El Ayuntamiento ordena a la empresa del hotel de Zaidía rehacer un muro derribado

Se trata de un nuevo paso en el conflicto abierto entre el Ayuntamiento y la empresa Inversiones Gran Valenciana, promotora del proyecto. La representante de la misma, Victoria García Albertos, sostiene que tiene todos los permisos necesarios para acometer las obras, dado que tiene varios informes acerca de la falta de protección de las naves industriales, que en el proyecto desaparecen en favor de edificios de nueva planta de la misma altura. La propuesta nacida hace dos años se completa con fincas en las medianeras, dado que el hotel-residencia se enclavará en un gran patio de manzana.

La paralización, sigue la resolución firmada por la concejalía de Disciplina Urbanística, será completa hasta la concesión de la licencia de obras, dado que el Ayuntamiento considera que no es suficiente con una declaración responsable. La empresa, por cierto, ha pedido ya dos.

El motivo de la paralización es que existen «dentro del inmueble elementos declarados Bien de Relevancia Local (paneles cerámicos anteriores a 1940, el 'Brazo de Guatla' de la acequia de Rascanya) o de posible valor patrimonial (pavimento adoquinado) y encontrarse las propias naves industriales inmersas en un proceso de catalogación por parte del Servicio de Planeamiento, que actualmente está pendiente de la emisión del informe preceptivo por la Conselleria».

De ahí la orden que se emite a la propiedad para que en el plazo de siete días «proceda a la reconstrucción de la parte del muro de entrada indebidamente demolida, por motivos de seguridad y para evitar el acceso incontrolado al interior del recinto».

En caso de que no acometa esta obras, se «advierte a la interesada que se procederá por esta Administración municipal como medida de ejecución forzosa a la imposición de hasta diez multas coercitivas con periodicidad mínima mensual o a su ejecución subsidiaria a través de las empresas contratistas municipales y a costa de la parte obligada».

La discusión se centra en la protección patrimonial, aunque cuando se aprobó en el pleno un acuerdo mayoritario para frenar el proyecto, el alcalde Ribó sostuvo que seguramente las naves no serán protegidas, por lo que se optó por una reclasificación de solares para dotaciones públicas, lo que está por ver.