El Ayuntamiento busca una alternativa al bus turístico tras una sentencia del Supremo que liberaliza el sector

El motivo es que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la prestación del servicio de autobuses de transporte turístico en su modalidad «hop on-hop off» (subir y bajar, en castellano) constituye una actividad económica que ha de poder desarrollarse en régimen de libre concurrencia, sin perjuicio de su sujeción a autorización y a limitaciones o restricciones por parte de los ayuntamientos, que deben ser proporcionadas y lo menos restrictivas o distorsionadoras para dicha actividad económica.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Eduardo Calvo, concluye que los autobuses 'hop on-hop off», como modalidad de transporte que contempla unas rutas turísticas que cuentan con horarios, frecuencias de paso y una serie de paradas en los que los usuarios suben y bajan de los autobuses a discreción, no participa de la naturaleza de «servicio público» ni constituye un «servicio de interés público», de acuerdo a la normativa europea y a la Ley de Economía Sostenible española.

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Añaden los magistrados que la prestación de este servicio «constituye una actividad económica que ha de poder desarrollarse en régimen de libre concurrencia, sin perjuicio de su sujeción a autorización y a las limitaciones o restricciones que puedan resultarle de aplicación».

En ese sentido, destaca que debe entenderse justificado «que el ejercicio de la actividad de transporte turístico esté sujeta a la intervención y autorización del Ayuntamiento; en el bien entendido de que los requisitos y limitaciones que a tal efecto establezca la Corporación municipal han de ser proporcionados y lo menos restrictivos o distorsionadores para la actividad económica».

Aunque la sentencia hacía referencia a una autorización del Ayuntamiento de Madrid, sienta jurisprudencia, por lo que ahora en la concejalía de Movilidad tendrán que ver cómo regulan el servicio. En la oposición, el PP pedía que se sacara a concurso la licitación, tal como ha recordado este lunes el grupo municipal socialista. Su portavoz adjunta, María Pérez, ha denunciado esta aparente contradicción. «La señora Catalá exigía una solución pero ahora que es la responsable es incapaz de hacer lo que proponía. Tienen que sacarlo a licitación pública cuanto antes, porque lleva más de diez años adjudicado y debe renovarse», ha comentado.