el pasado 22 de febrero «se recibió comunicación de actuaciones de comprobación por parte de la Agencia Tributaria del Impuesto de sociedades del ejercicio 2018, en relación con las bases imponibles negativas de los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015 sobre el impuesto de sociedades». La EMT, eso sí, »no prevé que se deriven pasivos contingentes significativos como consecuencia de dichas comprobaciones».
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Además, la auditoría recuerda la sanción impuesta a la EMT en 2021 por valor de 10,6 millones, un dinero que la sociedad «mantiene provisionado» pero que aún no ha pagado porque ha recurrido. La multa de la Agencia Tributaria se le unen otras de la Inspección de Trabajo que ya superan los 600.000 euros. La última que ha interpuesto Trabajo es una sanción de 75.000 euros por una infracción calificada de muy grave por una cesión ilegal de trabajadores. En concreto por la externalización del servicio de repostaje de los autobuses.
La auditoría en la gestión entre otras recomendaciones advierte que la «EMT no debería recurrir a la utilización de los contratos menores para cubrir los desfases temporales existentes entre los momentos en que un contrato no menor haya finalizado y se formalice otro nuevo con el mismo objeto. Estas incidencias deben necesariamente ser previstas y planificarse con una adecuada gestión económica y contractual».
También se recomienda «efectuar un mayor seguimiento de la ejecución y finalización de los expedientes de contratación, por medio del responsable del contrato, especialmente en el caso de que se supere el coste aprobado en la adjudicación, consideramos que se debería establecer un procedimiento especifico en el cual se determine la justificación del exceso, cuándo se va aceptar o no, y la correspondiente aprobación del responsable del contrato y el órgano de contratación».
El concejal del PP Carlos Mundina ha señalado que no es la primera vez que la Agencia Tributaria o la Inspección de Trabajo ha puesto el foco sobre la EMT. Ha explicado que Compromís y PSPV no pueden estar ya un minuto más al frente de la EMT. «Son ya muchas las chapuzas cometidas y que tienen consecuencias. Primero el robo de más de 4 millones de euros de las cuentas que siguen sin ser recuperados tres años después. Luego el incendio de las cocheras donde ardieron más de 26 autobuses con pérdidas millonarias porque los hidrantes no funcionaban y ahora las multas de la Agencia Tributaria y de la Inspección de Trabajo», ha recopilado Mundina.
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