Ciutat Vella irá también al juzgado por el descontrol que provoca el botellón

Al anuncio de las asociaciones vecinales de Plaza Honduras y Ciudad Jardín de que acudirán a la vía judicial para conseguir la eliminación de terrazas de bares y la suspensión de licencias, entre otras peticiones, ahora se une el propósito de la citada entidad vecinal del Carmen. Los problemas de vandalismo, botellón y ruidos nocturnos se dirimirán de nuevo en los juzgados en Valencia, como ocurrió ya con las primeras declaraciones ZAS.

La plaza de Xúquer fue pionera en un proceso que siguió con la zona de Juan Llorens-Abastos, la antigua discoteca Woody y el barrio del Carmen. Todo siguió el mismo patrón, es decir, concentración excesiva de locales de ocio, quejas vecinales por los ruidos nocturnos y el botellón que seguía después de la hora de cierre, para acudir finalmente a un juzgado con la demanda. El gobierno municipal tramita en estas fechas las restricciones para el barrio de Ruzafa, después de una sentencia favorable a una plataforma vecinal.

En el caso del barrio del Carmen, fuentes vecinales hablaron del incumplimiento de medidas como las restricciones de tráfico. «Al principio había agentes de la Policía Local en los accesos y con vallas, ahora nada». También en lo que consideran «falta de control» de las licencias de locales de ocio cerrados, que «en lugar de declararlas caducadas a los seis meses, como toca, se permite que estén años en la misma situación para luego reabrir».

El próximo lunes se celebrará una mesa de seguimiento de la ZAS con el Ayuntamiento y asociaciones hosteleras, aunque la decisión vecinal ya está tomada. «No hay tampoco ningún control de las terrazas, incluidas las que carecen de cualquier tipo de permiso municipal», apuntaron.

La pandemia supuso la ampliación de la superficie para mesas y sillas en las calles, al igual que permisos extraordinarios en todos los barrios para facilitar el trabajo de los hosteleros. Eso se mantendrá de momento, al menos hasta la entrada en vigor de la normalidad completa, sin ninguna restricción sanitaria para prevenir contagios de Covid-19.

Por su parte, la portavoz del grupo popular, María José Catalá, adelantó ayer que el PP lleva hoy al pleno del Ayuntamiento una moción donde exige la puesta en marcha de un plan de choque urgente para «atajar el alarmante clima de inseguridad que se vive en muchos barrios, que pasa por incrementar los efectivos de Policía Local», recordando episodios como los reciente en Fuente de San Luis.

En la moción también se pide al alcalde Ribó la dimisión del concejal de Policía, Aarón Cano, por ser «incapaz de dar solución a los problemas de inseguridad que viven los vecinos de Valencia en muchos de los barrios, mientras la plantilla policial tiene cerca de 200 agentes menos que cuando gobernaba el PP, y siguen paralizadas las oposiciones de 2020 y 2021 para incrementar el número». El concejal Santiago Ballester señaló que en 2015 había 1.625 agentes mientras que ahora, alcanza los 1.444 funcionarios en el Cuerpo.