El alivio de vivir con 338 euros de alquiler

Estos pisos de una, dos, tres y hasta cuatro habitaciones se han adjudicado a personas inscritas en el registro de Demandantes de Vivienda y los nuevos hogares para estas personas se encuentran en el distrito de Jesús (un total de 12), dos más en Poblats Marítims y cuatro en Ciutat Vella.

En concreto, se han adjudicado tres viviendas a inscritos en el Registro de solicitantes de vivienda (REDHA) dentro del grupo demanda general; tres al grupo de menores de 35 y mayores de 65 años; otras tres al de unidades en situación de desahucio inminente o pérdida de la vivienda en los últimos 12 meses; tres más a demandantes del grupo familias monoparentales y numerosas; tres también al de víctimas de violencia de género, doméstica y/o terrorismo; y tres más al de unidades de convivencia con miembros en situación de dependencia o diversidad funcional.

En este acto formal se han podido ver muchas caras de felicidad, sobre todo después de haber vivido momentos muy amargos. Entre los testimonios, por ejemplo, Noemi Barrull y Isaias Montolla, explican que han tenido que vivir «en la casa de un familiar porque los alquileres están muy caros. Nos pedían hasta 700 euros». Les llamaron hace dos meses para darles la buena noticia y «no nos lo creíamos. Ahora pagaremos 330 euros de alquiler». En breve se mudarán de la Malvarrosa a esta zona de Tráfico con sus hijos de 14, 8 y un año.

Otro ejemplo es el de Boualem Blidi. «Sigo viviendo en mi casa, pero me la han embargado porque con la crisis perdí el trabajo en la construcción y, además, mi pequeño tiene autismo y tenemos que cuidarlo mucho. Hasta ahora no me podía ir de casa a trabajar por si venían a desahuciarnos. Ahora con la nueva casa, ya podré buscar trabajo. Estamos felices, como si me hubiera tocado la lotería», admite.

Muy feliz estaba también Monteserrat Mope. «Llevo más de 12 años en la lista de espera y ya tengo cuatro hijos. He llegado a pagar de alquiler 500 euros y es un alivio que me hayan llamado».

Amparo Jiménez, detalla que llevaba más de cinco años en la lista de demandantes. «Cuando recibí la llamada me puse a llorar». Además, se da la circunstancia de que hasta ahora estaba en otro piso de alquiler «pero este miércoles se me acababa el contrato, porque van a vender el piso, y me quedaba sin sitio para vivir. Estoy feliz».

Zohra Abidat, también llevaba cinco años en la lista. «Hasta ahora estaba en una casa de alquiler en el Cabanyal, pero me iban a desahuciar porque no renovaban el contrato y se lo va a quedar un fondo buitre y me había tenido que ir a vivir con mi madre a Nazaret, con mi marido y mis cuatro hijos. Ahora me ha tocado la lotería».

Otro caso es el de Manuel Casas y Julia Santiago. Llevaban 10 años demandando un piso de alquiler asequible. «Tengo cuatro hijos y uno en camino y tendremos una casa de cuatro habitaciones». A Julia cuando le llamaron «no me lo creía. Ahora tendremos que esperar a cambiar los niños de colegio más adelante y nos mudaremos».

Y otra familia feliz es la de Juana Vargas. «Llevaba cerca de dos años en lista de espera. Ahora vivo de alquiler, pero pagaba 475 euros y estábamos muy ahogados y eso que era un cuarto sin ascensor en Benimàmet. Cuando recibí la llamada pensé que era un milagro», detalla.

Juana y su marido tienen dos niños y en breve llegará el tercero y asegura: «Me ha tocado la lotería y los Reyes a la vez. Estamos felices».

Después de firmar el contrato y estrechar la mano con la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha comentado que esto «es un comienzo, hoy firmamos 18 contratos de alquiler asequible con vecinos de Valencia, pero habrá más». Catalá ha anunciado que la política de vivienda va a ser vital desde la presente legislatura durante el acto oficial realizado con los nuevos inquilinos en Tabacalera.

La alcaldesa ha explicado que precisamente una de las cuestiones «para las que vinimos a trabajar en el Ayuntamiento es para poner en marcha la construcción de viviendas con las que reducir la lista de demandantes existentes». Ha recordado que en los cuatro últimos años, el «gobierno municipal anterior sólo puso 31 casas en alquiler asequible y nosotros, llevamos seis meses y ya entregamos 18».

Ha añadido que quieren «dar seguridad y derecho a las personas que precisan viviendas y también agilizar el tema de la administración».

Este programa de viviendas se ha bautizado con el lema de 'Macasa' y queremos que se convierta en el proyecto estrella de estos próximos cuatros años«, ha indicado la alcaldesa.

De hecho, ha anunciado que el acto de hoy era el comienzo. «En el último mandato se adjudicaron 31 viviendas y nosotros en 5 meses hemos adjudicado 18 y está previsto otras 20 más en febrero. Además, hemos adquirido un edificio en Safranar con más de 130 viviendas. Para una ciudad tan grande puede parecer que son números pequeños, pero es un buen comienzo porque en los últimos ocho años sólo se han puesto en marcha 30 viviendas de alquiler asequible. Esto quiere decir que con voluntad se puede», han indicado Catalá y el edil de Urbanismo, Juan Giner.

Y es que no hay que olvidar que la actual lista de demandantes de viviendas de alquiler asequible está integrada, a fecha de julio de 2023, por 1.489 personas y quieren bajar de forma progresiva esta cifra tan grande.

Además, ha indicado que entre los 18 afortunados que estrenarán casa se encuentran dos mujeres que son víctima de violencia de género, como ha destacado Catalá, «y con acciones como estas les vamos a seguir apoyando». Además, ha indicado que son «conscientes de la situación de la vivienda en Valencia y, por eso, pensamos que en lo primero que hay que trabajar es en el tema de la vivienda para que las personas puedan desarrollar su proyecto de vida y con los niños en mejores condiciones, incluso los que están de camino», ya que había presentes mujeres embarazadas.

La iniciativa ha recibido críticas por parte del PSPV y de Compromís. La portavoz socialista Sandra Gómez ha denunciado el «ridículo extremo» de María José Catalá después de montarse «un besamanos» con las 18 familias a las que el Ayuntamiento ha adjudicado viviendas de alquiler asequible que ya estaban registradas en el parque municipal y en las que, por lo tanto, ya estaban residiendo antes otras familias.

«Después del pase de revista de jardineros que se montó el señor Badenas llega el besamanos de la señora Catalá. Un acto que viene a demostrar que los dos coinciden en la misma cosa, en el ridículo extremo de que cuando no tienen nada que contar se montan actos a bombo y platillo en el que no dicen nada», ha ironizado Gómez.

Según Gómez, el acto de hoy, «por mucho que intente engañar a la ciudadanía, no es para presentar nuevas viviendas o para aumentar el parque público de viviendas del Ayuntamiento sino que, simplemente y como viene siendo habitual con todos los gobiernos, cuando una vivienda se queda vacía hay otra familia que la ocupa».

La portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, ha denunciado que la señora Catalá ha organizado hoy un acto público ilegal, que contraviene la Ley de publicidad institucional, y que ha usado la asignación de viviendas sociales a personas vulnerables para hacerse autobombo y promoción personalista. Además, Robles también ha criticado que se haya difundido públicamente la imagen de ciudadanos que son beneficiarios de las políticas públicas, cuando estas acciones son el mero ejercicio de un procedimiento administrativo, pudiendo contribuir a su señalamiento público, poniendo en peligro su privacidad.

Robles ha pedido «el inmediato cese de estas acciones de promoción personal por parte de la alcaldesa, así como la rectificación pública del acto celebrado en el día de hoy, por la gravedad de los hechos». «No es la primera vez que Catalá usa recursos públicos para realizarse autopromoción con recursos públicos, en este caso las viviendas sociales. Pero además, en este caso, con el agravante de la necesidad de las personas más vulnerables de la ciudad su patrocinio».

La Ley de publicidad institucional especifica que se «prohíben los actos públicos de entrega de claves de bienes inmuebles o similares, por parte de personas con cargos electos o con altos cargos del gobierno». Estas entregas, detalla el texto de la Ley, «serán realizadas, en todo caso, por el personal funcionario competente y sin hacer de esta entrega una escenificación pública».

Robles ha considerado «alarmante» esta deriva de Catalá, que cree que «el Ayuntamiento y los recursos públicos son de ella y los puede utilizar como quiera y cuando quiera, con el único objetivo de tener rédito político.

Por su parte, fuentes municipales califican de tergiversación y de mentir al PSOE sobre las viviendas de alquiler social. Se han referido a Gómez como la «única que ha sido incapaz de ayudar a los colectivos más vulnerables de la ciudad con alquileres sociales. Las 18 viviendas que se han firmado hoy los contratos no son renovaciones de viviendas ya existentes, sino que 12 de ellas corresponden a la compra de un edificio por parte del Ayuntamiento por el derecho de tanteo y que se escrituró en noviembre de 2022 y que no fueron capaces de crear alquileres sociales durante su gobierno».