La Federación vecinal apoya la tasa turística y reclama que se destine a rebajar la «burbuja inmobiliaria»

La presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, se ha reunido este viernes con la portavoz de Compromís en Les Corts, Papi Robles, para presentarle la encuesta realizada entre las asociaciones vecinales sobre la tasa turística, iniciando así una ronda con todos los grupos parlamentarios Según se desprende de los resultados de la consulta, un 72% de los participantes se han mostrado favorables a la implantación, pero siempre que se invierta en «medidas para contener los efectos adversos del turismo masivo en la ciudad y de la burbuja inmobiliaria que lleva aparejada», señalaron desde la federación.

Como señaló la presidenta vecinal, en el movimiento vecinal «somos favorables a la implantación de la tasa turística en Valencia, especialmente desde que se le ha otorgado la distinción de Ciudad Turística, pero esta no es la única medida posible, son necesarias políticas públicas para contener el cambio indiscriminado de usos (de residencial a terciario hotelero), la desaparición de la vivienda de alquiler y la sobresaturación del espacio público y la defensa del comercio tradicional y de proximidad».

La tasa debe servir a su juicio como «contribución a la conservación de los bienes y servicios que la ciudad ofrece, pero también es necesario el desarrollo de políticas urbanísticas que contengan los desahucios, las subidas de los precios del alquiler, o la degradación de los espacios públicos».

En el caso de Valencia, el acuerdo del gobierno municipal de Compromís y PSPV pasa por apoyar la tasa, con el matiz de que sea aprobada cuando los datos de afluencia y pernoctaciones sean al menos iguales que las registradas en 2019. En un reciente pleno, una moción apoyada por los grupos de la oposición fue rechazada con ese argumento.

Broseta señaló que la redacción del Plan de Ordenación de Recursos Turísticos previsto en la Ley de Turismo «ya debería estar en la agenda de normativas a desarrollar por el Ayuntamiento para frenar la presión especulativa sobre las viviendas y la degradación de barrios enteros».

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