El gobierno de Ribó ha repetido como si se tratara de un mantra que el nuevo contrato de recogida de basura, que asciende a la nada desdeñable cantidad de 1.325 millones de euros para 15 años, vendrá a modernizar el servicio, potenciará y premiara ... el reciclaje, e incluso se promete que la frecuencia del baldeo de las calles se aumentará, al reducirse el tiempo de limpieza de 21 días a entre 10 y 12 días.
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Todas estas promesas, y teniendo en cuenta que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina (en mayo), pueden usarse como arma para tratar de acallar las quejas de los vecinos de Valencia, que mes a mes, se muestran más enfadados con la suciedad de las calles y con la imagen que presentan las zonas de contenedores, con ejemplos claros como la Malvarrosa, donde los residentes están hartos de protestar porque todas las mañanas amanecen las zonas de reciclaje con objetos por el suelo.
Más allá de este malestar, no hay que olvidar que el vicealcalde Sergi Campillo, como responsable de la concejalía de Ecología Urbana, tiene ahora mismo una patata caliente o una 'bomba' de relojería entre las manos, ya que el tan anunciado 'contrato del siglo', el de la basura, se ha paralizado por segunda vez.
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Se ha tenido que suspender la licitación de nuevo porque una de las seis empresas que optan a los cuatro lotes del concurso, la firma Tetma –que junto con Valoriza y Precero-Urbaser opta al lote tres– ha presentado un recurso ante el Tribunal Administrativo Central De Recursos Contractuales (TACRC).
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El origen del problema es que la empresa SAV quedó fuera del concurso, por no presentar la documentación a tiempo. Esta firma se mostró en desacuerdo, porque decía que al haber preguntado unas dudas al Ayuntamiento cambiaba el tiempo de los plazos, y tras recurrir al Consell Jurídic Consultiu (CJC), este organismo le dio la razón. Aunque el dictamen no era vinculante, y a pesar de las divergencias que dejaron patentes los informes municipales, el servicio de Ecología Urbana decidió acatar el dictamen y dar seis días para que las empresas presentaran de nuevo documentación.
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Y, precisamente es ahí, donde viene el nuevo conflicto, ya que Tecma, como empresa recurrente ante el Tribunal de Recursos Contractuales, aduce que no se tenían que haber dado seis días de plazo sino 40 y añade que, de ese modo, podía haber actualizado y mejorado la propuesta.
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Ahora mismo el vicealcalde camina sobre un campo de minas, porque cualquier paso o decisión puede suponer una nueva paralización del proceso de la licitación. Y menos mal que no se ha abierto todavía el sobre con las ofertas económicas y se mantiene en secreto lo que ofrece cada una de las seis empresas.
Veremos si el tema acaba con recursos por lo Contencioso. El vicealcalde ya comentó meses atrás que era una licitación «muy compleja», pero lo que no sabía es cuánto de difícil iba a ser.
Habrá que esperar más tiempo para se implanten novedades prometidas como contenedores de residuos orgánicos inteligentes que permitirán identificar a los usuarios con una tarjeta o aplicación móvil con el fin de bonificarles.
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