La Policía desmantela en Valencia una red de venta de cadáveres a universidades

Cadáveres a 1.200 euros. La denominada 'operación Thanathos' de la Policía Nacional se ha saldado con cuatro detenidos, con edades comprendidas entre los 41 y 74 años, y ha sacado a la luz una gran trama de venta clandestina de cadáveres en Valencia que se dedicaba a proveer de cuerpos a las universidades para prácticas de estudiantes de medicina.

Tras una ardua investigación, los agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Ruzafa arrestaron al gerente, el administrador y dos trabajadores de la funeraria Montesinos de Valencia como presuntos responsables del entramado delictivo. El propietario de la empresa, que se encuentra situada en la calle Sant Esperit en el barrio de Benimaclet, manifestó a LAS PROVINCIAS que desconocía la actividad ilícita que realizaban sus empleados.

También mostró su sorpresa por haber trascendido ahora las investigaciones y detenciones de la Policía Nacional. «A mí me llamaron para que fuera a la comisaría, pero eso fue hace un año. Estuve tres horas declarando y aclaré todo lo que tenía que aclarar», afirmó el gerente de la funeraria. «A mí no me detuvieron. Lo que hacían mis trabajadores lo hacían a mi espaldas», añadió el empresario. Sin embargo, la Policía confirmó este lunes la detención de los responsables de la funeraria en una nota de prensa.

En España, en principio, los cuerpos que se usan en los centros de enseñanza solo pueden ser donados para la ciencia por el propio interesado, sus familiares o la administración y siempre de forma gratuita. La mayoría de los expertos interpretan que el uso de cadáveres se regiría por Ley 30/1979 sobre extracción y trasplante de órganos, que garantiza el altruismo en las donaciones post-mortem, por lo que toda donación debe ser voluntaria y gratuita, por lo que es ilegal comerciar con órganos donados.

No obstante, existe un importante vacío legal en la materia y, la falta de cadáveres disponibles para las prácticas, es un acicate para mafias como la desmantelada ahora. Este grupo basaba su negocio en falsificar documentación para poder retirar los cuerpos de hospitales y residencias de personas con un perfil muy determinado: ancianos sin familiares, personas sin techo o extranjeros. Posteriormente, vendían esos cuerpos que habían sido retirados para darles sepulturas a las universidades por una cantidad que siempre rondaba esos 1.200 euros, según las investigaciones policiales.

Pero ahí no acababa el macabro negocio. Esta organización criminal llegó a facturar 5.040 euros a una universidad por realizar once incineraciones ilegales de cuerpos (que ya habían sido diseccionados), las cuales no aparecían reflejadas en las facturas emitidas por ninguna de las incineradoras que operan en la ciudad.

Los trabajadores de la funeraria investigada retiraron uno de los cadáveres del Hospital Universitario y Politécnico La Fe tras falsificar la documentación de la persona fallecida y llevaron el cuerpo a una universidad para que hicieran prácticas los alumnos de la Facultad de Medicina.

Tras revisar la documentación de los cadáveres utilizados en las prácticas que realizan los estudiantes de medicina de la Universidad CEU Cardenal Herrera en sus instalaciones de Alfara del Patriarca y Castellón, los investigadores detectaron irregularidades en la tramitación de la donación de uno de los cuerpos.

Los trabajadores de la funeraria habían falsificado la documentación, por lo que el cadáver fue devuelto al depósito, sin que los estudiantes realizaran las prácticas, siguiendo las instrucciones de la Policía, según informaron fuentes de la institución académica.

La investigación policial comenzó a principios del 2023 tras tener conocimiento los agentes de la comisaría de Ruzafa que se habría retirado un cadáver de la morgue de un hospital de manera irregular por parte de una funeraria.

Tras falsificar el libro de registro y la documentación presentada en el Registro Civil, los trabajadores de la empresa trasladaron el cuerpo a una universidad para su estudio en vez de darle sepultura.

La persona fallecida debería de haber sido enterrada en su localidad de residencia en un sepelio de beneficencia abonado por el ayuntamiento de dicha población valenciana, pero el cuerpo fue vendido para su estudio por casi 1.200 euros, sin que ningún familiar o amigo hubiera dado el consentimiento.

Los policías localizaron otro caso con el mismo método, aunque esta vez el difunto era un anciano que estuvo ingresado hasta su muerte en una residencia geriátrica. Según la documentación presentada por la funeraria, el propio hombre había autorizado la donación de su cuerpo tres días antes de fallecer.

Sin embargo, los investigadores averiguaron que el anciano tenía menoscabadas sus capacidades mentales, ya que sufría un deterioro cognitivo severo, lo que no le hubiera permitido entender lo que suponía la donación de su cuerpo a la ciencia.

Además, la autorización fue firmada para que remitieran el cadáver a una determinada facultad de medicina, siendo finalmente llevado a otra, la cual pagaba más dinero por el mismo. Según la Policía, los empleados de la funeraria consiguieron mediante engaño que el personal sanitario firmara el cambio de destino del cuerpo.

Los cuatro individuos investigados buscaban a personas fallecidas que no tuvieran familiares, preferiblemente extranjeros, o que hubieran tenido condiciones de vida precarias. De esta forma lograban una mayor impunidad, ya que era más complicado realizar el seguimiento de las donaciones por parte de algún familiar o las autoridades sanitarias.

Los presuntos estafadores trataban de asegurarse de que no detectaran la documentación falsificada, pero los agentes del Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Ruzafa de la Policía Nacional descubrieron el entramado delictivo tras una ardua investigación.

Pero descubrieron más irregularidades macabras. Tras continuar con las pesquisas, los agentes averiguaron que también hacían negocio con las incineraciones de los cuerpos. Una vez que las universidades finalizaban los estudios y prácticas con los cadáveres, tenían que costear las incineraciones y pagar las facturas que presentaba la funeraria por una cremación individual que no realizaban.

La Policía sospecha que los miembros del entramado delictivo aprovechaban la disección y desmembramiento de los cuerpos para introducirlos en los féretros de otros difuntos. Mezclaban restos humanos de diferentes personas fallecidas. Colocaban extremidades diseccionadas bajo cadáveres enteros.

Y de esta forma realizaban en una sola incineración la cremación de varios cadáveres, ahorrándose mucho dinero y facturando más servicios a las universidades. Los investigadores averiguaron que la empresa Rivato 1, que tiene el mismo domicilio social que la funeraria Montesinos, facturó hasta 11 incineraciones irregulares a una misma institución académica.

Según el atestado policial enviado al juzgado, los detenidos «sacaban notables beneficios» con este método delictivo. La Policía continúa las investigaciones para determinar si hay más personas implicadas en los hechos. Los agentes que asumieron el caso realizaron también indagaciones en un crematorio para averiguar si comprobaban los restos humanos que había dentro de cada ataúd antes de las incineraciones.

La Universidad CEU Cardenal Herrera (UCH) aseguró este lunes en un comunicado que sigue un protocolo «muy estricto» en la utilización de cadáveres procedentes de donaciones para uso docente e investigador. La institución académica colaboró con la investigación policial en enero de 2023 en relación con un cuerpo que llegó entonces a la Facultad de Ciencias de la Salud con «irregularidades por parte de la funeraria».

La Universidad CEU Cardenal Herrera facilitó a la Policía toda la documentación de este caso y de todas las donaciones tramitadas con la funeraria investigada. Esta institución recibe entre 10 y 15 cadáveres por año que proceden de donaciones con un estricto protocolo, y únicamente sufraga «los gastos de traslado y cremación de los cuerpos, como es habitual en las universidades».

En otros comunicados, la Universidad Católica de Valencia (UCV) y la Universitat Jaume I, afirmaron este lunes que también siguen «unos protocolos y procedimientos rigurosos» con los cadáveres que se utilizan en las salas de disección para docencia e investigación. Los cuerpos proceden de un programa de donaciones altruistas por voluntad propia del donante o de la familia, y «son tratados con dignidad y en el respeto al anonimato en todo momento».

Las donaciones de cadáveres a las universidades se realizan «para una mejor preparación de los futuros profesionales de la medicina y las ciencias de la salud, pues el conocimiento de la anatomía humana es una parte imprescindible de su formación, y, en definitiva, del mejor servicio a la sociedad que desempeñarán», afirma el comunicado de la Universidad Católica de Valencia.

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