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«Ha entrado el miedo». Con esta significativa frase, Sebastián Cucala explica cómo en el Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón que preside ha repercutido el doloroso impacto del siniestro de Campanar en forma de un incremento «constante» de consultas entre sus colegiados desde las comunidades de propietarios valencianas a las que prestan servicio. Cucala atiende a LAS PROVINCIAS desde la oficina instalada por el Ayuntamiento en Tabacalera, donde responde junto a otros compañeros las dudas que les trasladan las víctimas del incendio. Es un servicio «voluntario», que el Colegio ofrece de manera altruista, donde dan respuesta a las consultas «más de los arrendatarios que de los propietarios».
Su dramática experiencia justifica que desde el viernes en el Colegio se haya registrado un «constante» incremento de llamadas desde comunidades de propietarios de Valencia que quieren mejorar la dotación de seguridad de sus edificios. «No es que estemos desbordados», explica, «porque en realidad sólo se ha podido prestar atención desde el viernes, pero sí es verdad que los colegiados nos avisan de que tienen muchas llamadas para que les orientemos». ¿En qué sentido? ¿Qué clase de recomendaciones se emiten desde la entidad? «Sobre todo son edificios que carecen incluso de extintores y quieren instalarlos y les explicamos cómo tienen que obrar», responde.
Pero la alarma, el miedo al que apela Cucala, ha prendido con intensidad especial entre otras comunidades de propietarios de Valencia que pretenden dotarse de sistemas de protección contra el fuego más sofisticados. Por ejemplo, la instalación de equipos de alarma acústica que se sitúan en los rellanos y emiten una sirena de alerta cuando detectan humo en el interior del edificio. Según el Colegio, la preocupación es tan evidente y generalizada que han percibido un incremento de consultas «no sólo desde edificios con una tipología similar al de Campanar, con esa clase de fachada, sino también de otros más antiguos, que se construyeron en ladrillo caravista o mortero».
A todas esas consultas responden los mil colegiados que entre Valencia y Castellón están registrados (1.500 si se añade la cifra de Alicante), que se enfrentan a la obligación de asesorar a sus clientes recordando que desde 1996 es preceptivo dotarse de esa clase de medidas de seguridad y les informan de que en los casos de edificio de mayor tamaño o altura más acusada deben disponer además de sistemas adicionales a la simple ubicación de extintores en las zonas comunes: detectores de humo, señales acústicas e incluso lo que llaman «columna seca», un dispositivo que permite actuar a través de él a los bomberos en los supuestos de incendios en rascacielos. También deben contar con un sistema de accesos sectorizados «que facilite el acceso de los equipos de extinción si se declara un siniestro».
Cucala subraya que su entidad se encarga de «velar para que aquellos edificis que tienen la obligación de dotarse de medios de protección sí que cumplen los requisitos que también cumple con las revisiones» establecidas legalmente. Y en el caso concreto del asesoramiento que ofrecen a quienes vivían en el edificio de Campanar, su labor se concreta en dar respuesta a una serie de dudas dominantes. La principal, «saber qué va a pasar con sus casas». Es decir, si la torres se tienen que demoler y en ese caso qué ocurrirá en el futuro. También les plantean dudas sobre si la comunidad de propietarios del inmueble «va a continuar operativa o no», preguntas para las que ahora mismo no se puede ofrecer una respuesta detallada: «Es prematuro». Recuerda que la mayor parte de los propietarios ha gestionado estas cuestiones «a través del seguro particular y el de la comunidad», subraya cómo desde el Colegio Notarial se está facilitando a los afectados copias de las escrituras y apunta que en la letra pequeña de cada seguro del hogar firmado por los inquilinos reside la contestación a muchas de las preguntas que ahora mismo carecen de respuesta: «Depende del que cada cual haya contratado, claro».
Y depende también de otra dramática circunstancia: para valorar los daños registrados en el anterior de cada domicilio, las labores de peritaje tropiezan con un inconveniente imposible de soslayar: la destrucción total del edificio. «Dado su estado», concluye Cucala, «habrá cosas que los seguros tendrán que dar casi por supuestas».
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