Diecisiete fincas del Ayuntamiento están ocupadas ilegalmente en el Cabanyal

A poco más de un mes para acabar el mandato (la nota tiene fecha de 15 de abril), el gobierno municipal admite en una nota interior a la concejala no adscrita María Dolores Jiménez que 17 inmuebles del Ayuntamiento en el Cabanyal están ocupados ilegalmente, una situación que se remonta a varios lustros atrás.

La enumeración de las calles es harto conocida porque se encuentra en la zona más degradada. La cifra de 17 viviendas, en ocasiones inmuebles completos, ha fluctuado a lo largo de los últimos cuatro años, aunque lo más criticable para Jiménez es que «desde el gobierno tripartito da la sensación de que no han hecho nada porque el problema continúa y es muy evidente. A cinco semanas del final del mandato, todo sigue igual».

El llamado problema social es lo más destacado por las asociaciones vecinales como tarea pendiente para el próximo mandato. Las viviendas se encuentran en las calles Barraca, Guillem Escrivà, Manuela Estellés-Marino Blas de Lezo, Padre Luis Navarro, Progreso, Salvador Allende y el fallido bulevar San Pedro, donde se concentran media docena. La relación acaba con Vidal de Canelles y Yáñez, en lo que respecta a los inmuebles del Consistorio.

Las ocupaciones ilegales son la lacra del Cabanyal y el Canyamelar por los problemas de convivencia que arrastra. Jiménez señaló que «ni la señora Gómez ni el señor Ribó se han preocupado de entregar esas viviendas a las familias necesitadas de esta ciudad y que cumplen todos los requisitos fijados por la normativa».

Jiménez forma parte de la candidatura de Vox para la alcaldía de Valencia, ocupando el cuarto lugar. «Es inaceptable que sabiendo desde 2015 que esas viviendas están ocupadas ilegalmente, que los servicios jurídicos municipales tengan conocimiento de ello, o que incluso hace un año en una se incautó una plantación importante de marihuana, nadie de los que forman el gobierno se haya preocupado por poner fin a esta situación».

Como publicó LAS PROVINCIAS, la concejalía de Vivienda sólo ha iniciado obras en dos de las 16 casas de propiedad municipal donde se ha previsto ofrecer pisos después de su rehabilitación. La lentitud desesperante del proceso administrativo ha conducido a este escaso balance, donde el grueso de los proyectos se ejecutará el próximo mandato.

La propiedades del Consistorio, igual que el resto del barrio, está pendiente de la aprobación del Plan del Cabanyal, un documento que sustituye al que incluía la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, y que se encuentra ahora en pleno proceso de contestación de las alegaciones. Fuentes de la concejalía de Desarrollo Urbano no precisaron si esto podrá realizarse antes de que acabe el mandato.

El último pleno municipal se celebró en abril y no habrá ningún otro salvo que sea por un motivo extraordinario. La campaña electoral se inicia el viernes, por lo que el plazo es realmente corto en caso de que quieran convocar uno extraordinario. Lo más probable es que sea el futuro gobierno el que tenga la última palabra sobre este plan y las ocupaciones ilegales que afectan a las propiedades públicas.

De manera paralela avanza el proceso de permuta de inmuebles y solares del Consistorio con la empresa Plan Cabanyal, formada con la Generalitat y que tiene en cartera la demolición de dos fincas en la zona cero. La primera ya tiene permiso de la comisión de Patrimonio, aunque no ocurre lo mismo con la segunda, todavía pendiente. Las fincas carecen de cualquier valor patrimonial, aunque al estar situadas dentro de la zona protegida, requieren de autorización de este organismo. El nuevo plan prevé la construcción de un millar de viviendas y varios equipamientos públicos, además de fijar la rehabilitación del resto.