El Consell pretende cobrar a los vecinos un nuevo impuesto medioambiental

La revisión del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIR) es una de las grandes apuestas de la Conselleria de Medio Ambiente para esta legislatura. La previsión inicial era que se aprobara el año 2017 y entrara en vigor en 2018. No ha sido así. La modificación de este documento, además, todavía se encuentra en sus fases iniciales.

La Conselleria de Medio Ambiente ha incluido en el borrador preliminar del PIR la posibilidad de crear un impuesto autonómico que no aparece en el documento base aprobado en 2013 sobre la gestión de residuos. Esta tasa pretende cubrir «los nuevos costes de amortización y explotación de los Consorcios de residuos y entes locales supramunicipales de gestión».

El plan argumenta que el nuevo impuesto se deriva de «la entrada en vigor sobrevenida del nuevo paquete de economía circular de la Unión Europea» y mantiene que con ello se pretende contribuir «a una financiación adecuada de los servicios públicos de valorización y eliminación de residuos urbanos».

El nuevo impuesto se añadirá a los que ya existen. Actualmente los vecinos pagan a su ayuntamiento una tasa de basuras por los gastos que supone la recogida de residuos urbanos. Además, en algunos planes zonales se superpone otro gravamen por los costes del tratamiento y transporte de la basura. La pretensión del Consell es, de esta forma, impulsar uno más.

La creación de esta nueva tasa responde a uno de los criterios básicos que sostienen la revisión del PIR impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente: el principio de que quien contamina paga. De acuerdo con él, «los costes de gestión de los residuos recaen sobre el poseedor o el productor del producto del que proceden», en este caso todos los vecinos de la Comunitat.

El borrador del PIR evidencia que los redactores del documento son perseverantes. No satisfechos con la paralización de la implantación del sistema de depósito, devolución y retorno de envases (SDDR) ordenado por la titular de la Conselleria de Medio Ambiente, Elena Cebrián, intentan utilizar el plan rector de los residuos para impulsar esta iniciativa pese al abierto rechazo de los empresarios, la oposición del PSOE y las reticencias expresadas por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El sistema implica que el usuario paga un sobrecoste en la compra de un producto (una botella de agua, un refresco, un zumo...) que se le retorna cuando devuelve el envase al comercio en las mejores condiciones posibles. De esta forma, se reduce la generación de residuos, ya que el recipiente no se desecha sino que se facilita la reutilización.

El intento de poner en marcha este sistema generó una fuerte polémica, ya que se encontró con la oposición frontal de los empresarios y el propio presidente de la Generalitat tuvo que intervenir. La consellera de Medio Ambiente anunció en julio que la implantación del sistema se paralizaba para favorecer el diálogo.

La implantación de este sistema fue impulsado por el secretario autonómico de Medio Ambiente, Julià Àlvaro, y por el director general de Cambio Climático y Calidad Ambiental, Joan Piquer. Ambos se sitúan en el entorno de Els Verds-Equo, uno de los partidos que integran Compromís. El proyecto, en cambio, no contó con el aval del PSOE, sus socios de gobierno y la implantación del SDDR generó fricciones entre los integrantes del Consell.

Ahora, los redactores del PIR utilizan el documento para volver a la carga e intentar la puesta en marcha del sistema de retorno de forma indirecta.