La EMT exige a Zafra que pague el coste del proceso judicial contra ella

Según el texto al que ha tenido acceso este periódico y que la empresa entregó a los consejeros como paso previo al consejo de administración extraordinario convocado el jueves por la tarde, que se celebró este viernes a las 12 horas, los abogados de la EMT consideran que Zafra es « responsable contable por alcance en tanto que su comportamiento ha dado la ocasión a un tercero a sustraer los fondos públicos cuya gestión tenía encomendados y de los que debía, por tanto, dar cuentas» a la empresa.

«La demandada tenía la consideración de gestora de fondos públicos y debe responder como cuentadante por el saldo negativo causado en las cuentas de esta sociedad pública como consecuencia de haber propiciado que se realizasen ocho transferencias por más de cuatro millones de euros a unas cuentas chinas«, indica el documento. Los letrados creen que Zafra se considera gestora de fondos públicos «al participar en la administración, custodia y manejo de los fondos públicos de esta empresa y haber quedado los fondos perjudicados a su disposición con ocasión del ejercicio de sus funciones».

Además, los abogados consideran, como defendieron en el juicio laboral, que Zafra les ocultó información al imprimir todos los correos electrónicos intercambiados con los ladrones. La empresa defiende que no imprimió los DNI que envió a los estafadores, pero Zafra siempre ha insistido en que aunque no imprimió los documentos para no airear más datos personales, sí aparecían como adjuntos en el correo.

El consejo de administración, pese a todo, no fue tranquilo. Al término del mismo, el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, envió un comunicado en el que destacaba que los miembros del consejo pudieron preguntar «todas sus dudas al abogado encargado del procedimiento por el fraude contra EMT en el Tribunal de Cuentas, con total transparencia». «El abogado, que tiene una amplia experiencia y durante 22 años ha sido letrado del Tribunal de Cuentas, ha explicado que el procedimiento es muy claro. Después de la liquidación provisional emitida por el Tribunal que apunta a Celia Zafra como presunta responsable, la empresa tiene la obligación de presentar demanda para recuperar el dinero público. De hecho, el abogado ha explicado que, en caso de no hacerlo, habría posibles implicaciones para los miembros del Consejo de Administración, porque estaríamos faltando a nuestro deber de recuperar dinero público de todos los valencianos y valencianas», explicó el concejal de Movilidad. Los consejeros preguntaron también por la posible responsabilidad de Caixabank. «El abogado ha señalado que, aunque se saltó los mecanismos de control que hubieran evitado que se realizaran las transferencias, no se le puede exigir responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas porque la entidad bancaria no es gestora de fondos públicos. No obstante, EMT ya ha emprendido acciones judiciales en el juzgado de instrucción número 18 contra Caixabank por un presunto delito de blanqueo de capitales», recordó.

«Ha quedado claro que todas las acciones legales que emprende EMT en los juzgados se toman bajo criterios jurídicos. Por mucho que el PP intente tapar sus vergüenzas judiciales que hemos conocido esta misma semana, no lo ha conseguido», indicó el presidente de la EMT, que aprovechó para recordar que el PP de la ciudad «tiene a toda su cúpula local encausada por blanqueo de capitales, y es una herencia que permanece todavía con varios de sus asesores involucrados». Grezzi aprovechó para tildar de «escandaloso» que el PP envíe habitualmente a recoger información a la EMT a un asesor a punto de sentarse en el banquillo de los investigados.

El concejal de Ciudadanos Narciso Estellés criticó que el presidente de la EMT «mezcló a propósito los conceptos de Consejo Extraordinario con el concepto de la urgencia propia de convocarlo. Se ha entregado a los consejeros de la EMT la documentación jurídica con muy pocas horas de antelación para su estudio. Cuando todos los demás consejeros, incluidos los del PSPV, hemos elevado la misma dura queja, Grezzi debería haber llegado a la conclusión de que sus actuaciones en el Consejo son propias del sectarismo político y el nulo rigor empresarial».

Sobre el consejo en sí, Estellés desveló que desconocían una segunda demanda presentada ante el Tribunal de Cuentas sobre las jubilaciones parciales en la que también intervino el mismo abogado. «No tenía conocimiento previo», indicó el concejal, que también criticó que el letrado tampoco supiera nada «de los pormenores del cese del anterior gerente», Josep Enric Garcia.