Las bajas laborales en la EMT de Valencia se disparan y casi doblan las de hace cinco años

En una EMT asediada por las protestas en la calle, con nuevas líneas que no terminan de asentarse, con algunos vehículos recién comprados que los conductores no saben llevar y con una situación laboral enrarecida por la aprobación del convenio y determinadas cuestiones que los sindicatos planean llevar a los tribunales, los datos internos de funcionamiento de la empresa revelan que no todo funciona tan bien como el presidente de la empresa, Giuseppe Grezzi, asegura siempre que puede. El último indicador al que ha tenido acceso este diario habla de las bajas laborales, que han pasado de 692 en 2013 a 1.065 en el pasado 2017.

Los sindicatos son los primeros en reconocer que las bajas pueden estar relacionadas con el estrés y el empeoramiento del tráfico. Los conductores están sometidos «a mucha presión» para cumplir los horarios en una ciudad en la que cada vez es más difícil circular. Aseguran que el estrés que sufren muchos preceptores, que es como se llama en el seno de la EMT a quien se pone al volante de un autobús de línea, es tanto que en ocasiones tienen que pedirse bajas para poder descansar. Además, explican que el ambiente dentro de la empresa, con varios sindicatos enfrentados entre sí, tampoco ayuda.

Estas protestas de los trabajadores de la EMT son constantes. El pasado miércoles, Comisiones Obreras denunciaba a sus afiliados que hay gente en la empresa «que ni trabaja en la calle ni conduce un bus por una ciudad que reduce carriles a favor de la bicicleta generándonos problemas a nosotros, ni ha trabajado en Fallas, ni mucho menos en el último Mundial de Medio Maratón». Bajan agitadas las aguas en la plaza de Correo Viejo y sobre todo en las cocheras de San Isidro, donde los conductores insisten en que la circulación por la ciudad ha empeorado mucho en los últimos años. Una de las pruebas que apoya este dato es que las bajas pedidas por trabajadores que se han tenido un accidente laboral han pasado de 58 en 2014 a 99 en 2017. Los sindicatos adelantan que en 2018 la situación empeorará pues apenas en dos meses ya ha habido 263 bajas, casi un 25% del total de todas las registradas el pasado año, lo que aventura un 2018 con cientos de bajas.

Pero, ¿qué efecto tiene esto en el día a día de la empresa? Más del que podría parecer. Durante la semana fallera, hubo días que entre averías y bajas, hasta 70 autobuses dejaron de salir a las calles de la ciudad, lo que repercutió en una importante reducción del servicio. De hecho, los sindicatos explican que en esos casos desde la dirección de la empresa llaman por teléfono a los trabajadores que están de baja o de vacaciones para preguntarles si pueden reincorporarse antes de hora y así dar servicio.

La realidad es que cada día casi tres decenas de autobuses se quedan en cocheras. Es apenas un 1% del total de autobuses que salen a la calle en un turno de ocho horas pero repercuten seriamente en las frecuencias de paso, empeorándolas decenas de minutos. Además, la falta de inspectores complica el discurrir de las líneas por las calles, sobre todo en jornadas con grandes eventos como Fallas o el Mundial de Medio Maratón.

A estos problemas hay que sumar la falta de personal de la empresa. Aunque la nueva dirección está contratando nuevos trabajadores y examinando a decenas de aspirantes para entrar a formar parte de las bolsas de empleo, incluso estos exámenes han despertado suspicacias entre los futuros trabajadores. Muchos de ellos han sido suspendidos y estudian llevar a los tribunales la calificación de los exámenes, realizados por una empresa externa por primera vez, al considerar que se evaluaron cuestiones como la conducción eficiente que no aparecían en las bases del proceso publicadas con anterioridad. De hecho, Comisiones Obreras llevará a los tribunales los dispositivos que miden la telemetría de los autobuses y que se empleó en los exámenes. El pasado día 28 hubo una reunión entre la empresa y los trabajadores en el Tribunal de Arbitraje Laboral pero no se llegó a ningún acuerdo sobre la retirada de los dispositivos. Los sindicatos pedían, además, que no se utilizaran esos datos en la calificación de los exámenes, pero la empresa no estuvo receptiva, según explicaron desde Comisiones Obreras.