Compromís asegura que la competencia para demoler el Sidi Saler es de Costas y no del Ayuntamiento de Valencia

La alcaldesa recordó el martes que el gobierno de Ribó había verbalizado su oposición a mantener el edificio, había declarado caducada la licencia de actividad, pero que no habían iniciado el expediente para derribar el antiguo hotel ni tampoco el de declaración de ruina. Por eso, Catalá insistió en que había margen para hablar con los dueños y con los residentes.

Esta decisión fue el mismo día aplaudida por los vecinos de la Devesa de El Saler, que apuntaron que llevan tiempo pidiendo que se recupere este espacio para dar servicio a los residentes. Incluso el martes recordaron que no querían tener otra zona con escombros, como el polideportivo de El Saler que se derribó y no se ha hecho nada y añadieron que derribar el Sidi Saler era perder una oportunidad y generar un alto gasto par alas administraciones.

A pesar de ello, una vez conformado ya como grupo de la oposición, desde Compromís recuerdan que la competencia para demoler es de Costas (dependiente del Gobierno Central) ya que los terrenos están actualmente en dominio público marítimo-terrestre.

Y añaden que el paso que dio el gobierno de Ribó fue dar por caducada la licencia de Actividades. Tal como ha detallado el exvicealcalde de Valencia y ahora miembro del grupo de la oposición de Compromís, Sergi Campillo, «la licencia que tenían caducó porque durante más de dos años no tenhía actividad. Se procedió a dar por caducada la licencia» y recuerda que ya «no es recuperable esa licencia de ninguna de las maneras».

También insiste en que el edificio «está fuera de ordenación sustantiva y eso se justifica en informes técnicos de áreas como Urbanismo, Devesa-Albufera y el servicio de Actividades». Y añade que se trata de informes «que están firmados por funcionarios y, por tanto, no es una decisión política».

Campillo ha aclarado que no se puede recuperar la licencia técnicamente ni hacer la reforma del edificio «porque está fuera de ordenación sustantiva. Se asienta sobre un primigenio cordón dunar». Y, por ello, sólo se pueden hacer tareas de mantenimiento, no obras estructurales.

Acto seguido ha comentado: «Exigimos seriedad y el destino del edificio es derribarlo y restaurar el cordón dunar para proteger las playas del sur y la Albufera».

Desde Compromís detallan que la recuperación del cordón dunar es fundamental «porque está demostrado que las infraestructuras duras realizadas en primera línea de costa son una de las responsables de la erosión de las playas del sur. Nos llenamos la boca diciendo que las playas necesitan estabilidad y estar restauradas, pero lo que hay que hacer es devolver el cordón dunar a la Devesa».

Fuentes del grupo de Compromís también recuerdan que la propiedad del edificio recurrió la denegación de licencia de Actividades dictada por el Ayuntamiento de Valencia ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que faltará ver qué dice la Justicia.

Tampoco hay que olvidar que Costas renovó a los dueños del edificio la concesión por unos 30 años, prorrogables otros 30 más, y que, una vez que el gobierno de Ribó comunicó a la administración estatal que daban por caducada la licencia de actividad, faltará ver que hace Costas, si mantiene la concesión o no lo hace o si prefiere esperar a la resolución judicial antes de tomar una decisión.

Y es que los dueños comunicaron al Ministerio la judicialización del tema para que tuvieran conocimiento de este paso antes de que se pronuncie sobre la caducidad o no de la concesión. Al parecer, los propietarios alegan que el edificio está fuera de ordenación en diferido, una calificación que sí permitiría intervenciones de reforma.

Además, es importante reseñar que la entonces edil de Actividades (Compromís), Lucía Beamud, ya dijo en su momento que no podían conceder licencia de obras, porque estaba caducada la de Actividades y que sólo podían conceder permisos para tareas de mantenimiento, pero no estructurales.

Campillo, además de explicar que no es recuperable la licencia de Actividades, también ha hecho valoraciones sobre el anuncio de Catalá. Ha indicado que «no pueden dar falsas expectativas porque la licencia está caducada con informes técnicos que lo avalan».

Además, acto seguido ha hecho referencia a otros alcaldes de Valencia que sí optaron por demoler edificios enclavados en la Albufera para recuperar el espacio natural. Por ello, según ha querido remarcar, «conservar el edificio del Sidi Saler significaría romper una tradición que se ha venido materializando desde principios de los años 80, con el gobierno de Ricard Pérez Casado y también de Rita Barberá de ir recuperando todas las infraestructuras que quedaban en desuso y se procedía a demolerlas y restaurar el espacio natural».

Como ejemplo, ha citado que el antiguo hipódromo «quedó en desuso, se derribó, y restauró, y ahora es la zona de reserva del Racó de l'Olla y el centro de interpretación del parque de la Albufera».

Otro ejemplo que ha citado es el antiguo paseo marítimo de El Saler. «Se quitó el paseo de primera línea de costa para restaurar las dunas y se hizo con gobiernos de Barberá».

Campillo ha opinado que con la nueva máxima comunicada por la alcaldesa de no derribar el Sidi Saler, «va en contra de las políticas de restauración ambiental que todos los gobiernos municipales habían hecho hasta ahora en la Albufera, en territorio de Valencia».

Por su parte, los vecinos siempre han alegado que tanto las fincas como los edificios, como el Sidi Saler, se hicieron legalmente. En el caso del Sidi Saler se construyó en los años 70 sobre terrenos privados y fue en 2007 cuando se aprobó el deslinde y se incorporaron los terrenos a dominio público marítimo-terrestre.