El caos de Ribó en los servicios sociales queda al descubierto

«Queremos regular el despropósito y el caos de los últimos años en materia de cooperación e inmigración. En estos ocho años, las políticas destinadas a personas migrantes han sido un absoluto caos. Tenemos muchísimas dificultades a nivel técnico para poder reconducir todos estos recursos, los jefes de servicio han trabajado de una forma ardua para solucionar y darle un soporte jurídico a todas las actuaciones en materia de servicios sociales porque se han estado realizando actuaciones económicas sin soporte jurídico», ha desvelado Torrado. «Se ofrecían actuaciones que sobrepasaban las competencias que tienen otorgadas los Ayuntamientos. Hay una ley de servicios sociales de 2019 que establecía claramente las competencias de cada administración y la nuestra es la primera acogida», ha indicado.

«Nos hemos extralimitado en nuestras competencias, se han atendido situaciones de asilo, de refugio (corresponden al Gobierno de España) u otras de la Generalitat, con admisión por tiempo indefinido», ha explicado Torrado, que ha indicado que las acogidas «no tenían ni criterios ni perfiles ni prioridades». «Nos hemos encontrado con casos de personas derivadas a un albergue con personas que podían pasar más de un año en ese albergue hasta que pudiera conseguir un empleo», ha asegurado. «Con las personas que no tienen un hogar hay que crearles un itinerario, las cosas no se hacen así. Hay que ofrecerles los recursos de otras entidades y acompañar a esas personas para ayudarles a que salgan de esa situación de desamparo y de estar viviendo en la calle», ha dicho.

En la junta de gobierno de este viernes se han tenido que aprobar reconocimientos de crédito para dinero gastado sin cobertura jurídica. Según fuentes municipales, se gastó más de un millón de euros en un albergue en Benimàmet con 50 plazas para hombres y 426.000 euros para un albergue para 32 personas. El uso del Casal Municipal de Rocafort también se hizo sin cobertura. En él se gastó el Consistorio 2,7 millones de euros en dos años. También se gastó 90.000 euros en un piso con ocho plazas.

Según informan fuentes socialistas, partido que gestionaba Migraciones en la anterior corporación, la mayoría de estas ayudas estaban destinadas a personas procedentes de Ucrania tras la invasión rusa. «En el caso de Benimàmet había 80 plazas para familias de Ucrania, que el nuevo gobierno cambió a 50 de hombres, con la consiguiente protesta porque había niños escolarizados en Benimàmet que tuvieron que irse de allí», apuntan las mismas fuentes.

Sobre migraciones, Torrado ha dicho que las políticas de Ribó han sido «devastadoras», ya que la ciudad ha destinado partidas económicas a programas y recursos que sobrepasan las competencias propias del Ayuntamiento. «Vamos a poner orden en ese caos en materia de cooperación e inmigración y lo vamos a hacer pensando en las personas, no queremos que nadie se quede en la calle sin ofrecerle un itinerario para que salga de esa situación. Los propios funcionarios que ahora se hacen cargo de reconducir esta situación estaban sorprendidos», ha desvelado.

Algunas de esas ayudas que ahora se ponen en duda incluyen 60.000 euros para otros ayuntamientos; 30.000 para un programa para acoger a defensores y defensoras de las derechos humanos en el mundo, «que estaban seis meses en Valencia y luego se volvían a sus países»; o 30.000 euros para reportajes fotográficos en países de vías de desarrollo. Torrado también ha detallado que se gastaron 50.000 euros en cinco auditorías técnicas para valorar el trabajo con mujeres afganas pese a la presencia de funcionarios que pueden hacerlo.

Torrado ha detallado que darán atención a todas las personas, «sin distinción de dónde nazcan». «No se va a tirar a nadie a la calle. Se va a hacer un trabajo cercano por parte de los trabajadores de Servicios Sociales para, según el perfil de esta persona, ver cuál es el recurso más adecuado», ha dicho. «Lo que no se va a hacer es lo que se hacía hasta ahora, que era alojar a una persona en un albergue y no trabajar más con ella», ha comentado. «Si vemos que esa persona necesita más tiempo para encontrar una solución, estamos en contacto y en coordinación extraordinaria con la Generalitat para derivar a esa persona a otro recurso», ha insistido.