«Vivo en una furgoneta porque una okupa me ha echado de mi casa»

José Ignacio se ha levantado temprano a pesar de que es su día libre en el trabajo. Sabe que no ha descansado mucho, pero las pocas horas de sueño que ha podido conciliar forman parte del calvario que está sufriendo a lo largo de estos últimos meses: «El cuerpo se acostumbra a vivir en malas condiciones, pero la cabeza es lo que realmente no te deja vivir en paz». Sin embargo, esta mañana la situación a la que él mismo define como «traumática», ha empeorado más si cabe tras haberse dado cuenta de que su 'casa' pierde gasoil. La caravana que se ha convertido en su nuevo hogar tenía una fuga de combustible por lo que le ha tocado ir al taller a repararla. «Si no llegan a tener la pieza, ¿dónde hubiera dormido esta noche?», se pregunta mientras sonríe irónicamente.

Los escasos metros cuadrados del interior del vehículo se han vuelto un microcosmos, no apto para claustrofóbicos, del que cada vez le resulta más difícil escapar y en el que ha llegado a tiritar de frío y no sabe si podrá pegar ojo con la llegada del calor. Lejos le quedan ya a José Ignacio los 'amplios' 102 metros cuadrados y cuatro habitaciones de su piso okupado por la que era su arrendataria, una vivienda a la que no ha podido volver tras la ruptura con su expareja sentimental en enero. Al residir juntos en casa de ella, José Ignacio decidió alquilarle su inmueble a «una persona conocida» al tratarse de la hija de sus vecinos del piso de arriba.

El propietario puntualiza que su inquilina se retrasaba de más en los pagos, cosa que a José Ignacio le daba igual mientras esta desembolsara la cantidad acordada. La arrendataria dejó de pagar a finales del verano pasado aportando cada vez una razón diferente para incumplir el contrato: acoso laboral, depresión, impagos de la pensión por parte de su expareja... José Ignacio no niega que su inquilina se encontrara en una situación complicada, pero argumenta que deben ser las instituciones quienes le presten ayuda. La incredulidad que genera su historia no ha pasado desapercibida para los medios de comunicación que rápidamente se hicieron eco de la noticia. De hecho, hace unas semanas se viralizó el intento de boicot a base de amenazas que le profirió el padre de la ocupante ilegal durante una conexión en directo de una cadena televisiva de alcance nacional.

El proceso judicial está inmerso en su fase decisiva desde que fuera admitido a trámite en noviembre. Por ahora, el magistrado ha condenado en primera instancia a su 'inquiokupa', aunque ha dejado la puerta abierta a que esta alegue su situación de vulnerabilidad, ventana que la mujer ha aprovechado para forzarle a él a esgrimir su calidad de persona vulnerable, y demorar todavía más la sentencia definitiva que la obligue a salir de la vivienda.

Sin embargo, la cosa no termina ahí puesto que José Ignacio tiene pendiente una operación de rodilla al tener diagnosticado una rotura tanto del ligamento cruzado y del menisco: «¿Cómo puedo hacer el postoperatorio en una furgoneta?». «Son intocables y encima hay quienes les asesoran», lamenta este valenciano que se autodefine como «descreído» ante las soluciones planteadas por los actores políticos. «No puedo ser optimista de cara a recuperar mi casa estando en la calle. Esto me ha cambiado la percepción moral de la vida», sentencia.

«Mi hermana, que vive a más de 300 kilómetros de Valencia, se puso a llorar cuando vino a verme y a mi tía de 90 años le preocupa mucho mi situación», cuenta José Ignacio que, en la otra cara de la moneda, agradece el apoyo que le han prestado instituciones y servicios como el Ayuntamiento de Mislata así como otras personas que le han ofrecido sus casas para que pudiera instalarse. Esta noche la volverá a pasar en vela y en paradero desconocido para evitar posibles amenazas, solo, en el interior de la furgoneta plagada de dibujos de sus sobrinos y de artículos relacionados con el Valencia Club de Fútbol, el equipo de sus amores, mientras susurra: «No hay derecho, no lo hay...».

La Plataforma de Afectados por la Ocupación estima que hay entre 80 y 85.000 ocupaciones ilegales en España cada año. La asociación aporta una cifra aproximada basándose en el número de denuncias por allanamientos de morada y usurpación de bienes inmuebles por parte del Ministerio del Interior cada año dado que no existen datos oficiales sobre el reciente fenómeno de la 'inquiokupación'. «El 75% de los afectados que tenemos en nuestra entidad son por los impagos de sus inquilinos», comenta Ricardo Bravo sobre la alta proporción de que tres de cada cuatro propietarios asociados sufran la permanencia ilegal de personas en sus viviendas tras negarse a abonar el importe del alquiler a sus arrendadores.