La ciudad bloqueada por Ribó

«Nunca concreta, es su marca», responden fuentes cercanas al gobierno del Ayuntamiento de Valencia sobre las veces que el alcalde Ribó ha rechazado una inversión privada sin ofrecer una alternativa viable a corto plazo. Pero eso tiene un coste muy elevado en la paralización del desarrollo de la capital en algunos barrios. Sólo entre Benimaclet y el Grao, la cuenta suma 3.845 viviendas. Y sigue sumando.

El último ejemplo ha sido el de Benimaclet, donde esta semana ha eclosionado el desplante a la propuesta de una promotora para la construcción de 1.345 viviendas, varios equipamientos públicos y la finalización de un sector pendiente desde los años 90. El asunto viene de largo y provocó incluso algún enfrentamiento velado entre Compromís y el grupo socialista acerca de la pretensión de los primeros de un menor número de pisos.

Aquello fue en el anterior mandato, cuando en el gobierno municipal estaba València en Comú, agitadores natos en este tipo de debates entre la realidad de los derechos urbanísticos de unos promotores y el deseo de cambiar el modelo. Ahora, su ausencia deja a Ribó más expuesto a tener que «mojarse».

El primer edil dijo tras reunirse con los representantes de Metrovacesa y la agrupación de interés urbanístico que ha llegado la hora de «girar» el modelo de desarrollo con la premisa de preservar más huerta y que los nuevos barrios tengan zonas de transición con el límite del casco urbano. No precisó la cuestión de quién pagará todo esto, la más importante para el Consistorio.

A los pocos minutos y en redes sociales, uno de sus concejales más cercanos, Giuseppe Grezzi, explicó un poco más la filosofía del «giro»: «En plena emergencia climática, frente a la depredación de proyectos destructores fruto de otro tiempo, nuestro alcalde planea preservar la huerta de Valencia y consensuar las actuaciones urbanísticas con los vecinos de los barrios. ¡Vamos!». Pues eso, poco más que añadir.

Algo parecido ocurrió en 2018 con el nuevo barrio del Grao, dormido por la crisis inmobiliaria que se llevó por delante las aspiraciones nacidas al calor de la Copa América de vela para conectar la ciudad con la Marina. La entrada de una nueva empresa reactivó el proyecto y hace dos años presentaron una propuesta al Consistorio que incluía un paso elevado para salvar las vías del corredor mediterráneo en la Alameda hasta que se prolongue el túnel de Serrería.

Esta infraestructura fue una de las razones dadas por Ribó para tumbar el diseño de una zona que debe acoger 2.500 viviendas en los que serán, salvo más oposición, los edificios residenciales más altos de la ciudad. Desde entonces no se ha presentado ninguna alternativa y el agente urbanizador, la empresa Valere Roco, negocia con Aumsa el coste de las calles del viejo circuito que se dejarán en el barrio, para descontarlo de la cuenta de 38 millones que debe asumir el Ayuntamiento por estas obras.

Pero de una opción distinta al paso elevado no se sabe nada. El Ministerio de Transportes ha adjudicado el estudio de la prolongación del túnel de Serrería, aunque con un plazo de entrega de dos años a todas luces excesivo y que condena la parte más pujante de la ciudad a no saber cuándo llegará al mar.

En la Marina se encuentran otros proyectos bloqueados estos años. De la empresa que quiso en 2016 abrir un casino y un hotel en los Docks ya no se sabe nada, pero del centro cultural y de innovación propuesto por Ribó como alternativa tampoco. El enorme edificio fue adecentado tras eliminar el mobiliario y todo tipo de trastos que había acumulado en sus años de discoteca y restaurante, pero nada más.

Sin salir de la dársena, también está bloqueado el hotel de 30 plantas, el nuevo símbolo arquitectónico de la Marina. En toda la ciudad se han tramitado estos años decenas de licencias para la apertura de establecimientos, pero de esta concesión no se sabe nada, pese a los ingresos que reportará a las arcas públicas.

En el barrio del Cabanyal, a principios de 2017 se produjo un intento de la Universidad Europea de ubicar su campus junto a la estación del Cabanyal. La operación no cuajó por la oposición de València en Comú y, de nuevo, el apoyo demasiado tibio a la iniciativa por parte de Ribó, sin concretar una alternativa viable para la entidad docente.

Aquella inversión privada desapareció y en su lugar de reservaron los solares para equipamientos públicos todavía sin desarrollar. El grupo popular desveló recientemente que el Consistorio ha gastado sólo el 2,8% de los fondos europeos del Plan Edusi, una subvención ligada a una serie de proyectos que siguen en mantillas y donde hay un riesgo alto de perder en parte si aprieta la Unión Europea.

La premisa de que haya suelos de huerta, que no huertos urbanos, y menos viviendas en el PAI de Benimaclet choca con unos derechos urbanísticos de los propietarios de los solares que se remontan a los inicios del actual Plan General, los años 90. El gobierno municipal se muestra muy seguro de que puede cambiar los parámetros de este suelo urbanizable, que alcanza los 269.775 metros cuadrados, aunque Metrovacesa, el propietarios mayoritario, ya ha anunciado que actuará en «defensa de sus derechos y contra la arbitrariedad de una decisión de esas características». Pese al llamamiento a la calma de la concejala de Desarrollo Urbano, Sandra Gómez, es evidente que el siguiente escenario pasará de un recurso en el Consistorio a una demanda en los tribunales. Un informe encargado por la promotora habla de un perjuicio por 50 millones de euros en caso de que no se pueda edificar ninguna vivienda, una de las reivindicaciones de la plataforma vecinal que apoya el alcalde Ribó.

Las 2.500 viviendas previstas en el nuevo barrio del Grao han pasado por tantas manos que es difícil seguir el hilo, aunque sí está en la memoria de todos que el último diseño presentado por los actuales propietarios mayoritarios fue rechazado de manera tajante por Ribó, sobre todo por su negativa a un paso elevado que diera continuidad a la prolongación de la Alameda hasta que se prolongue el túnel de Serrería. El Ministerio de Transportes no acabará antes de 2022 el estudio de las alternativas de esta obra esencial para el corredor mediterráneo, lo que da idea de la demora que llevará el antaño conocido como barrio de la Fórmula 1 al incorporar en sus calles tramos del antiguo circuito de velocidad. La cerrazón de Compromís al plan abrió uno de los más duros enfrentamientos del pasado mandato con sus socios socialistas, que llegaron a tildar de «electoralistas» las peticiones de Ribó. De momento sigue paralizado.

Hay un dicho que asegura que cuando no sabes qué destino darle a un edificio, lo mejor es apostar por un museo. Así dormirá el sueño de los justos como ha ocurrido con los Docks, los antiguos almacenes portuarios que fueron el eje central de la propuesta fallida de una empresa multinacional que presentó una propuesta de casino y hotel de lujo, para pretender luego aspirar a la gestión de toda la Marina. El Ayuntamiento rechazó esa posibilidad, se quedó con la propiedad del recinto y promovió la apertura de usos relacionados con la cultura y la innovación. Ribó planteó incluso que fuera la sede de CaixaForum cuando ya estaba cerrado el acuerdo con el Ágora como sede. El enorme inmueble fue saneado y vaciado de todo lo que había antes, un restaurante y una discoteca, aunque desde el anterio mandato no se ha avanzado.

El plan de usos de la Marina está atrapado por la deuda que agobia a la entidad, aunque las Administraciones socias en el Consorcio Valencia 2007 tampoco son capaces de sacar adelante las concesiones. El alcalde Ribó, presidente de la entidad, hizo una defensa tibia del hotel de hasta 30 plantas que debe convertirse en el nuevo icono arquitectónico de la dársena, justo en la parte opuesta del Veles e Vents, cuando fue rechazado por sus entonces socios de València en Comú. Pero no ha hecho nada por promover el concurso desde entonces, que ha pasado por varios trámites previos como una encuesta entre los vecinos acerca de los usos y alturas. Eso sí, el pliego de condiciones para ofrecerlo a las empresas sigue a la espera.

La promotora Momentum Real Estate presentó a la Generalitat una propuesta para construir una residencia de estudiantes de 600 plazas en unos terrenos industriales abandonados junto a la V-21, al lado del cementerio de Benimaclet. Se trata del último rechazo del alcalde, que ha anunciado que no permitirá la reclasificación de suelo industrial a comunitario a no ser que dos tercios de los 19.000 metros cuadrados de parcelas sean destinados a campos de cultivo. Otra iniciativa que embarranca sin plazos.

A finales de 2016 cerró la Agencia Tributaria su sede en Valencia, en la calle Guillem de Castro. La pretensión era, como se constató en una petición en el Plan de Ciutat Vella, cambiar el uso de administrativo a hotelero para poder vender el inmueble. El gobierno municipal rechazó la propuesta y está reservado para un equipamiento público, por supuesto sin definir. El edificio está tasado en 16 millones.