Otro parón en la muralla islámica tras chocar la empresa y el Ayuntamiento

Este nuevo choque entre la empresa y el Ayuntamiento de Valencia mantiene bloqueado un proyecto vital para la recuperación del centro histórico de Valencia y no parece que vaya a llegarse a un acuerdo.

Cabe recordar que las obras tenían que estar terminadas en junio de 2022, pero se concedió una primera prórroga hasta principios de marzo de 2023, pero los trabajos siguen sin avanzar.

En la exposición de motivos de la negativa municipal el Ayuntamiento alega que inadmite la petición de prórroga de las obras de excavación, restauración y puesta en valor de la muralla islámica de Valencia «por no concurrir una nueva causa originaria del retraso».

Además, desde el Consistorio dejan claro que no procede conceder esta prórroga porque no se ha hecho en tiempo y forma. Afirman que no se ha formulado «con una antelación de un mes respecto a la finalización de las obras», tal como es preceptivo. Y añaden que no reúne «los requisitos mínimos para su admisión».

Sobre el hecho de que se haya presentado fuera de plazo, detallan que no fue hasta el 28 de febrero cuando se solicita más tiempo para hacer las obras, cuando la primera prórroga concedida expiraba el 3 de marzo.

Además, añaden que el escrito «no argumenta nuevas causas del retraso ni reúne las condiciones mínimas para considerarse una petición de prórroga, ya que no contiene un plan de trabajo respecto a las obras que quedan por hacer o las incluidas en el nuevo proyecto modificado».

El Ayuntamiento también comunica que las medidas precautorias que se pidieron a la empresa por la temporada de lluvias «podrían ejecutarse en un plazo de dos meses», algo que entraba dentro del plazo que tenían.

Le reprochan que en la «ejecución de la viga de coronación la empresa contratista ha estado demorando voluntariamente las obras» y no ha puesto en disposición «el personal suficiente para el correcto desarrollo de los trabajos» e incluso que quedaban tareas por realizar que están en el ámbito de las obras «donde no existe suspensión temporal».

De hecho, en un informe realizado por la concejalía de Patrimonio se refleja que desde la dirección de obra informaron el 20 de marzo que el «ritmo de los trabajos han sido progresivamente cada vez más lento y que desde hace 15 días la UTE se ha negado a continuar las obras previstas en el proyecto inicial».

Por todo ello, desde el Consistorio se concluye que la «demora es sólo consecuencia de la dejadez de la UTE y en ningún caso justificaría la autorización de una nueva prórroga aunque se hubiera pedido en plazo».

Por su parte, la empresa justificaba la petición de más tiempo, según consta en la documentación, alegando que existe «una zona de obras suspendida de ejecución sobre la que se desconoce la fecha de levantamiento de la suspensión» y que había otra de las zonas de obras «no suspendida que está pendiente de la aportación de soluciones constructivas tras el hallazgo de una habitación islámica y afecta al camino crítico de la obra que pasa por el centro de visitantes».

De momento, lo que ya está claro es que en la Junta de Gobierno se va a aprobar la inadmisión de una nueva prórroga y también se incluye el proceso de iniciar los trámites para la resolución del contrato.

Por tanto, aunque hoy no se haga efectiva la rescisión del contrato, sí se habla de dar los primeros pasos para resolverlo.

Además, cabe destacar que en un informe interno del área de Patrimonio se recuerda que en la Junta de Gobierno del 27 de julio de 2022 se aprobó empezar a imponer penalizaciones a la empresa por los retrasos «y no han surgido el efecto deseado con esta empresa, pues han seguido incumpliendo los plazos parciales y las normas de adscripción de personal y no acatan las órdenes de la dirección facultativa».

No hay que olvidar que la penalización que viene aplicando el Ayuntamiento a esta empresa es de 718 euros por día y que desde agosto de 2022 hasta marzo, ya lleva acumuladas sanciones por valor de 155.903 euros.

En este escrito interno se destaca «la actitud obstructiva de la contrata» y se recuerda que «como las penalidades impuestas desde julio superan ya el 5% del presupuesto inicial» se puede proceder a resolver el contrato o acordar la continuidad de las penalizaciones».