Choque en el Ayuntamiento: El PP pide a Ribó y sus concejales que no se excedan como gobierno en funciones

O lo que es lo mismo: que el Gobierno en funciones se limte a eso, a estar en funciones. «La Corporación saliente deberá abstenerse de adoptar decisiones que puedan condicionar el futuro de la entidad y más concretamente la labor de los nuevos concejales electos una vez que hayan tomado posesión de sus cargos«. La circular pone como ejemplo esta directriz, dictada por la propia Junta Electoral Central, que fija los límites en el periodo entre unos comicios y la llegada de la nueva corporación municipal.

El escrito señala que Ribó, Gómez y las demás concejalías deben limitar su labor «solamente a la administración ordinaria hasta la toma de posesión de sus sucesores, en ningún caso podrán adoptar acuerdos para los que legalmente se requiera una mayoría cualificada», como bien recoge a Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Algo que, a la vista de los apuntes de algunos funcionarios, no estaría ocurriendo.

Pero lejos de hacer caso a la recomendación, el Consistorio sigue dando pasos en la dirección contraria. Como ya publicó LAS PROVINCIAS el pasado fin de semana, la Concejalía de Urbanismo, encabezada por la socialista Sandra Gómez, adjudicó un estudio con un gasto de 100.000 euros para hacer dos supermanzanas ya anunciadas, en La Roqueta y en el Ensanche. Ello pese a que la futura alcaldesa, María José Catalá, ya ha dicho por activa y por pasiva que dará marcha atrás con esos proyectos. Y Gómez sigue adelante, pues la Mesa de Contratación da fe estos días de cómo el estudio ha pasado de la fase de ejecución a la de formalización. Este mismo miércoles, Gómez sigue con su agenda pública, con una visita que tiene tintes más que institucionales. Estará revisando las obras de mejora del icónico Puente de las Flores y presentará el nuevo pavimento instalado en la pasarela.

Más allá de la «administración ordinaria» parecen también dos anuncios efectuados este martes desde el Ayuntamiento. Por un lado, la Concejalía de Servicios Sociales de Isabel Lozano ha destinado la nada despreciable cifra de 100.000 euros para crear una oficina, con tres empleados públicos, para fomentar el voluntariado social e impulsar la labor de las 519 ong registradas en Valencia. Además, desde el Consistorio se lanzó este martes la convocatoria de 31 nuevas plazas de personal de servicio para a Fundación Deportiva Municipal. Da la impresión de que el Gobierno municipal en funciones sigue con las mismas funciones.

Ferrer San Segundo subraya en su escrito que la propia Agencia Valenciana Antifraude tiene un manual en el que se indica cómo debe ser esta actuación de los responsables municipales «antes, durante y después del proceso electoral». El PP considera «recomendable que este manual sea distribuido a todos los concejales que se encuentran en funciones, así como a los responsables de organismos autónomos y sector público empresarial del Ayuntamiento de Valencia.

No es el único choque en el seno del Ayuntamiento. Y este otro también tiene que ver con el supuesto exceso en su labor de la corporación en funciones. Existe también un notable malestar sindical. Tanto que UGT, CSIF y SPPLB han emitido un comunicado conjunto con otra solicitud: que se suspenda el nombramiento de los tribunales del procedimiento de consolidación de funcionarios interinos por oposición, «llevados a cabo durante la misma semana de celebración de las elecciones municipales».

Los sindicatos inciden en este exceso de funciones al que hace referencia el PP y los empleados públicos. Lo demuestra un párrafo muy contundente: «No entendemos la premura en el nombramiento de estos tribunales, con carácter previo incluso a la publicación de las convocatorias en el BOE, donde se puedan dar motivos de recusación o causas de abstención posterior debido a que ni siquiera se sabe qué aspirantes se presentarán a dichos procesos. Algo inédito y sin precedentes en este ayuntamiento».

El comunicado sindical incide en que el nombramiento de los tribunales puede quedar en papel mojado con el cambio de gobierno. «La Corporación entrante adaptará la organización a su programa de gobierno, revisando todas las actuaciones puestas en marcha por la corporación cesada y que deban ejecutarse por el gobierno entrante». Es por ello por lo que los sindicatos reclaman que se suspenda el nombramiento de los tribunales, «con el fin de evitar expedientes innecesarios y que los tribunales de los procesos de consolidación por concurso oposición nazcan desde la suspicacia o la desconfianza por el momento en que se han realizado».

No es el único frente abierto entre sindicatos y Consistorio. «A poco más de 24 horas de las elecciones municipales», como sostienen las mismas entidades, por parte del Consitorio se procedió a eliminar la reducción de jornada de los funcionarios en vigor desde 2007. «Con premeditación y alevosía, en una decisión sin sentido, dictó una resolución que nos recuerda a épocas pasadas donde se tomaban decisiones amparadas en una crisis económica que hoy no existe», cargan los sindicatos.

La petición de los sindicatos es que se anule esa decisión, que de nuevo consideran un exceso en sus funciones de la corporación saliente. «Que permitan la oportunidad de gestión al nuevo gobierno municipal y a las y los representantes sindicales que sí seguimos teniendo una responsabilidad para con el personal municipal».