Primer revés para Catalá, al prosperar una moción de Compromís gracias a los ex de Vox

La nueva composición del grupo municipal de Vox, que se queda con tan sólo dos representantes, y la nueva condición de no adscritos de la dupla Badenas-Herrero, así como sus orientaciones de voto, marcaron una sesión que habría permitido a Catalá capear el temporal y cumplir su mantra desde el estallido de la crisis en Vox -garantizar la estabilidad y la gobernabilidad en el Consistorio-, de no llegar la colisión respecto a la revisión del convenio del nuevo estadio y el aumento de la presión sobre el Valencia para que finalice las obras del campo en tiempo y forma.

Antes de empezar la sesión, Herrero ya había comentado que ella no ha dejado de formar parte del ejecutivo municipal «en ningún momento», pues es miembro de la Junta de Gobierno Local con las delegaciones de Agricultura y Emprendimiento, y dijo tener «la confianza de la alcaldesa». Eso sí, ninguna de las partes aclaró si existe un pacto tácito para apoyar las decisiones que adopte el equipo de gobierno, como quedó de manifiesto con el Nou Mestalla.

En el resto de la sesión el pleno sacó adelante las modificaciones en las comisiones con 17 votos a favor, de PP, Vox y los dos concejales no adscritos, por los 16 votos de Compromís y PSPV.

La concejala de Recursos Centrales Técnicos, Julia Climent, fue la encargada de dar a conocer la enmienda presentada por el PP a esta propuesta antes del inicio de la sesión. El acuerdo plenario finalmente aprobado «tendrá carácter provisional hasta que se remita el informe jurídico o dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) y deberá revisarse en función del sentido del dictamen que se emita».

Climent defendió que el acuerdo cuenta con «la solvencia y la coherencia de los informes técnicos y jurídicos» positivos de la secretaría general y del pleno y de la asesoría jurídica municipal. Aun así, el equipo de gobierno añadió el carácter provisional a la nueva composición de las comisiones «ante las dudas» planteadas por algunos concejales de la oposición sobre su legalidad.

El Ayuntamiento cuenta con precedentes de tiempos del anterior gobierno municipal, concretamente del año 2018, cuando la ponderación de voto se aplicó respecto del voto del grupo de procedencia, según consideración de la secretaría general y del pleno. De esta manera, una vez ratificada la propuesta ayer en sesión plenaria, el número de miembros, según la composición del pleno y la ponderación del voto por cada grupo político y concejales no adscritos, queda de la siguiente manera, a la espera del dictamen del Consell Jurídic Consultiu: 3 puntos para el PP, 2 para Compromís, 1 para el PSPV, 0,5 para Vox y 0,25 para los no adscritos.

La propuesta de la alcaldía a través de la secretaría general y del pleno, que recoge abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional y detalla diversos artículos del Reglamento Orgánico del Pleno (ROP), determina que las comisiones permanentes del pleno pasarán a contar con nueve miembros, en lugar de los siete actuales.

La portavoz de Compromís, Papi Robles, expresó su disconformidad con la propuesta del equipo de gobierno local al señalar que «lo que están haciendo es intentar cambiar el resultado democrático de las urnas». «Es un delirio de la alcaldesa, que no le gusta el resultado de las elecciones. Se ha de mantener la proporcionalidad del pleno en las comisiones», añadió.

María Pérez, portavoz adjunta del PSPV, afirmó que es «una trampa antidemocrática decir que 15 es una cifra superior a 16 y es democráticamente inaceptable que la proporcionalidad en el pleno no se respete en las comisiones; no sólo es una cuestión de democracia, sino de legalidad».