Lola Soriano Pons
Valencia
Miércoles, 5 de junio 2024, 00:37
El Ayuntamiento de Valencia ha anunciado esta semana su quinta subasta de propiedades públicas de la oficina Plan Cabanyal, con quince casas y pisos que fueron adquiridos por el Consistorio o la Generalitat y precios que oscilan entre los 711 euros y los 2. ... 045 euros por metro cuadrado, cuando en 2023 el precio medio de salida fue de entre 600 y 800 euros el metro cuadrado, si bien luego en la puja la cifra subió y se llegaron a pagar entre 774 euros por metro cuadrado y hasta 1.951 y 2.493 euros metro cuadrado por varias propiedades.
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En la última subasta fueron 258 las personas que pujaron por una de las catorce propiedades públicas que se pusieron a la venta, pero la cuestión de fondo es que el interés por comprar una vivienda en el Cabanyal y el Canyamelar es tal, que la demanda también ha subido como la espuma en el sector privado.
En las inmobiliarias no para de crecer el número de visitas y llamadas preguntando por casas y pisos en el barrio marinero y en la mayoría de los escaparates de las agencias figuran las fotos de ofertas con el cartel de 'vendido' o 'reservado'.
En este momento, las demandas superan con creces las ofertas, que llegan en cuentagotas. Buena prueba de ello, es que en cuatro de las inmobiliarias que operan en el barrio reconocen que tienen una lista de espera importante de compradores interesados. Entre las cuatro agencias consultadas suman unos 630 potenciales clientes a la espera de adquirir una propiedad.
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Como explica Edgar Tamarit, director de Área Marítima, en la calle Mediterráneo, «la gente busca casas en esta zona. El Cabanyal se ha puesto de moda, como hace unos años pasó en Ruzafa». Indica que la gente extranjera está comprando mucho, sobre todo belgas, italianos, noruegos, franceses y finlandeses.
Entre las tres agencias de esta firma asegura que son medio millar de personas las que están esperando poder comprar una vivienda en la zona, y de esa suma total, unas 200 personas demandan casas típicas del Cabanyal, de planta baja y una altura, sn comunidad de propietarios.
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Desde la inmobiliaria Distrito Cabanyal, en la calle Antonio Juan, cerca de la iglesia de Los Ángeles, su gerente, Carlos Aguirre, señala que hay una demanda continua. Asegura que cuenta con entre 30 y 40 personas en espera de encontrar una propiedad en el Cabanyal y Canyamelar.
Aguirre detalla que ahora mismo los precios de venta del mercado en el barrio marinero se han situado en los 2.800 y 3.000 euros por metro cuadrado, «una cantidad similar a zonas del Ensanche como es el caso de Ruzafa o calles como Isabel la Católica o Cirilo Amorós».
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Si bien en el caso de la subasta pública de Plan Cabanyal, se ha producido un aumento de precios de la edición de 2023 a la actual de 2024, en algunos casos del 50%, al quedarse entre 711 euros y hasta los 2.045 euros (frente a los 774 euros y hasta 2.493 euros), queda demostrado que en el mercado privado la situación es todavía más delirante.
La demanda es tan fuerte que, el gerente de esta inmobiliaria afirma de forma simpática que puede «presumir de tener un escaparate con todo vendido».
En cuanto a precios, desde Área Marítima, por ejemplo, Edgar Tamarit explica que para poder comprar una casa típica del barrio se «precisan como mínimo 300.000 euros y un piso con ascensor el mínimo es de 200.000 euros».
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Llama la atención los precios que están alcanzando en el Cabanyal y Canyamelar ya los pisos que no tienen ascensor. Así, por ejemplo, como describe Carlos Aguirre de Distrito Marítimo, «una vivienda en una cuarta planta sin ascensor en la calle Cura Planells, de 61 metros cuadrados, con tres habitaciones y un baño, se ha vendido por 130.000 euros, y llegaron a estar interesadas para visitar el pisoo hasta 38 personas».
Otro caso es un primer piso sin ascensor en la calle Padre Luis Navarro, de 58 metros cuadrados y para reformar, que se vendió por 115.000 euros «y no duró ni una semana la oferta».
En otra inmobiliaria referente, en Francisca Mayor, son unas 65 personas las que están en lista de espera. «Tenemos medio centenar de clientes que están a la espera de que entren pisos por entre 150.000 euros y 200.000 euros en el Cabanyal y otras quince personas para casas típicas por encima de 200.000 euros», indica Esther Pérez Mayor, agente internacional de esta firma.
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En cuanto a perfil de los clientes, añade que hay muchos demandantes extranjeros, de Bélgica, Holanda, Alemania «y también de Polonia, huyendo de la cercanía de la guerra de Ucranía».
Esther comenta que la demanda de viviendas en esta zona marítima es muy alta «y la oferta muy escasa, porque sólo llega cuando entran pisos por herencias o algunos en alquiler».
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Desde las distintas inmobiliarias también reconocen que muchos de los dueños de los pisos quieren sacar sus propiedades al mercado por precios altos, sabiendo que buena parte de los demandantes son extranjeros y manejan una economía superior a la nacional, y que cuesta hacerles ver la realidad.
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En otra inmobiliaria que prefiere no identificarse, aseguran que también tienen una gran demanda. «No hay día en el que no entren entre 20 y 25 personas preguntando por una casa o piso» y añaden que la «venta de viviendas que entran no duran más de una semana». Y citan como ejemplo un piso sin ascensor, de ochenta metros cuadrados, con tres habitaciones y un baño, en la calle Conde Almenara por 130.000 euros.
El concejal del Grupo Municipal Socialista Borja Sanjuán anuncia que su formación ha presentado una moción para el próximo pleno con el objetivo de que María José Catalá pida a la Generalitat Valenciana la declaración de zona tensionada, en aplicación de la Ley de Suelo. «No queremos que llegue tarde, como le ha sucedido con la moratoria de apartamentos turísticos», ha advertido.
Sanjuán ha hecho referencia al desalojo de 32 inquilinos de un edificio de Benimaclet y ha añadido que en ese barrio «decenas de familias están siendo desahuciadas por un fondo buitre, con maniobras de acoso inmobiliario, es el ejemplo de que la moratoria no basta para frenar estas acciones de abuso».
El concejal asegura que Valencia «tiene que declararse ya como zona tensionada para evitar que fondos especuladores como estos crean que es rentable echar a familias para después reponerlas por alquileres que son absolutamente impagables», y ha apuntado que «no basta con decir que hasta 2025 no se van a conceder nuevas licencias, cuando en un solo año Catalá ha conseguido que haya más apartamentos turísticos que viviendas en alquiler».
El concejal socialista ha hecho hincapié en que el Gobierno municipal «tiene que ponerle freno para siempre al acoso inmobiliario y a la turistificación que está sufriendo la ciudad de Valencia».
Por su parte, desde el PP han contestado que en los «gobiernos de la izquierda en los últimos 8 años no hicieron nada para frenar el incremento precios y la falta de viviendas de protección pública. Tampoco hicieron nada para para frenar el incremento de viviendas turísticas».
Añaden que ha sido «el actual Gobierno municipal de la alcaldesa María José Catalá, el que ha aprobado una moratoria de autorizaciones de apartamentos y ha impulsado un ambicioso plan para la construcción de viviendas pública y de alquiler asequible».
Recuerdan que, en la actualidad, el Ayuntamiento «está gestionado la construcción de 846 Viviendas de Protección Pública (VPP) y alquiler asequible y que ha impulsado un plan de inspecciones de apartamentos ilegales. En los primeros cuatro meses del año se pusieron cerca de 200 denuncias, mientras que en todo el año 2022 no llegaron a las 80».
Por otro lado, y volviendo a la venta de propiedades públicas de Plan Cabanyal, desde el PSPV, la portavoz Sandra Gómez, esta martes ha vuelto a cargar por los altos precios de salida de la subasta. Según ha denunciado, «María José Catalá se ha puesto a la cabeza de la especulación en el Cabanyal-Canyamelar, y ha convertido el Plan Cabanyal en una agencia inmobiliaria que vuelve a la gentrificación del PP para expulsar a las familias de los barrios impidiendo que puedan comprar las casas».
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Sandra Gómez afirma que estarán «atentos a quienes son los adjudicatarios de la subasta, porque con esos precios los vecinos lo van a tener muy difícil. Sin embargo, han dejado la pista libre para que sean empresas las que se hagan con las viviendas o solares, que son las que se lo pueden permitir».
Además, ha denunciado que Catalá «ha eliminado 30 viviendas públicas del edificio de Astilleros destinados al realojo de Bloque Portuarios, donde se preveía construir alrededor de 80 viviendas y lo han reducido a 51, lo que supone una pérdida importante de vivienda pública».
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Por eso, opina que mientras, «Plan Cabanyal ha valorado el precio de compra a los propietarios de Bloque Portuarios de sus viviendas entre 600 y 800 euros el metro cuadrado, mientras el Ayuntamiento vende hasta a 3.000 euros el metro cuadrado casas en ruina o solares».
Y la socialista concluye que con «estas valoraciones van a hacer que las personas que viven en los Bloque de Portuarios se vean en la calle, porque con lo que les ofrecen por comprar sus viviendas no van a poder pagar una vivienda, ni en el nuevo edificio de Astilleros ni en ningún sitio».
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