El regreso de los okupas al barrio de Torrefiel de Valencia

El tormento empezó hace seis días. El pasado sábado 29 de junio los okupas accedieron de manera ilegal al interior de la finca a través del garaje, dado que la puerta principal se encontraba tapiada con hormigón. Sin embargo, no fue hasta la tarde del domingo cuando, de golpe y porrazo, la calle Berni i Català se inundó de manifestantes convocados por el Sindicat d'Habitatge, un colectivo defensor de la ocupación ilegal de viviendas y contrario a la proliferación de los pisos turísticos en Valencia. De hecho, los protestantes montaron una algarabía considerable con megáfonos y altavoces además de colgar una pancarta en la fachada del edificio y encender varias bengalas. Los vecinos, tras darse cuenta de lo que sucedía, avisaron a la policía. Se personó en el lugar un coche patrulla que se marchó al poco rato para jolgorio de los okupas y sus partidarios. «Se reían de ellos», lamentan los residentes.

Una vez se hizo efectiva la ocupación ilegal, los miembros de la asociación trataron de convencer a los vecinos de que su presencia en la finca era fruto de una acción reivindicativa contra un fondo buitre en la que se iban a alojar 14 familias. Los residentes del barrio recibieron insultos y descalificaciones por defender que el bloque tenía dueño y que ellos no eran partidarios de allanar las viviendas de su interior. Las mismas fuentes aseguran que el legítimo propietario acudió a la zona para presentar la documentación que lo acreditaba como titular del inmueble. En ese momento se montó una trifulca en la que los partidarios de la ocupación intentaron agredir a un vecino que estaba paseando al perro para evitar que este grabara con el móvil lo que sucedía.

La historia del bloque número 6 de la calle Berni i Català se remonta a 2012, cuando sufrió la primera ocupación ilegal. Por aquel entonces el edificio sí era propiedad de un banco, sin embargo en la actualidad su titular es un particular. Tal y como manifiestan los residentes del barrio de Torrefiel, el interior de la finca se encuentra destrozado y desvalijado hasta tal punto que se rumoreaba que iba a costar más arreglarla que derribar y edificar: «Se llevaron el ascensor a trozos por la parte de atrás», comentan algunos vecinos sobre los anteriores inquilinos ilegales. El proceso de desalojamiento tuvo una duración de tres años y medio y se teme que se repita una demora similar: «La justicia apoya a los okupas, no puede ser. Esto se ha denunciado, ¿cómo es que no hay nadie aquí?», critican.

Sin embargo, el pasado martes la tensión y el miedo volvieron a recrudecerse todavía más con la presencia de la comitiva judicial en el lugar de de los hechos para hacer entrega del expediente. Uno de los miembros del grupo que había emprendido la ocupación ilegal permanecía pegado a su teléfono móvil vigilando la zona desde una de las esquinas de la calle. En el momento en que los representantes del juzgado entraron a hablar con los okupas, el improvisado vigía dio la voz de alarma y, al poco rato, empezaron a acudir a la carrera una treintena de integrantes del colectivo sindical para boicotear la acción de la justicia.

Acto seguido, el sonido de las sirenas de un vehículo policial inundaron el ambiente y los tres agentes de la patrulla se hicieron también con el informe. Según ha podido saber este diario, en la jornada en la que se produjo la visita de las autoridades, únicamente se encontraba un piso ocupado en todo el edificio. En el interior de mismo sólo se identificó a dos hombres de unos cuarenta años de edad y no había rastro de las 14 familias alegadas por los manifestantes.