Compromís tensa la cuerda con la vivienda: «Se abre la puerta a la corrupción a través de Urbanismo»

Si el jueves el concejal de Urbanismo, Juan Giner, amenazó al PSPV con denunciar a su portavoz, Borja Sanjuán, por insinuar que hay un informe de la Intervención del Ayuntamiento que reprocha que son las propias constructoras las que están dictando las condiciones para que el Ayuntamiento ceda suelo público, ahora es la portavoz de Compromís la que vuelve a citar el peligro de la corrupción.

La portavoz de esta formación, Papi Robles, añade este viernes más leña al fuego tras el enfado de Giner con Sanjuán y el anuncio de que si no retira sus palabras irá a los tribunales. Robles asegura que cada vez «que escucho al Partido Popular hablar de colaboración público-privada me pongo a temblar. De hecho, no hace mucho que tuvieron el Caso Colegios, dentro del caso Azud, en el que el Partido Popular lo que hacía era cambiar la clasificación de suelo escolar para regalárselo a empresas que eran constructoras y especuladoras».

Incluso Robles ha afirmado que el «urbanismo es un epicentro de movimiento de dinero y de oscuridad muy peligroso en el que el Partido Popular se maneja muy bien. Y mientras tanto, el Partido Popular, de brazos caídos, con una ejecución de las inversiones en vivienda del 3,9%, prácticamente en octubre. Por tanto, corrupción es lo que están intentando volver a incluir dentro de nuestro Ayuntamiento».

La portavoz de Compromís ha mencionado que recuerda «a un director general de Mazón de Relaciones con las Cortes, llamado Jorge Belllver, que era concejal de Urbanismo en esta ciudad, que tiene una colección de 'Rolex'. ¿Tendremos que empezar a mirarle al señor Giner también que es lo que lleva encima? Porque lo que está haciendo la concejalía de Urbanismo, siendo la mano ejecutora de Catalá, es abrir la puerta otra vez a la corrupción a través del Urbanismo».

En opinión de Papi Robles, «están utilizando de forma vil la mayor necesidad y el mayor problema que tiene esta ciudad, que es el acceso a la vivienda, para volver a hacer chanchullos y negocios y no se lo vamos a consentir».

Por eso ha concluido: «Destaparemos cada uno de los temas que saquen en ese sentido, porque las sentencias han tardado 12 años. Y esta ciudad no puede permitirse perder 12 años de nuevo con la corrupción del Partido Popular. Los echaremos antes y buscaremos que se sentencien esas corruptelas mucho más pronto de lo que ha pasado en el pasado».

Por su parte, desde el ejecutivo municipal, el portavoz del grupo, Juan Carlos Caballero, en su comparecencia tras la Junat de Gobierno, ha cuestionado la política de los dos anteriores gobiernos, los progresistas de La Nau y del Rialto, en este ámbito y ha señalado que a la izquierda "le molesta" que el de Catalá "en tan solo un año haya puesto mecanismos y un plan ambicioso de vivienda".

Caballero ha asegurado que lo que le "molesta a la izquierda es que haya quedado en evidencia cuál fue su gestión en ocho años en política de vivienda. Ocho años en los que se incrementó el precio de la vivienda, del alquiler y en el que la única solución que daban a los ciudadanos era el 'go out', váyase fuera, por los altos precios".

Según el portavos del gobierno local, "en ocho años Compromís y el PSPV sólo fueron capaces de construir 14 viviendas de VPO. Hay que esforzarse mucho para hacer tan poco". Y, a continuación, ha asegurado que lo que les "molesta es que durante el gobierno de Catalá, en tan sólo un año, se hayan puesto en marcha mecanismos y un plan ambicioso de vivienda fijando la vivienda como una de sus principales prioridades de su gobierno".

Ha enumerdado medidas impulsadas por el gobierno de Catalá "como la compra directa de 149 viviendas en Zafranar, las ocho de La Torre, la puesta en marcha de mecanismos como la cesión de derechos de superficie, y permutas de solares que permitirán crear 400 VPO; la construcción directa de Aumsa y los nuevos edificios de Bloque Portuarios".

El portavoz del gobierno municipal ha defendido a capa y espada la gestión de Catalá y ha añadido que "a la izqquierda le preocupa que el gobierno de Catalá amplíe el parque público de viviendas como una de sus prioridades y ya es una realidad, porque el Ayuntamiento ya ha adquirido viviendas para ponerlas a disposición de los ciudadanos de forma más eficaz que hicieron ellos".

Caballero ha concluido haciendo referencia a las denuncias de Compromís y PSPV "ya que el informe de Intervención dice que se está haciendo todo de forma correcta y que el informe de viabilidad económica no determina más que el valor estimativo y las empresas hacen ofertas al Ayuntamiento con un procedimiento administrativo reglado".

También ha mantenido las críticas a las políticas de vivienda del gobierno municipal el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Borja Sanjuan.

Ha alertado de que el gobierno de María José Catalá «sigue dando pasos para entregar completamente la política urbanística de esta ciudad a las empresas que quieren hacer negocio con la vivienda a costa de los vecinos y vecinas de València».

Sanjuán ha hecho referencia de esta manera a la moción que ha aprobado «el concejal de Urbanismo para librar a las promotoras y constructoras del canon que se paga habitualmente para poder quedarse con el suelo municipal donde estaban previsto construir viviendas de protección pública a pesar de que admite que conseguirán un 297% de rentabilidad».

Y añade la siguiente reflexión: «Qué casualidad que, después de que se incorporarse al expediente la evaluación económica para la cesión de suelo público en València que Catalá dejó en manos de un comisionista inmobiliario, el resultado sea que el concejal de Urbanismo haya decidido que no es necesario cobrarle el canon a las empresas constructoras que quieren hacer negocio con las viviendas de nuestros vecinos y vecinas».

«Justo después de conocer esta situación que ha denunciado el propio interventor porque ningún funcionario público ha podido supervisar el documento, hemos podido comprobar que el concejal de Urbanismo, en base a los cálculos económicos que ha hecho este comisionista inmobiliario, ha decidido que no es necesario cobrarle el canon a las promotoras y constructoras», ha incidido Sanjuan.

Y es que, tal y como ha explicado el responsable socialista, este informe es clave para la redacción de los pliegos técnicos que regirán la licitación puesto que los funcionarios deben basarse en sus conclusiones para elaborar el documento definitivo.

Ante esta situación, Sanjuán ha denunciado que todos estos movimientos del gobierno de Catalá con la política de vivienda es parte de «una operación montada para que las constructoras ganen mucho dinero con el suelo público de los valencianos y valencianas. Un plan que pasa por renunciar a construir vivienda pública como estaba haciendo el anterior gobierno progresista para dejarla en mano de quienes hacen dinero con ella», ha finalizado.