El Ayuntamiento de Valencia aprueba la moratoria de apartamentos turísticos

El concejal responsable del Área de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, ha explicado que con este nuevo trámite «el gobierno municipal muestra una clara voluntad de frenar la implantación de este tipo de alojamientos». En el debate de esta propuesta, el portavoz del PSPV, Borja Sanjuan, ha manifestado que el objetivo de la regulación de los apartamentos turísticos «tendría que afectar a todos los barrios» y ha criticado que «permite la apertura de 6.000 nuevos apartamentos». «Con este tipo de acuerdos ganan quienes creen que Valencia es una ciudad que está en venta, para visitar y no para vivir», ha afirmado.

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha asegurado que «esta normativa permitirá el incremento de plazas turísticas por encima de las posibilidades de la ciudad, con trampas como los hoteles de lujo que se pueden instaurar en Ciutat Vella, que está totalmente saturada de turismo». «El vecindario no solo compite con las viviendas turísticas también lo hace con bloques enteros que amplían la oferta hotelera de la ciudad», ha lamentado.

Por su parte, el concejal Giner ha indicado que esta norma «cierra la puerta a los apartamentos turísticos a través de una serie de candados que mantendrán el equilibrio turístico de los barrios». El edil, que ha solicitado «rigor» en los datos aportados por la oposición, ha explicado que «el equipo de gobierno valora el problema de manera global y restrictiva, y regula con visión de futuro para defender el modelo de ciudad en el que los vecinos y vecinas sean los primeros y priorizar los comercios de proximidad».

El debate de este punto lo ha cerrado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que en una intervención muy poco habitual ha defendido el trabajo de su gobierno «en materia de vivienda y su regulación frente a la de los anteriores equipos de gobierno». «Para nosotros es un asunto de ciudad, de los más trascendentes y prueba de ello es que en año y medio hemos puesto en marcha y entregado más de 1.000 viviendas de protección oficial, y al mismo tiempo hemos incrementado inspecciones y cierres de actividades turísticas no registradas», ha concluido.

La normativa que ahora se somete a exposición pública, tras la correspondiente tramitación y aprobación del procedimiento ambiental, conlleva la aplicación de controles o limitaciones (candados administrativos) que tienen como objetivo, tal y como ha expresado el edil de Urbanismo, «conseguir un equilibrio sostenible en la oferta de apartamentos y plazas hoteleras».

Entre los controles que se aplicarían están la prohibición de la implantación de nuevas plazas turísticas en los distritos y barrios que superen el 8% de número de plazas turísticas (hoteles y apartamentos) respecto el número de vecinos empadronados.

Por otro lado, para evitar la pérdida del uso residencial en la ciudad y su sustitución por el uso turístico de forma generalizada, se establece una protección de la vivienda por el que el número de viviendas turísticas y apartamentos turísticos no podrán superar el 2% del número de viviendas residenciales de cada uno de los barrios. «La única limitación que hizo el anterior gobierno fue del 10% en el Cabanyal, ocho puntos por encima de la nueva limitación, que afectará a toda la ciudad de Valencia a excepción de Ciutat Vella, que tiene su propia regulación que aprobó el actual gobierno», ha detallado Giner.

Asimismo, se propone una protección del comercio, ya que se limita al 15% de locales existentes en cada manzana de viviendas donde se puede desarrollar una vivienda turística, de forma que el 85% de los locales estarán destinados a otros usos terciarios: oficinas, restaurantes, bares, peluquerías, ópticas, farmacias, clínicas, etc.

El oleno del Ayuntamiento de Valencia ha rechazado este miércoles la creación del nuevo Consejo Local de Inclusión y Derechos Sociales, gracias a los 15 votos en contra del Grupo Compromís y el Grupo Socialista junto a la abstención de los 4 representantes del Grupo Vox, que no ha participado en el debate de este punto del orden del día. Los 13 votos del Grupo Popular no han sido suficientes para aprobar el reglamento de este nuevo órgano municipal. El objetivo de la Delegación de Servicios Sociales era «adaptar la estructura de participación social de la ciudad a las exigencias de las normativas vigentes en materia de servicios sociales inclusivos, establecidas en la Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de la Comunitat Valenciana, y el Decreto 217/22, de 16 de diciembre, del Consell por el que se regulan el Consejo Valenciano de Inclusión y Derechos Sociales, los consejos locales y zonales de inclusión, el órgano de concertación y el Observatorio del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales».