El Ayuntamiento carga contra la suspensión del túnel del Parque Central

No ha sentado nada bien en el Ayuntamiento la suspensión cautelar del concurso para las obras del canal de acceso del Parque Central, una obra enorme de 453 millones de euros. Era lo esperado porque así suele proceder el Tribunal de Recursos Contractuales, aunque no por ello ha dolido menos.

La decisión se produce tras el recurso interpuesto por la Confederación Nacional de Construcción, entidad que consideró que las llamadas cláusulas anticorrupción, vigentes desde marzo de 2019, son abusivas en cuanto a la potestad de tirar a las empresas de una obra en marcha,

Este viernes hablaron desde el Ayuntamiento el alcalde Joan Ribó y el vicealcalde Sergi Campillo por parte de Compromís, mientras que por el PSPV fue el turno del portavoz adjunto de esta formación, el concejal Borja Sanjuán. El tercero fue el que se mostró más crítico, abiertamente, con la entidad que reúne a las principales empresas del sector.

«Hay una cantidad de fondos europeos que dependen de los plazos de ejecución», dijo en referencia a los 136 millones de euros que están vinculados al programa de reconstrucción europea tras el Covid. El problema es que buena parte de la obra debe estar acabada en 2026 y en el caso del canal de acceso el plazo que da el concurso es de cinco años, con lo que la justificación del dinero irá muy justa.

El motivo de un plazo tan largo se debe a que el tráfico ferroviario no se interrumpirá en ningún momento. Ahora depende del Tribunal Central de Recursos Contractuales y lo que tarde en aprobar una resolución, bien a favor de la empresa estatal Adif o de la Confederación Nacional de la Construcción.

Sanjuán añadió que «hay un momento en el que se tiene que exigir a las grandes empresas que atiendan al interés general, y ahora la prioridad es que estas obras se hagan en el menor tiempo posible. Que no pongan palos en las ruedas», subrayó, para indicar que tienen «todo el derecho de mundo a recurrir, pero el mejor servicio que pueden prestar a la ciudad no es recurrir el pliego de condiciones. Está en juego un proyecto estratégico para Valencia, además de la creación de muchos puestos de trabajo».

Por su parte, el alcalde Joan Ribó incidió en los plazos que debe seguir ahora el tribunal administrativo. «Se veía venir, es un mecanismo habitual por desgracia de las obras y licitaciones que hacemos y muchas acaban en ese tribunal. No sorprende, pero fastidia», señaló.

Pidió, exigió al tribunal que «tenga la máxima celeridad, hace 20 años que esperamos esas obras», comentó, para referirse también a los fondos europeos y el riesgo de que se puedan perder al acumularse varias demoras. «Se ha de exigir la máxima rapidez», reiteró, dado que Valencia «no puede esperar más para dejar de ser un nudo en el corredor mediterráneo».

Los túneles previstos irán desde el bulevar sur hasta algo más allá del paso elevado de Giorgeta. El encargo contempla también la reforma de la estación Joaquín Sorolla, la ampliación del aparcamiento y la demolición del paso elevado de Giorgeta. El primer edil citó como ejemplo los nuevos operadores de trenes de alta velocidad, que necesitan más espacio en los andenes.

La previsión de Adif es que el plazo de presentación de ofertas finalice el próximo día 21. En el caso de que el tribunal no haya todavía tomado una decisión, la empresa tendrá que ampliar el proceso de recepción, que no se interrumpirá de ningún modo. De esta manera, en el caso de que la resolución sea favorable a las cláusulas en discusión, podría prácticamente abrirse las ofertas en días.

La Confederación Nacional de Construcción ha presentado 19 recursos en obras repartidas en toda España por el mismo motivo, tres de ellas en la Comunitat. El mismo camino seguirá la rehabilitación integral de la estación del Norte, a la espera de la suspensión cautelar del tribunal, lo que se da por descontando al ser el procedimiento habitual. La tercera en liza corresponde al nuevo acceso ferroviario sur del puerto de Castellón.

En toda España, los recursos afectan a licitaciones que suman mil millones de euros, unos proyectos que en el 75% de los casos cuentan con financiación europea. Esto da idea de la preocupación porque se resuelva con agilidad estas alegaciones, en un sentido o en otro.

Las cláusulas proceden de una normativa aprobada en marzo de 2019, aunque con posterioridad se han aprobado nuevas resoluciones. La primera está recurrida en la Audiencia Nacional, mientras que posteriormente han salido a la luz nuevas, como una del 29 de septiembre de 2021 y una tercera del 5 de julio de 2022, en la que se sanciona a varias mercantiles como infractoras muy graves de las normas de defensa de la competencia. La situación no apunta a la retirada de los recursos.