El Ayuntamiento recurrirá la sentencia contra dos recalificaciones para pisos en el plan de Tabacalera

Gómez comentó tras un acto por los 150 años de la Policía Local de Valencia que el caso de la Tabacalera es «otro problema más heredado de los gobiernos del PP, que siguen siendo un lastre para este Ayuntamiento todavía en 2022». El plan urbanístico fue declarado nulo por el Tribunal Supremo, por lo que no se puede construir una finca pendiente en un solar de la calle Micer Mascó, declara ilegales dos más en la misma calle y en Navarro Reverter, además de obligar al Consistorio a reconstruir las naves laterales derribadas de la antigua fábrica de tabacos.

La manera de solucionarlo fue recalificar parte de dos solares para dotaciones públicas en el barrio de Penya-Roja y en la avenida de Francia, uno para un jardín y otro para un colegio. Con la edificabilidad que se otorgó la idea era compensar a la empresa Guadalmedina, que tiene los derechos otorgados en las parcelas tumbadas por el Supremo.

Esta carambola no ha salido por la oposición de los vecinos a perder espacio para dotaciones públicas. Gómez subrayó que todas las posibilidades están abiertas, incluida la de buscar otras parcelas, aunque en todo momento centró su discurso en el dinero que perderá el Ayuntamiento, por lo que lo más probable es que opte por el pago directo. «¿Cuántas cosas podríamos hacer con 45 millones de euros? ¿Cuánto podríamos mejorar la limpieza? ¿Cuántos empleos podríamos generar? ¿Cuántas inversiones podríamos realizar en la ciudad?», reiteró, para señalar que la culpa es de la decisión del anterior gobierno municipal del PP.

La portavoz del PP en el Consistorio, María José Catalá, se reunió precisamente este lunes con representantes de la asociación de vecinos. La edil reclamó que «se agilicen todos los trámites para dotar al barrio de las dotaciones públicas que exigen. Además de una mejora de limpieza y la seguridad».

El PP propondrá al pleno no recurrir en reposición el auto y cumplirlo así como devolver las calificaciones de suelo a las que previa el Plan General. Al mismo tiempo reclamar que se inicien trámites (instar a la Generalitat) para aprobar nuevo centro de salud (pastilla calle Penya-Roja), así como las zonas verdes que le correponden en la parte de la calle Tres de Abril de 1979.

Catalá recordó que la actuación urbanística anulada es una «auténtico pelotazo urbanístico; una decisión de una recalificación ilegal del gobierno de Compromís y PSPV. La sentencia de 2006 en absoluto obligaba a eso. Lo advertimos en varios plenos y, por eso, el PP votó en contra».

«El único pelotazo es el que ha intentado la izquierda en este barrio: Cambiando dos espacios dotacionales (parque y colegio) por la construcción de dos torres de viviendas, una de 10 plantas y otra de 13 de alturas. (65 y 78 viviendas respectivamente), en las calles Penya-Roja y Río Escalona, y en la calle Tres de Abril de 1979 junto a las naves de Cross», afirmó.

La edil finalizó diciendo no entender «cómo el gobierno de Ribó no ofreció a la constructora unos solares con calificación para hacer viviendas, y en cambio apostó por recalificar suelos previstos para dotaciones públicas suponiendo un grave perjuicio para los vecinos del barrio. Fue una irresponsabilidad que Ribó y el PSPV no firmara un convenio previo con la constructora (Guadalmedina) donde se aceptara los términos de la permuta».

Por su parte, fuentes de la asociación de vecinos comentaron que pedirán una reunión con el alcalde Ribó, con el fin de agilizar las dotaciones públicas en los dos solares. «No queremos reunirnos más con la concejala Gómez», precisaron. No en vano, la entidad ha llegado a pedir su dimisión después del desenlace judicial.

Las mismas fuentes precisaron que en el barrio de Penya-Roja viven 13.200 personas, una cifra «en aumento y que pronto llegará a 15.000», por lo que consideran urgentes los equipamientos pendientes. Sobre el recurso del Consistorio, precisaron que el auto «es bastante claro» en cuanto a la ilegalidad de las recalificaciones.