El Ayuntamiento de Valencia rescinde el contrato de rehabilitación de la muralla islámica por inacción de las empresas

Una vez cerciorados de que tienen la razón el apoyo del CJC, el Ayuntamiento anuncia que van a buscar nuevas empresas que acaben el proyecto. «Tras esta decisión, el Ayuntamiento volverá a licitar las obras para concluir el proceso de restauración de la muralla islámica», ha anunciado el concejal de Cultura, José Luis Moreno.

Cabe recordar que el Consistorio adjudicó en 2021 el contrato para la ejecución de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica de Valencia, en el tramo de la plaza del Ángel, con un presupuesto total de 3.440.661,51 euros a las mercantiles en compromiso de Unión Temporal de Empresas (UTE), CYR PROYECTOS Y OBRAS, SL y a ISC URAMID, SL.

A partir de marzo de 2022, según fuentes municipales, «comienza a hacerse evidente que se están produciendo retrasos en la ejecución de la obra y que ello exige la aprobación de un nuevo plan de trabajo y la aprobación de una prórroga».

Recuerdan que, por ello, se solicita al contratista que aporte un nuevo plan de trabajo adaptado a las incidencias producidas, «relacionadas principalmente con la técnica de micro-pilotaje y la instalación de la geotermia».

Dado que la documentación requerida no es entregada, el Ayuntamiento inició actuaciones para imponer penalidades a la empresa, «tanto por las demoras producidas, como por cumplimientos defectuosos», según estas mismas fuentes. Y, como consecuencia, la Junta de Gobierno Local (JGL), acordó el año pasado aprobar la resolución del contrato.

Entre los argumentos aportados por el Ayuntamiento de Valencia se señala la demora en el cumplimiento de los plazos (tanto totales como parciales), así como el incumplimiento de la obligación principal del contrato.

Por su parte, las mercantiles presentaron alegaciones y manifestaron su oposición a la resolución del contrato en los términos manifestados por la Corporación municipal. En este sentido, en dicha JGL, además de acordar la suspensión del procedimiento, también se aprobó remitir el expediente al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, para la emisión del correspondiente dictamen debido a la oposición del contratista a la resolución del contrato.

Ahora, el dictamen emitido por el Consell Jurídic concluye que la UTE adjudicataria del proyecto «no ha realizado ninguna obra desde principio de abril 2023, ni ha facturado nada desde entonces. Por lo que la obra está parada, lo que constata una demora en la ejecución de las obras, que no fueron suspendidas».

Además, no hay que olvidar que se impusieron penalidades diarias a la contratista que han superado el 5 % del precio del contrato, por lo que el órgano de contratación está facultado para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con imposición de nuevas penalidades. En consecuencia, procede, según el dictamen jurídico, la resolución del contrato de obras.