El fraude de la EMT encalla en los tribunales cinco años después

Hace exactamente cinco años, la EMT estalló. Cuatro días después, la empresa convocaba a los medios de comunicación a una rueda de prensa sobre hechos que afectaban al patrimonio de la empresa. Allí, en una tarde soleada, Giuseppe Grezzi y Josep Enric Garcia Alemany, presidente y gerente de la EMT, anunciaban que habían sido víctimas de una estafa. Alguien había robado cuatro millones de euros. Se enteraron tal día como hoy hace media década. No se sabía mucho más entonces. Hoy, cinco años después, el trabajo de la comisión de investigación y de medios como LAS PROVINCIAS ha permitido desvelar casi todos los detalles del caso. Es en la justicia donde ha encallado la cuestión. Cinco años, cuatro millones y cero responsables es el triste saldo de un fraude que, por ahora, sólo tiene una única culpable: Celia Zafra, la exdirectiva despedida que, si el Tribunal de Cuentas no cambia de opinión, tendrá que devolver cuatro millones de euros que, claro, no tiene.

Vamos a hacer una recopilación. Intentaremos que sea rápida, pero no prometemos nada porque el tema es complejo. En veinte días de septiembre de 2019, entre el 3 y el 23, una trama de ladrones intercambió decenas de correos electrónicos con Zafra, que entonces era directora de Administración. Lo hizo en una suerte de tormenta perfecta, dado que ninguno de sus superiores trabajaba ese mes. Durante ese intercambio, los ladrones convencieron a la veterana trabajadora de que pertenecían a la firma de abogados Deloitte e, incluso, que Grezzi estaba al tanto de lo ocurrido. Confiada, sí, quizá demasiado, también, Zafra ordenó nueve transferencias a cuentas del Bank of China en Hong Kong. Allí murieron más de 4 millones de euros de dinero público que, tal como hicieron creer los ladrones a Zafra, la EMT destinaba para comprar una mercantil en China. Obviamente, esa adquisición no era real. Cuando Garcia Alemany volvió de sus vacaciones, así como el trabajador de Caixabank que solía trabajar con la empresa, el segundo se puso en contacto con el primero, le preguntó por la compra misteriosa y a Garcia Alemany se le pusieron los ojos como platos. Él no la había ordenado, claro. Grezzi tampoco, lo sabría. Lo paró todo, mandó llamar a Celia y cogió el teléfono. «Nos han robado cuatro millones», le dijo a Grezzi. Celia fue despedida con cajas destempladas («coge tus cosas y vete, ya») y el tema saltó a la palestra judicial y mediática.

Y fue en la primera donde encalló. La denuncia por el robo, una vez recopilados todos los correos electrónicos donde se comprobaba cómo se dio el engaño y conociendo ya, gracias a un informe de Telefónica, que no había habido ataque informático alguno, llegó al instrucción 18, uno de los juzgados más colapsados de Valencia, especializado en temas de corrupción. Y en esa roca naufragó el tema. Desde entonces, hasta hoy, la instrucción se ha prorrogrado en decenas de ocasiones, de seis meses en seis meses. La última, aprobada en junio de 2024, termina en enero de 2025, y todo parece indicar que volverá a ampliarse.

Además, se está a la espera de que las partes respondan a una petición del Ayuntamiento de Valencia de que se investigue CaixaBank, el banco que autorizó las transferencias mediante una carta de pago que los ladrones mandaban firmadas gracias a que Zafra les había enviado los DNI de la directora económica, María Rayón, y el gerente Garcia Alemany. Unos correos, en los que adjuntaba estos documentos, que además ella no imprimió cuando aquel 23 de septiembre de 2019 la abogada de la empresa, Virginia Álvarez, y el gerente le trasladaron su despido por razones disciplinarias. El Consistorio quiere dirigir la acción judicial contra el banco, consciente de que Zafra, por mucho que el Tribunal de Cuentas la haya considerado responsable contable de la 'desfeta', no dispone del dinero, que no se ha recuperado. La EMT sólo ha conseguido unos 100.000 euros, que es lo que quedaba en las dos cuentas del Bank of China cuando las autoridades hongkonesas las intervinieron. En el país asiático, por cierto, fueron condenados dos ciudadanos chinos que están desaparecidos desde entonces. La sentencia llegó pocos meses después.

En España, la justicia contable y la laboral sí fueron rápidas. A Zafra se la consideró justamente despedida tras apelar la EMT la sentencia que declaraba el despido improcedente. Pero la penal está más que encallada. De hecho, en el instrucción 18 ahora se está a la espera de que lleguen las comisiones rogatorias de Kenia e Irlanda, a donde el juez las envió para conseguir información sobre las cuentas de correo desde la que se enviaron los mensajes fraudulentos. En Dublín está la sede de Google en Europa y ahí quiere preguntar el magistrado por los documentos de identidad de quienes las abrieron, mientras que el país africano es donde están geolocalizados algunos de los mensajes. Nada se sabe de las comisiones, que fueron remitidas en 2021. Nada se sabe de ellas desde entonces. Resultan clave para descubrir quién está detrás del robo, aunque ahora, cinco años después, parece poco probable.

Y luego está el tema de la responsabilidad. Más allá de los culpables penales o contables, el caso de la EMT es llamativo no sólo porque es el mayor fraude jamás sufrido por una administración pública en España, ni por lo sencillo que fue perpetrarlo, sino también porque no tuvo responsables políticos. Ni uno.

Tras el robo, se creó una comisión de investigación que presidió la vicepresidenta de la EMT, Elisa Valía. El PSPV se alió con la oposición, PP y Ciudadanos entonces, para excluir a Grezzi de las intervenciones en las que participaran trabajadores de la empresa por miedo a que no dijeran la verdad al tener que hablar delante de su jefe. La decisión creó una crisis sin precedentes con Sergi Campillo acudiendo a última hora de la tarde a mediar entre los socialistas y un iracundo Grezzi y con el recordado Ramón Vilar diciendo al día siguiente en el Ayuntamiento que es importante no montar drama.

Esa comisión de investigación se saldó con unas conclusiones que cargaban las tintas contra el gerente y la directora financiera, María Rayón, pero sólo recomendaba el cese del primero, porque durante las investigaciones de la comisión se demostró que ambos habían entrado a la cuenta esos días y no habían visto las transferencias. Sin embargo, antes de la publicación de las conclusiones, Grezzi anunció el cese del gerente. Lo hizo en una rueda de prensa en la que alabó su trabajo. «El trato que se le ha dado en todo este tiempo me parece injusto porque desde su llegada a la empresa en 2015 ha realizado una gran labor», indicó Grezzi. En esa extraña comparecencia, llegó a recalcar que se trata de una decisión «muy dolorosa» para él y «largamente pensada». «Es la mejor decisión para la empresa y para el propio Josep Enric, una persona de mi absoluta confianza», aseveró Grezzi, que puso en valor su trabajo al frente de la EMT (inmersa entonces, septiembre de 2020, en conflictos sociales internos y en plena crisis tras el Covid-19).

Las conclusiones de la comisión apuntaron hacia Rayón, pero no fue despedida. Fue degradada, sí, y dejó de ser directiva, pero pasó a una escala dentro de la EMT en la que no puede ser despedida. De hecho, antes, siendo directiva, sí podía sufrir esa expulsión, pero en la nueva escala, donde está desde hace cuatro años, no. No tiene nadie a su cargo pero se mantiene en la empresa, lo que no deja de ser sorprendente dado que ella era la primera responsable por encima de Zafra. Y es que, como tantas cosas en este fraude millonario, cómo consiguió salir indemne de aquellos días de septiembre es, cinco años después, un misterio.