El 'contrato del siglo' de Valencia recae en las mismas empresas que lo tenían hasta ahora

Será la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valencia la que oficialice la adjudicación, pero el Servicio de Contratación ya ha informado de la puntuación de cada empresa. Según ese documento, el lote 1 será para SAV por 478 millones, idéntica cantidad por la que FCC cree que puede mantener limpia la zona del lote 2, mientras que el tercer lote será para Fovasa por 222 millones. Del lote 4 se encargará la Compañía Especial de Empleo e Integración, que se embolsará 3,6 millones de euros.

Cabe recordar que el lote 1 comprende los distritos y las playas al sur del cauce. El 2 engloba los barrios al sur del Jardín del Turia. El lote 3 incluye los distritos más grandes, Poblats Marítims y Quatre Carreres, mientras que el 4 se refiere a la limpieza de pintadas.

La división por lotes en la ciudad de Valencia es la misma que se hizo en 2005, cuando se adjudicó el global por 900 millones de euros. El nuevo contrato representa un aumento de 19 euros por habitante, porque pasa de los 93 euros actuales a 112. El primer año el pago es de 80 millones, de los que 42 son para limpieza viaria y 38 para la recogida de residuos. El presupuesto irá aumentando de forma paulatina.

La falta de limpieza es uno de los motivos que más quejas concita en el Ayuntamiento, tal como se puede ver en los informes mensuales de quejas y sugerencias. En todo 2022 se registraron 2.280 quejas por este motivo, que es el mayor en términos absolutos: más de seis vecinos al día llaman al Consistorio para quejarse porque su calle o el parque más cercano están sucios. En 12 de los 19 distritos han crecido las protestas, según los últimos datos. Las quejas también están vinculadas a deficiencias en las calles.

El 'contrato del siglo' entra así en su etapa final, que ha incluido una paralización cuando SAV presentó alegaciones a su exclusión del concurso. La cuestión incluía una respuesta de un técnico municipal a una pregunta sobre el proceso que, a juicio del Tribunal de Recursos Contractuales, modificaba las condiciones del concurso. El Consell Jurídic Consultiu dictaminó que había que permitir la entrada de SAV y la concejalía de Ecología Urbana decidió hacerlo, aunque el dictamen del CJC no era vinculante «y divergía con lo que dice la Asesoría Jurídica Municipal», tal como dijo el pasado mes de octubre el concejal delegado, Sergi Campillo.

Ahora empiezan los trámites finales que, con todo, tampoco son sencillos. Hay que pedir garantías a las mercantiles, por lo que parece poco probable que el contrato se adjudique antes de las elecciones.