Horas después de que se anunciara este viernes un pacto entre Compromís y el PSPV en la junta de gobierno del Ayuntamiento sobre el PAI de Benimaclet, el asunto volvió a la casilla inicial. La vicealcaldesa Sandra Gómez hizo valer el acuerdo y los informes que lo sustentan, en el sentido de que incluyen el criterio de seguir los parámetros del Plan General, es decir mantener la edificabilidad residencial prevista para 1.345 viviendas.
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Todo lo contrario de lo que entendió la coalición valencianista. El vicealcalde Sergi Campillo dijo que aprobar esa documentación en el encargo inicial a la empresa municipal Aumsa no significa que vaya a permanecer. Es más, afirmó rotundo que la edificabilidad habrá bajado cuando culmine el proceso dentro de 12 meses. «Lo hemos hecho para desbloquearlo, pero veremos cómo acaba», apuntó.
Entre estas dos posturas se encuentran los propietarios de los solares, cuya cara más visible es la empresa Metrovacesa. Su propuesta decayó y a partir de ahora entra en escena el encargo a Aumsa, que tiene un coste de unos 300.000 euros.
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Gómez insistió durante su comparecencia esta mañana en que los parámetros a seguir por la empresa municipal serán los del Plan General. Esto impide en la práctica el deseo de Compromís de reducir en gran medida la edificabilidad en favor de aumentar la reserva de suelo para huerta.
Fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano indicaron que lo aprobado en la junta de gobierno servirá para hacer un plan especial, una figura con la que no se puede suprimir suelo para pisos. «Tendría que ser un plan estructural, con cambio en el Plan General, algo muy distinto». Campillo estuvo de acuerdo en esto, según señaló a LAS PROVINCIAS. «No voy a negar la documentación que sustenta el acuerdo y que lo dice así, pero también digo que esto no está cerrado ni mucho menos, lo hemos aprobado para responder a la petición de los vecinos y porque queda año y medio de mandato».
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Compromís y PSPV llegaron de esta manera a un acuerdo de mínimos sobre un PAI paralizado en 2018 por las discrepancias entre los socios de gobierno del Ayuntamiento acerca del desarrollo de las 1.345 viviendas previstas, lo que a la vista de lo ocurrido sigue vigente. Sobre el papel, se han impuesto las tesis de los socialistas de mantener los parámetros del Plan General con las viviendas previstas.
La solución, según contó la vicealcaldesa Sandra Gómez, ha sido encargar a la empresa municipal Aumsa el diseño de toda la franja de solares entre el barrio y la ronda norte, así como el resto del barrio. Entre las novedades sobre lo anterior, desaparecen las torres previstas, un tercio de los pisos serán de promoción pública y se mantendrá suelo agrícola como huertos vecinales, en un porcentaje todavía por determinar.
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El PAI de Benimaclet fue uno de los motivos más serios de enfrentamiento entre los dos partidos antes de las elecciones municipales de 2019. Compromís abogó por desclasificar suelo de viviendas en favor de ampliar los campos de huerta, además de introducir las llamadas casas de pueblo y hasta soterrar un tramo de la ronda norte con un túnel, para permitir la accesibilidad con la huerta próxima de Alboraya.
Todo ha desaparecido del encargo, donde no aparece mención del soterramiento. La vicealcaldesa comentó que las torres de hasta 30 plantas también se eliminan de la propuesta que saldrá a concurso. La clave en que se mantenga la edificabilidad es la desaparición de zonas comunes privadas, que en el plan fallido eran protagonistas.
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En cuanto a la vivienda protegida, un 30% serán de promoción pública, mientras que un 10% añadido se reservarán para alquiler asequible. Gómez subrayó la apuesta porque el nuevo sector siga el estilo y paisaje del barrio actual.
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