El botellón en Valencia, cuatro años sin control

Tras cuatro años de tripartito en el Ayuntamiento de Valencia, el balance de las acciones municipales contra una de las lacras que más enfado levantan entre los vecinos de la ciudad, el botellón, no puede ser peor. Más allá de determinadas intervenciones concretas en enclaves como la plaza de Benimaclet o la Creu Coberta, este último caso en noches muy señaladas, los vecinos, comerciantes y usuarios suspenden la gestión municipal en la lucha contra el botellón, que estas Fallas se ha vivido en su máxima expresión en torno a las verbenas falleras en los alrededores del Mercado Central y la Lonja.

El principal tanto escollo como prueba de esta falta de iniciativa del Consistorio que dirige Joan Ribó es la ordenanza de convivencia. Anunciada por la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, el pasado verano, lo cierto es que fue antes de Fallas cuando la edil reconoció, a preguntas de este diario, que la ordenanza no llegaría para antes del final de mandato. El texto fue elaborado por la Cátedra de Protección Ciudadana de la Universitat de València en colaboración con el Consistorio y era revolucionario. Planteaba, entre otras cuestiones, cursos para los padres de los condenados por beber en la calle y, además, dotaba de nuevas herramientas a la Policía Local para multar a la gente que bebe en la calle al permitir las sanciones por exceso de ruido: la ordenanza no obligaba a analizar la bebida de los vasos, como sí hace la actual.

Sin embargo, el texto se ha encontrado con una resistencia importante en la Abogacía Municipal. El informe de los servicios jurídicos del Consistorio se encontraron con un problema que tenía que ver con la «medida estrella» de la ordenanza de Menguzzato: la convalidación de algunas sanciones por cursos de reeducación en los que también estarían implicados los padres del menor sancionado, una medida que iba dirigida, sobre todo, a combatir el botellón. El texto, por tanto, volvió a la Universitat de València para que fuera revisado por los expertos universitarios, lo que, evidentemente, quiere decir que no será aprobado este mandato, al que apenas le quedan un par de plenos.

Además, la Policía Local se ha encontrado con otro escollo importante: la falta de personal. La remodelación del Cuerpo municipal llevada a cabo por la concejala Menguzzato a finales del año 2017 redujo las patrullas que circulan por la ciudad por las noches, lo que dificulta la acción contra el botellón tal como ha denunciado en varias ocasiones los sindicatos policiales. La candidata socialista a la alcaldía de Valencia, Sandra Gómez, felicitó al Cuerpo esta semana al ser preguntada por las actuaciones policiales contra el botellón en Fallas y celebró la llegada de nuevos agentes, aunque desde la oposición se ha criticado en varias ocasiones que se hayan perdido decenas de agentes, sobre todo en la Policía de Barrio, desde el anterior mandato del PP.

Quienes más notan esta situación en la calle son los vecinos. Ni siquiera en Benimaclet, donde están más que satisfechos con la destinación de patrullas policiales a la plaza central del barrio noches enteras para evitar el botellón junto a la iglesia, avisan. «Si nos quitan las patrullas, el problema volverá. Cuando no han estado ha habido problemas puntuales», denuncia Paco Guardeño, portavoz de la asociación de vecinos del barrio. «Desde la asociación vamos a seguir exigiendo al Ayuntamiento que esta presencia policial se mantenga de forma regular», explica Guardeño que, eso sí, insiste en los problemas que se dan en la Alquería Serra, Bien de Relevancia Local, «donde se dan fiestas ilegales durante largos fines de semana, con la asistencia de decenas de personas con equipos de sonido potentes», según Guardeño, que señala que esta situación «pone en peligro la alquería protegida».

En el centro, por su parte, la situación es peor que hace cuatro años. Así lo denuncia Rafa Mampel, presidente de la Asociación de Vecinos de Ciutat Vella: «Ha aumentado muchísimo, sobre todo en plazas como de la Compañía, Collado, Virgen de la Paz y alrededores de la plaza de la Virgen». «Es lamentable que el Ayuntamiento no haya puesto medidas de vigilancia y limpieza sobre todo los fines de semana y en cambio culpe del ruido a los hosteleros», comenta Mampel.

Lo mismo dicen en la Creu Coberta. El presidente de la Asociación Vecinos San Vicente Mártir-Bulevar Sur, Elías Sánchez de los Silos, asegura que siguen abandonados y suspende la gestión del Consistorio sobre el botellón: «Le damos un dos sobre diez». «Todo ello se debe entre otras razones a la falta de la presencia policial todos los fines de semana en la zona del botellón que sigue efectuándose y creemos que es uno de los principales problemas que tiene nuestro barrio, que sigue conllevando suciedad, escándalo y ruidos con los que nuestros mayores siguen sin poder descansar», lamenta Sánchez de los Silos, que ha encabezado protestas contra el Consistorio incluso de madrugada.

Hasta la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico y el Ensanche lamenta la situación. «Hay que reflexionar sobre esto porque año a a año va a peor», comenta el presidente de la entidad, Rafa Torres, cuya entidad ha visto muy de cerca los estragos provocados por los macrobotellones falleros en el entorno de la Lonja de la Seda, Patrimonio de la Humanidad, y de la Iglesia de los Santos Juanes. Lo mismo proponen desde la Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios (AVACU). Su presidente, Fernando Móner, tilda la cuestión de tema «preocupante y un problema de salud pública: «Hay que buscar una solución educacional». En el mismo sentido se expresa Vicente Inglada, secretario de la Unión de Consumidores, que asegura que desde el Consistorio «se ha hecho poco desde el punto de vista del consumo responsable, la salud y los hábitos».