El Consell quiere que aparcar deje de ser gratis para los funcionarios del 9 d'Octubre

La gratuidad del parking subterráneo del complejo 9 d'Octubre puede tener los días contados. El Plan de Movilidad de la Generalitat para esta ciudad administrativa, que ahora mismo está en exposición pública, contempla la medida de hacer pagar a los funcionarios que acudan en coche al puesto de trabajo y utilicen este servicio que actualmente tiene una capacidad para 620 plazas.

La propuesta la dio a conocer ayer la consellera de Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, en una visita al barrio de San Marcelino. Aseguró que «el objetivo es trabajar con varias medidas para conseguir una movilidad sostenible».

Como avanzó ayer LAS PROVINCIAS, este mismo plan prevé reducir hasta 30 minutos semanales la jornada laboral a los funcionarios que utilicen bicicletas, patinetes, cualquier medio no contaminante o el transporte público. También contempla aportaciones económicas a los que se desplacen de forma sostenible e incluso obsequios, como camisetas, cascos de bici, pulseras de actividad o maillots. La cuestión es que no sólo incluye medidas para 'premiar' a los que se muevan sin contaminar, sino que además, hará pagar por el uso del parking, un servicio que hasta ahora es gratuito.

«Son medidas para desincentivar la utilización del vehículo privado, por eso recogemos la iniciativa en el plan que está en exposición pública de que paguen por su utilización», indicó Salvador.

A la pregunta de qué cantidad de dinero se ha estipulado para el uso de la instalación, la consellera reconoció que todavía no han fijado o hablado de un precio concreto. En todo caso, no sería un precio de mercado de parking, sino que sería uno simbólico.

La consellera incluso aclaró que ese dinero luego no se destinaría a otro proyecto, sino que se emplearía en medidas para el propio Plan de Movilidad del complejo 9 d'Octubre. María José Salvador indicó que ese montante que pagarían los funcionarios que aparquen en esta instalación «sería el que revertiría en modo de bonificaciones o complemento económico en los trabajadores que se desplacen en medios sostenibles». Es decir, que la cuantía que abonarán los funcionarios que no se desplacen en transportes no contaminantes llegará a los que sí hayan optado por un medio de transporte alternativo.

En cuanto a la cantidad económica que recibirán los trabajadores públicos por desplazarse en bici, patinete o transporte público, la consellera admitió que es un aspecto que todavía no se ha concretado.

El Plan de Movilidad que ahora está en exposición pública podrá recibir alegaciones a esta u otra medida durante los próximos 20 días, unas aportaciones que se estudiarán y se podrán incluir o desestimar.

A la pregunta de cuándo se pondrá en marcha este plan, la consellera indicó que la idea es que se apruebe en el año 2019, por lo tanto, si la medida no sufre cambios, matizaciones y si no se opta finalmente por retirarla, se podría aplicar nada más aprobarse este plan de movilidad.

La responsable de Obras Públicas también detalló que este plan se ha concebido para aplicarlo en el complejo administrativo del 9 d'Octubre «porque es donde más concentración de funcionarios hay, con las cuatro torres y el resto de edificios. En este complejo acuden 2.400 empleados públicos».

A pesar de ello, aseguró que quieren ver «cómo funciona en la ciudad administrativa», pero no descartó en el futuro aplicar estas medidas en otros edificios de las consellerias. Por ello, apuntó que «en todo caso el objetivo es que todos los funcionarios usen el transporte público o vehículos sostenibles».

Todas estas medidas son el resultado de una encuesta que realizaron el pasado año a los funcionarios para saber cómo se desplazaban los trabajadores durante su jornada laboral, entre otras cuestiones.

En los resultados de este estudio, se detalla que el 64% del personal del complejo 9 d'Octubre vive en la ciudad de Valencia. De esta cantidad, el 40% opta por ir a trabajar en vehículo privado motorizado.

Del 35% de la plantilla que vive en otros municipios, se desplazan en vehículo privado motorizado hasta un total del 70%, algo que se vincula con la falta de adecuadas conexiones de transporte público en el área metropolitana.