Catalá expulsa del gobierno a Badenas y reparte sus competencias entre otros concejales de Vox

Catalá ya había avisado esta mañana de que iba a acometer una remodelación como consecuencia de la crisis derivada del caso Badenas. En la presentación de nuevos autobuses de la EMT, la alcaldesa no ha concretado si la medida con la que pretendía acabar con la crisis sin romper el acuerdo de gobierno en el Consistorio iba a afectar sólo al segundo vicealcalde o a todos los ediles del Vox. Finalmente, la primera edil ha optado por sacar fuera de la corporación de gobierno a Badenas y repartir sus áreas entre otros miembros del equipo del ejecutivo municipal, tras negociar con el partido de Abascal.

El Ayuntamiento ha hecho público el resultado de la 'crisis' de gobierno a través de un comunicado en el que se han desvelado las incógnitas sobre qué ediles iban a recaer las competencias que hasta el momento ostentaba Badenas.

Catalá ha decidido repartir las áreas del líder voxista sobre el concejal de Devesa-Albufera, Mayores y Sanidad y Consumo, José Gosálbez, que verá ampliadas sus carteras al recibir también la de Empleo y, con ella, la vicepresidencia de la Fundación Valencia Activa. La responsable de Playas, Familia, Juventud e Infancia y Fiestas y Tradiciones, Mónica Gil, asumirá Parques y Jardines mientras que Cecilia Herrero, titular de Agricultura y persona de máxima confianza de Badenas, no recibirá ninguna delegación adicional a la de Emprendimiento que ya tenía en su haber antes del escándalo de supuesta corrupción.

Asimismo, en la reestructuración del seno del gobierno local también se ha saldado con un recorte en el número de tenencias de alcaldía del pacto de gobierno entre el Partido Popular y Vox tras las elecciones municipales de 2023, por ende, el número de vicealcaldías pasará de cuatro a tres. Cabe recordar que Badenas ostentaba la segunda tenencia de alcaldía, pero Catalá nunca llegó a delegar sobre su persona la máxima responsabilidad de gobierno, por ejemplo, durante las vacaciones de verano alegando que era «una decisión personal» y que era «normal» delegan en gente de su propio partido.

Las otras tres tenencias de alcaldía eran ostentadas por concejales del PPP: la edil de Hacienda, María José Ferrer San Segundo, desempeñaba la primera, la de Recursos Centrales Técnicos, Julia Climent, la tercera y el de Urbanismo, Juan Giner, la cuarta, respectivamente. Tras la última modificación, se consuman los ascensos de Climent y Giner destacando especialmente el refuerzo sobre la responsable de los recursos municipales al haber asumido más competencias en la crisis de gobierno que tuvo lugar de mediados de septiembre.

El comité de Garantías de Vox tomó la decisión ayer de suspender los derechos como afiliado de Badenas y de inhabilitarle para desempeñar cargo o función en el partido o en representación de éste hasta la resolución del presente expediente disciplinario.

El portavoz nacional de Vox, José Antonio Fuster, comentó que los organismo internos del partido «están funcionando» asegurando que había sido suspendido de militancia así como de su condición de portavoz del grupo municipal de la formación en Valencia. Fuster también señaló que respeta «su presunción de inocencia» pese a tener abierta una investigación «y el partido ha considerado como lo más prudente tomar estas medidas».

«Si al final del procedimiento se determina que no hay ninguna irregularidad, el señor Badenas recuperará sus funciones», aseveró el portavoz del partido dirigido por Abascal. Pero, eso sí, advirtió que de confirmarse la existencia de alguna irregularidad el procedimiento concluiría con la expulsión del partido. «Si hay alguien que no ha estado a la altura de lo que debe ser un cargo de Vox, seremos firmes a nivel interno y, por supuesto, acudiremos a la justicia», remató.

Vox ya investigaba desde la semana pasada la contratación que ha desencadenado toda la polémica para dilucidar si se produjo alguna irregularidad tras la publicación de unos audios en The Objective. Según la investigación, Badenas amañó la adjudicación de un contrato a favor del Instituto Mediterráneo de Desarrollo Sostenible (Imedes), la empresa en la que trabaja el marido de Bernabé, Javier Cebrián. El edil voxista estaba señalado por, supuestamente, haber negociado el diseño de las bases del concurso que finalmente terminó por ganar Imedes.