«Lo primero que necesitamos es información de todo lo que está pasando». El presidente de la asociación de empresarios de la Marina, Javier Andrés, mostró así su preocupación por la situación actual de este espacio del puerto de Valencia, que el lunes vivió ... el acto de liquidación de la entidad que ha gestionado la dársena desde la Copa América de vela. La disolución del Consorcio Valencia 2007 puede durar hasta un año, lo que alerta a todos los concesionarios: «No queremos que siga paralizada».
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Se trata de un momento clave para las empresas que han invertido en la Marina, con el inicio de la temporada de verano y tras una pandemia que ha servido a millones de personas para conocer este espacio. La renovación de las concesiones, la llegada de nuevos proyectos o cualquier incidencia necesitan por lo tanto una respuesta rápida. «Lo más importante es que se siga trabajando, no se puede paralizar la Marina un año más», dijo en referencia a todos los procesos administrativos para sacar adelante las concesiones.
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El propio plan estratégico de la entidad realizado en el primer mandato de Compromís y PSPV fijaba una serie de objetivos establecidos por años, de los que se han cumplidos pocos o ninguno. Al menos 17 ejemplos suman la relación de asuntos pendientes, como la apertura de la estación Marítima, el hotel o el varadero industrial.
Són sólo algunos casos, además de otros equipamientos como el Museo del Mar, un circuito de running, la reforma de los tinglados o el Poblado Náutico. Los Docks aparecen por ejemplo como un equipamiento cultural y recreativo que debía estar abierto en 2020, mientras que el espacio de innovación en el Tinglado 5 se reservaba como la guinda, con la apertura un año después.
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Nada se ha movido de todas esas cuestiones, aunque lo peor para Isabel Gil, presidenta de la asociación de empresas náuticas, es la «sensación de inseguridad» que deja el anuncio de que la comisión liquidadora del Consorcio tardará entre seis meses y un año en acabar su trabajo, o que tanto el alcalde Joan Ribó y la consellera de Política Territorial, Rebeca Torró, fueran incapaces el lunes de detallar cómo será el nuevo organismo que gestionará la dársena interior y la bocana.
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Para Gil, además, lo que se ha perdido los últimos años es la referencia de que este espacio debe tener vocación náutica. «Sólo se habla de innovación, pero se olvidan de todo lo demás». Y apunta un dado demoledor para avalar esta afirmación: «Nos dijeron que íbamos a estar en barracones un año y ya llevamos once. ¿Qué pasa con el Poblado Náutico?».
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Es un concurso más que de manera inexplicable se ha frenado estos dos mandatos. «Si me preguntas si la Marina está paralizado, es obvio que sí». Y cita otro caso, como el del varadero industrial, inexistente salvo en el plan de usos. «Se están yendo a reparar yates y otros barcos fuera de la Marina, estamos perdiendo oportunidades», se lamenta.
Andrés representa a un centenar de empresas. «Sólo pido que se tenga en cuenta la voz de las empresas», asegura en referencia a la obligación de la Administración de dar la máxima información de todo lo que está pasando. «La reunión del consejo de ayer fue la primera en más de seis meses», cita, para destacar su incomprensión de que no hayan salido todavía concesiones como la de la parcela hotelera o la propia estación Marítima, desbloqueada tras un litigio judicial por un accidentado concurso, por calificarlo de una manera suave.
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Ribó avanzó el pasado lunes que hablaría ayers con el presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, para «explicarle» la manera en que se gestionará la Marina hasta que se formalice la creación del nuevo consorcio. En este sentido, fuentes del Puerto rechazaron ayer valorar la situación de la dársena, para emplazar a lo que ocurra a partir de ahora al Ministerio de Transportes, a través de Puertos del Estado.
«La gestión no se puede parar por temas administrativos», reitera Andrés. La voluntad de la Generalitat, como desveló el domingo el presidente Ximo Puig, es pedir que la Marina se convierta en un puerto autonómico, de tal modo que al futuro consorcio aportaría la lámina de agua y, sobre todo, los amarres tanto de la dársena como de la bocana exterior. Para esto no hay plazos, como en el resto, aunque fuentes conocedoras del proceso aseguraron que está bastante adelantado.
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No obstante, el artículo 3.6 de la Ley de Puertos del Estado que permite la segregación no ha sido puesto en práctica nunca. Necesita un aval de Puertos del Estado, así como un decreto aprobado en el Consejo de Ministros, tras lo que se modificaría la zona de servicio del Puerto. Pero igual de importante es comprobar que no haya un efecto dominó, dado que otras ciudades como Barcelona o Bilbao, por citar dos casos, podrían hacer la misma reclamación que el Consell.
De momento son todo incógnitas entre los empresarios: «¿Si llegan los plazos de renovación de las concesiones qué hacemos?», se pregunta Isabel Gil, para hacer un ruego final. «Esto es una marina náutica, de lo que nadie se acuerda».
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