La exedil condenada por jalear la muerte de Víctor Barrio organizó la protesta por Hasel en Valencia

La concentración que desencadenó los graves disturbios el pasado jueves en el centro de Valencia fue organizada por una exconcejal de Guanyar Catarroja, considerada marca blanca de Unidas Podemos, y convocada por la organización juvenil de la izquierda independentista catalana Arran.

La exedil Datxu Peris, que tiene antecedentes penales, comunicó por escrito la celebración de la protesta, aunque fuera de plazo, a la Delegación del Gobierno, que no la prohibió al considerar el carácter urgente de la misma, y esgrimió la libertad de expresión, el apoyo al rapero Pablo Hasel y el derecho a la manifestación entre los argumentos para celebrar la concentración en la plaza de San Agustín.

Peris fue condenada a indemnizar con 7.000 euros a la viuda y los padres del torero Víctor Barrio, y a retirar también los comentarios que difundió en Twitter cuando el diestro falleció al ser corneado en 2016.

Vinculada a varios grupos de extrema izquierda, la exconcejal recurrió la sentencia de la Audiencia de Segovia, pero el Tribunal Supremo ratificó la condena por intromisión ilegítima del derecho al honor de Barrio, a quien llamó «asesino» y se alegró de su muerte. Tras se expulsada por su partido, Peris no renunció a su acta de concejal y terminó la pasada legislatura.

Horas antes de los graves incidentes del jueves, la organización juvenil Arran difundió un cartel, bajo el lema 'Estem fartes', en el que llamaba a concurrir a la protesta «per la violència policial, Pablo Hasel, Linares, la crisi i la llibertat d'expressió». La convocatoria era para las 19 horas del 18 de febrero en el centro de Valencia.

Mientras la mecha de los disturbios comenzaba a arder en las redes sociales, con algunos tuits incendiarios, la Policía Nacional preparaba un dispositivo con tres anillos de seguridad y más de 200 agentes uniformados y de paisano para intervenir, con el apoyo de un helicóptero, ante cualquier incidente violento.

El principal objetivo que se habían marcado el subdelegado del Gobierno en Valencia, Rafael Rubio, y los mandos de la Policía Nacional era evitar las algaradas, los saqueos de tiendas, los incendios de contenedores y las cargas de los agentes antidisturbios.

Los violentos incidentes ocurridos en Barcelona y otras ciudades españolas habían puesto en alerta a la Jefatura Superior de Policía de Valencia, que diseñó un plan de seguridad para impedir desórdenes en las calles del centro de la ciudad. Otra medida adoptada para prevenir incidentes fue la retirada de algunos contenedores en la plaza de San Agustín y otras calles cercanas para evitar posibles incendios.

Momentos antes de que comenzaran los disturbios, un mando de la Policía Nacional trató de negociar con los cabecillas de la protesta un recorrido de una manifestación por la calle San Vicente Mártir hasta la plaza de la Virgen. Aunque sólo tenían autorización para celebrar una concentración, la Policía quería ser permisiva y estaba dispuesta a consentir que avanzaran y cortaran el tráfico si con ello evitaba algaradas.

La Policía también pretendía impedir las aglomeraciones de gente para prevenir contagios de Covid-19, pero la mayoría de los asistentes no guardaba la distancia de seguridad recomendada por las autoridades sanitarias. Algunos no estaban dispuestos a negociar nada. Prueba de ello fueron los primeros empujones y embestidas para romper el cordón policial mientras proferían graves insultos contra los agentes.

Tras unos minutos de tensión, los radicales desoyeron los llamamientos al orden y comenzaron los lanzamientos de piedras y botellas, las cargas policiales y la quema de contenedores y papeleras. Los disturbios se saldaron con nueve detenidos, que fueron puestos en libertad al día siguiente por el juez de guardia, y una quincena de heridos entre policías y manifestantes.

Tras estos graves incidentes, el secretario regional del sindicato Justicia Policial (Jupol) en la Comunitat, Sebastián Gómez, solicitó que se analicen los vídeos de la concentración para sancionar a los organizadores, ya que los desórdenes fueron provocados por varios cabecillas de la protesta.

«Nosotros celebramos al día siguiente otra concentración en apoyo de la Policía y cumplimos todas las normas, incluido el distanciamiento de personas para prevenir contagios de Covid, y entendemos que deben sancionarlos porque no adoptaron medidas de seguridad para evitar que los manifestantes alteraran el orden», afirmó el dirigente del sindicato Jupol.