Así es el edificio de la discordia del Cabanyal

Atrapados por la inacción de dos gobiernos de signos distintos; mareados por el Ayuntamiento de Valencia que los cita de reunión en un reunión con propuestas contrapuestas y que siempre acaban con la frase de 'tendrán que hacer frente a pagos económicos' y, por si fuera poco, rodeados de okupas que no cumplen las normas, que han destrozado las fincas y que tienen enganches ilegales a la luz.

Así viven los últimos propietarios de las viviendas de Bloque Portuarios del Cabanyal que se han resistido a irse o a malvender sus pisos, primero porque es el barrio que les ha visto nacer; segundo, porque no tienen solvencia para soltar amarras y, en tercer lugar, porque saben que el terreno será muy goloso, ya que está a tercera línea de la playa.

Los particulares, unos 65 de un bloque de 168 viviendas, aseguran que se han quedado atrapados entre dos legislaturas. «Primero no nos dejaron hacer nada en los 12 patios durante décadas porque venía la prolongación de Blasco Ibáñez, y ahora los tres partidos del gobierno, que durante campaña hicieron bandera del Cabanyal, no se aclaran entre ellos», indica Ricardo.

En el periplo de reuniones que han realizado aseguran que han llegado a escuchar tres propuestas municipales. «El área de Vivienda que gestiona la concejal de València en Comú apuesta por la rehabilitación; el concejal de Urbanismo del PSPV nos dice que lo idóneo es derribar y volver a construir, pero nos repercuten el pago del alquiler del realojo y nos quieren cobrar por los nuevos pisos cuando son nuestras casas y puede llegar a los 80.000 euros», comenta una vecina.

La tercera opción que se ha puesto sobre la mesa es «que quien no pueda pagar la nueva casa, que deje la carga en el Registro de la Propiedad por si un heredero quiere pagar», añaden.

Los residentes tienen claro que las tres medidas que lanza el Consistorio son inviables. «Cómo vamos a pagar unos 50.000 euros por una rehabilitación integral de zonas comunes que no contempla ni las mejoras el interior de las viviendas. Nos parecen unos precios desorbitados», indica Patricia. Esta joven prefiere la rehabilitación, «pero desde luego no a esos precios».

Un buen número de propietarios piensa que quizá la mejor opción es tirar y volver a construir, «pero exigimos que sea casa por casa, nada de pagarlo nosotros y hacer una hipoteca que no podemos pagar ni nos van a conceder», indican unos residentes. Argumentan que muchos son gente mayor, «algunos cobran una pensión de algo más de 400 y otros 800 euros. Cómo vamos a pagar el dinero que nos piden».

Además, quieren dejar claro que «la culpa es de las administraciones. Nos han tenido décadas sin dejar hacer nada, lo han dejado degradar. Deben de admitir que han sido culpables de sus cambios de opiniones y lo que exigimos es que costeen las obras», añaden Vicenta y Rosa.

Explican que «no está claro que nos quieran cobran un alquiler por el realojo». Alguno teme que «sea un caso de acoso urbanístico para dilatar el problema para que algunos se mueran y otros se vayan por desesperación». Ricardo, como vecino, pidió amparo al Defensor del Pueblo. «El Ayuntamiento tardó tres meses en contestar. Dijeron que estaban a la espera del nuevo plan del Cabanyal». El Defensor les dijo que tenían que hacerse cargo y «dar unas condiciones dignas a los vecinos, pero así seguimos», lamenta. Por eso, no descartan ir a Estrasburgo.

Los afectados son muy críticos con el alcalde, Joan Ribó. «No hay manera de que nos reciba. Nos ha remitido a su asesor urbanístico. Cuando Ribó hizo una charla de su partido en la plaza de la Cruz eludió dar respuestas», aseguran. No dudan en afirmar que «le invitamos a que pase tres días en una de estas casas». Detallan que «a cada concejal y arquitecto que nos ha recibido le hemos dicho que vengan a vivir aquí y la respuesta es reírse».

Los vecinos lanzan un 'SOS'. «Estamos desamparados. Nos gustaría que alguna asociación de abogados altruista nos ayude». Otra residente detalla que «nos enviaron una carta diciendo que rehabilitáramos. Luego otra diciendo que iban a actuar ellos subsidiariamente y pedirían 4.000 euros por patio, pero no nos dejan constituir una comunidad. Cómo vamos a hacer algo si ahora dicen que igual las tiran».

Los propietarios temen que «al final no se haga nada porque viene campaña electoral en mayo». Y aseguran que «lo que tenían que hacer es comprometerse a construir las casas sin coste para los dueños y sacar a los ocupas ilegales que no pagan ni casa, ni luz y en cambio muchos llevan el último modelo de móvil y grandes coches. Sólo tienen que dar casa a quien tiene escritura, lo que pasa es que ningún político se atreve a actuar para no salir en la foto», lamentan.

Mientras no se toman decisiones, los vecinos tienen que soportar problemas que superan cualquier película de ficción. Una vecina, Rosa, se ha tenido que ir de alquiler a otra casa porque «no puedo vivir en una finca en la que todos son ocupas. Han robado hasta el motor del ascensor y tenía que subir a un sexto andando». En esta misma finca unos individuos han roto el tapiado de una casa y han cambiado la puerta.

Otra vecina que sigue en su vivienda, Vicenta, se ha quedado sola entre ocupas. «A media tarde no tengo luz para la cocina porque los ocupas cogen suministro y no me llega la potencia. El repartidor del butano no se atreve a venir porque le roban y me toca comprar la bombona por ahí y subirla cinco pisos. Y mi marido no pudo volver del hospital a morir tranquilo en casa porque han desguazado el ascensor».

Juana, una mujer de más edad, detalla que tiene todo tipo de electrodomésticos en casa «pero no los puedo usar porque los enganches de los ocupas me dejan sin potencia de luz. Mi casa está bien arreglada y queremos quedarnos aquí, pero no podemos vivir con ocupas que no respetan nada».