El Ayuntamiento de Valencia tendrá que pagar casi 700.000 euros por otra expropiación aplazada por el gobierno de Ribó

Este es en realidad un caso, pero en marzo, el Ayuntamiento de Valencia ya denunció que iba a tener que afrontar el pago de expropiaciones aplazadas durante el gobierno de Ribó y como añadió la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, se trata de expropiaciones que se fueron posponiendo y que, además, no se consignó ninguna partida en los presupuestos para hacer frente al tema cuando fuera necesario.

Cabe recordar que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional el año pasado las normas del Consell que permitían a los consistorios hacer prórrogas sucesivas para retrasar el desembolso a los propietarios de suelos pendientes de expropiación y, por eso, ahora pasará este viernes por junta de gobierno el pago de casi 700.000 euros a los miembros de una familia de Castellar.

En concreto, se trata de un terreno de 1.333 metros cuadrados ubicado en la calle Periodista Enrique Ginés. Los dueños presentaron un escrito al Ayuntamiento con fecha de 28 de mayo de 2015 para solicitar que se iniciase el expediente de justiprecio de la citada finca.

El suelo a expropiar se reservó para dotaciones, de hecho, ya se expropiaron sólo 26 metros cuadrados, para la construcción del nuevo instituto de Enseñanza Secundaria de castellar-Oliveral, pero quedan 1.333 metros cuadrados por satisfacer, parte de este suelo está calificado como Edificación Abierta (EDA) con un uso específico de Sistema Local de Espacios Libres (EL) y el resto, como Sistema Local Red Viaria Vía Urbana, dentro de suelo calificado como urbano.

En la petición de expropiación, los propietarios habían recordado al Ayuntamiento que las diversas «moratorias aprobadas por las Cortes Valencianas hasta la actual Disposición Transitoria vigésima del texto refundido de la ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la Comunidad Valenciana (TRLOTUP) son inconstitucionales», por lo que presentaron una hoja de aprecio solicitando 707.415 euros.

Posteriormente, desde la Oficina Técnica de Patrimonio recordaron que ya expropiaron 26 metros cuadrados y por eso rebajaron la estimación a 694.326 euros, un precio que los propietarios han aceptado.

Por eso, ahora el Ayuntamiento de Valencia hará una consignación de casi 700.000 euros para pagar a los nueve propietarios. Algunos de ellos recibirán, según la proporcionalidad marcada, 77.147 euros; otros 25.715 euros y en un caso la cantidad será de 231.442 euros.

Por tanto, este es un caso, pero las concejalías de Urbanismo y Hacienda están analizando esta situación sobrevenida para hacer números de a cuántos casos tendrán que hacer frente, y calculan que podrían precisar de 30 millones de euros para realizar las expropiaciones.

Como ya explicó en marzo el concejal de Urbanismo, Juan Giner, la sentencia «ha anulado las prórrogas que se estaban haciendo estos últimos años para pagar las expropiaciones» y no hay que olvidar que la ley establece que, transcurridos cinco años tras la clasificación del suelo público por parte de los ayuntamientos, los propietarios pueden pedir que le expropien.

Giner recordó entonces que las «prórrogas se establecieron desde el año 2018», pero tanto el concejal de Urbanismo como la concejala de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, coinciden en señalar que mientras se estaban permitiendo estas prórrogas, «el anterior equipo de gobierno no hizo una provisión de fondos para tener dinero para cuando tocara pagar las expropiaciones».

Ahora tendrán que ver cuáles hay que satisfacer en el corto plazo y calendarizar el resto. Para ello, una de las medidas que están adoptando es revisar las distintas áreas funcionales, como pudiera ser en Campanar, Benimaclet, o en otras muchas de la ciudad en expansión para ver la opción de ofrecer aprovechamientos urbanísticos.

En primer lugar van a clasificar y detectar la situación de cada uno de los terrenos a expropiar. Luego se verá en qué situación temporal o de urgencia se encuentran y se valorará si se puede solucionar con aprovechamientos urbanísticos.

En los casos que esta opción no pueda realizarse, se tendrá que efectuar con fondos de contingencia o con la modificación del presupuesto. En todo caso, como hay cinco años de margen para ir viendo estos casos, se podrá ir incluyendo de forma paulatina en el presupuesto año a año y no hay que olvidar que, en el caso del Ayuntamiento de Valencia, el presupuesto anual ronda los 1.000 millones.