La investigación en el juzgado del fraude que sufrió la EMT de Valencia en septiembre de 2019 se prorrogará al menos seis meses más, ... hasta julio de este año. El proceso sigue encallado en los tribunales desde ese mismo año: cayó en el Instrucción 18, uno de los más saturados. Es la única pata judicial que le queda al proceso, después de que en octubre el Tribunal Supremo rechazara el recurso presentado por la exdirectiva despedida, Celia Zafra, contra la sentencia del Tribunal de Cuentas que le ordena que pague los cuatro millones robados.
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Los hechos se remontan a septiembre de 2019, cuando una trama internacional de ladrones consiguió engañar a Zafra para que ordenara transferencias a dos cuentas del Bank of China de Hong Kong. En total salieron poco más de cuatro millones de euros, de los que se han recuperado unos 150.000 euros. La justicia hongkonesa culpó a dos ciudadanos chinos, que nunca aparecieron, del robo. El dinero desapareció rápidamente de las cuentas, a donde Zafra y el banco encargado las transfirieron después de que los ladrones la convencieran de que Grezzi quería mantener en secreto la compra de una empresa china de transportes.
El tema se judicializó rápidamente en España. Primero el despido, luego la responsabilidad contable... Ambas se resolvieron en contra de Zafra, mientras que la penal encalló irremisiblemente en un saturadísimo Instrucción 18. «La instrucción de la causa por el fraude de la EMT se ha prorrogado por otros seis meses, hasta finales de julio. En relación a las comisiones rogatorias, no ha habido resultados, aunque al tratarse de diligencias sumariales tampoco podríamos informar del contenido de los documentos que incorporaran esas comisiones en el caso de haberse satisfecho por las autoridades de los países requeridos en ellas», informan desde el Tribunal Superior de Justicia.
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Álex Serrano López
Esas comisiones rogatorias se enviaron en 2021 a Kenia e Irlanda. El juez quería conseguir información sobre las cuentas de correo desde la que se enviaron los mensajes fraudulentos. En Dublín está la sede de Google en Europa y ahí quiere preguntar el magistrado por los documentos de identidad de quienes las abrieron, mientras que el país africano es donde están geolocalizados algunos de los mensajes. Estas comisiones resultan clave para descubrir quién está detrás del robo. Sin embargo, no han arrojado resultados. Los informes periciales apuntaban a una pequeña ciudad de Israel como punto de salida de los correos electrónicos, pero hoy en día es fácil simular una ubicación gracias a las VPN.
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Sí hubo respuesta de la comisión rogatoria enviada a Estados Unidos. Los documentos apuntan a un tal Carlos Valdés, un nombre que puede ser falso, que creó una cuenta de correo en Sendgrid.net el día 1 de septiembre de 2019 a las 2.58 hora de Estados Unidos. Lo hizo desde una dirección IP ubicada en Israel, más concretamente en Tel Aviv. Para hacerlo, además, dio un número de teléfono que ahora mismo da apagado y que responde al formato de los números de teléfono móviles israelíes. La comisión rogatoria llegada de Estados Unidos detalla hasta cuántos correos electrónicos se enviaron cada día de septiembre: la jornada que más se mandaron fue el 3 de septiembre, con 14, el mismo día en que empezó el robo con esa famosa llamada de un falso abogado de Deloitte a Zafra.
Lo último que se supo de las comisiones rogatorias es que desde Dublín preguntaron para qué quería el juzgado esa información y pidió garantías de que la misma no iba a ser utilizada en otros procesos. Desde entonces, nada. Silencio. Tampoco ha habido avances respecto a la pretensión del Ayuntamiento de que la acción judicial se dirigiera contra CaixaBank, conscientes de que la única posibilidad que tiene de recuperar el dinero es exigírselo a quien lo tiene, el banco. Zafra no dispone de esa cantidad ni con sus propiedad ni, por supuesto, con su sueldo.
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